Beatriz Correas Suárez
Concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Miguel tenía 18 años cuando lo llamaron del paro para trabajar como barrendero, y como reunía todos los requisitos que pedía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (tener el graduado escolar, lo que hoy es 2º de la ESO), consiguió el trabajo.
Miguel estaba contento, ya que tenía una oportunidad en la vida para conseguir un trabajo estable, poder formar una familia, comprar una vivienda… Pero no fue así. Trabajaba unos meses y lo paraban, lo volvían a llamar, lo volvían a parar, y así estuvo durante 30 años, sin ninguna seguridad laboral, pero con la esperanza de que, algún día, el Ayuntamiento dejara de abusar de la contratación temporal y pudiera optar a un trabajo estable.
De barrendero pasó a peón en el servicio de recogida, pero seguía entrando y saliendo de las oficinas del paro, eso sí, siempre lo volvían a llamar porque cumplía con los requisitos que el Ayuntamiento demandaba.
Y así ha ido transcurriendo su vida laboral, viendo pasar diferentes alcaldes y equipos de gobierno de nuestra ciudad desde que consiguió su primer contrato en limpieza en 1985. Pero ningún equipo de gobierno ha dado solución al problema, no sólo de Miguel, sino de otros muchos empleados eventuales que, constantemente, entraban y salían del consistorio como trabajadores de limpieza.
Pero llegó el día: el Ayuntamiento saca una oferta pública de empleo, y todos aquellos que llevaban tantos años con la incertidumbre de la continuidad, o no, de su trabajo se alegraron. Por fin iban a poder conseguir esa estabilidad laboral tan anhelada, tenían acumulado muchos años de experiencia y siempre habían cumplido el requisito para poder optar a su puesto de trabajo: estar en posesión del graduado escolar.
Cuál fue su sorpresa cuando salieron las bases de la convocatoria. Ya no sólo necesitaban el graduado escolar, tenían que tener finalizada la ESO y Miguel, y muchos más, no pudieron optar a una plaza. Si durante más de 30 años una persona con el título de graduado escolar podía optar a una plaza de barrendero o de peón del servicio de recogida y realizar su trabajo correctamente ¿por qué ahora cambian los requisitos? ¿Qué es lo que ha cambiado para que sea necesario tener una titulación superior? El trabajo es el mismo.
Hoy Miguel, a sus 52 años y después de 30 trabajando en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no tiene un empleo estable, es más, ni siquiera tiene un empleo.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como otras muchas administraciones públicas, se ha aprovechado de la falta de legislación en España sobre el abuso de la contratación temporal. Han incumplido la Constitución Española en la que nos dicen que todos tenemos derecho a un trabajo estable y no han tenido en cuenta que existe una legislación superior, la Europea, que sí lo contempla y en beneficio del trabajador.
Existe una Directiva Comunitaria (1999/70/CEE) que debe aplicarse ante cualquier falta de legislación en cualquier estado de la Unión Europea. Es más, “… los jueces y tribunales ordinarios de los Estados Miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tiene la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea anterior o posterior a la norma de Derecho de la Unión…”.
Esta directiva europea concibe el derecho a la estabilidad en el empleo como un componente primordial de la protección de los trabajadores, y los abusos contrarios a esta Directiva se producen cuando se destina empleados públicos temporales a atender necesidades que, de hecho, no son provisionales, puntuales o excepcionales, como es el caso del servicio de limpieza de nuestra ciudad, sino que son ordinarias, estables y permanentes.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incumplido, bajo mi humilde opinión, con la obligación de ejecutar la oferta de empleo público en el plazo máximo de 3 años y optó por un abuso de la contratación temporal, que es incompatible con la Directiva Europea.
Yo no soy abogada, pero esto me suena a fraude de ley por abuso de la temporalidad y tan responsable es el equipo de gobierno que lo permite, como los concejales de la oposición que no lo denuncian y miran hacia otro lado.
Y hoy Miguel intenta sobrevivir con una ayuda de poco más de 400 euros para mantener a su familia y con sus sueños e ilusiones rotos gracias a estos políticos que anteponen sus proyectos faraónicos y sus intereses partidistas a las verdaderas necesidades de nuestros vecinos. Pobre Miguel.
*Beatriz Correas es concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
