El balance claramente deficitario, descrito en la primera entrega de este artículo, que para nuestro desarrollo económico y social ha tenido la integración en el mercado interior comunitario, no parece encajar demasiado con el famoso mantra benefactor europeo, alimentado por campañas de comunicación destinadas a ensalzar el actual proyecto neo liberal europeo, por otra parte sumido en una profunda crisis. Un mito de Europa providencia que, cual espejismo, se desvanece al constatar las crudas realidades sociales como la canaria.
El mito de la Europa providencia
La estrategia principal para reproducir el mito se basa principalmente en el tratamiento informativo dado a los fondos transferidos por Bruselas a los estados, regiones y sectores económicos y sociales. Estrategias de comunicación bien dotadas económicamente y desarrolladas por grupos especiales de información y publicidad (GERIP), a nivel estatal y regional, cuyo objetivo es crear en la ciudadanía una percepción sublimada y distorsionada de aquéllos fondos.
Para ello se evita desagregarlos por anualidades, presentándose siempre multiplicados por siete, al proceder de un presupuesto plurianual, además de imprimirles siempre el carácter de fondos netos, cuando son realmente fondos brutos, al salir de un presupuesto creado principalmente con las aportaciones estatales.
En la jerga comunitaria se equiparan siempre los fondos europeos con los conceptos de “ayudas” o “contribuciones europeas”, cuando la realidad es que éstas sólo podrían referirse al segmento de transferencias recibidas que sobrepasen a las aportadas. Un elemental concepto contable cuya dificultad de asimilación nos recuerda lo difícil que resultó a Galileo demostrar el movimiento terráqueo...
Los periodos de programación y presupuestos comunitarios abarcan un plazo de siete años, estando actualmente en vigor el 2014/2020. En el periodo anterior, 2007/2013, el Estado español recibió una media de pagos comunitarios de 12.625 millones de € (M€) anuales, mientras aportó al Presupuesto UE una media anual de 11.315 M€.
El promedio anual de ayuda o contribución comunitaria real fue, por tanto, de 1.310 M€, un 10.3% de los fondos recibidos. De ellos, el 4.51%, unos 59 M€ de media anual, fueron las ayudas reales a Canarias, por contribuir con tal porcentaje a la población estatal. Pero presentar las cifras así no cuadra con el marketing euro papanata al uso.
Sorprenderá saber que, en el actual periodo 2014/2020, España ya va palmando en su saldo financiero con la UE con 3.257 M€ de déficit, que probablemente la convertirá, al final del periodo, en contribuyente neto al Presupuesto UE. Algo que no debe avergonzarle, aunque sí debe servir para enterrar de una vez el discurso tramposo sobre el cuerno de la abundancia europeo. Más aún cuando tras el BREXIT, los ajustes presupuestarios nos convertirán en contribuyentes netos “de pleno derecho”...
Olvidada quedó la reivindicación de un Estatuto Permanente para las Islas, fundamentada en el carácter también permanente de nuestras limitaciones
estructurales. El nivel máximo de recursos, previsto para las regiones Objetivo 1, siguió fijándose según el criterio del PIB por habitante (PIB/h) que, para estas regiones, requería no superar el 75% de la media comunitaria. En el periodo 2000/2006 Canarias continuó considerándose Objetivo 1, pero con la integración de los nuevos países mediterráneos y del Este, llegándose a la Europa de los 27, superamos el 85 % de la media y se perdió tal calificación en el siguiente periodo 2007/2013.
Como consecuencia, los fondos estructurales y de cohesión asignados a Canarias para este último periodo se redujeron casi a la mitad, bajando hasta una media de 227.5 M€ anuales, desde los 445,5 M€ de media anual del precedente periodo.
Sabido es que la utilización del PIB/h como referente para la asignación de fondos está muy cuestionada, por ignorar cómo se distribuye realmente la riqueza entre los distintos sectores sociales, es decir, por confundir los conceptos de crecimiento y desarrollo real. Ello produce situaciones tan injustas y absurdas como que, en el reparto de las dotaciones adicionales del FEDER para las RUP, Canarias, al tener el 87% de la media del PIB/h de la UE y pese a representar el 48% de la población RUP, con un 26% de desempleo y más del 50% de paro juvenil, recibe un 17% de los fondos; mientras Azores, con un 5.4% de la población de las RUP y un 7% de desempleo, recibe un 20% de tales fondos, por estar en el 75% de la media del PIB/h.
Trato especial pero no tanto
Pero veamos de cuánto estamos hablando respecto a la asignación a Canarias de fondos europeos, incluidos los del Programa POSEICAN, teniendo en cuenta la filosofía derrochada en los Tratados en favor de las RUP.
Ya señalamos que, en el anterior periodo 2007/2013, el Estado español recibió una media anual de fondos brutos comunitarios de 12.625 M€, de los que teóricamente debieron corresponder a Canarias un 4.51%, como mínimo, por nuestra aportación a la población estatal, es decir, 569M€, que deberían incrementarse para que la retórica RUP no luzca cual florero y para ayudar a equiparar a la media nuestro PIB/h, ahora en el 83%, con los más altos índices de pobreza del Estado. Sin embargo, se recibieron de la UE 552 M€ brutos de media anual, 17 M€ menos por año, sumando todos los fondos recibidos del FEDER, FSE, FEADER, FEMP, Fondo de Cohesión y POSEICAN.
¿Dónde está entonces el supuesto trato especial RUP, si ni siquiera se nos garantiza el porcentaje de fondos brutos asignados al Estado que nos correspondería por el número de habitantes, aún sin considerar la población desplazada residente temporal que también consume servicios públicos?. Pero hay otras contradicciones que señalar.
De una parte, que en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) asignado a las Islas se incluyen las subvenciones a la flota gallega del cefalópodo, que acapara el 90% de dicho fondo al estar domiciliada en Canarias, pese a que hace ya muchos años que no utiliza nuestros puertos. Más de 3 M€ anuales que terminan transfiriéndose a Galicia.
Y de otra, que el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), incluido en el POSEICAN, de efectos colaterales muy negativos sobre las producciones locales, supone una
transferencia a Canarias de 68.57 M€ de media anual, pero recordando que este instrumento se creó para compensar los incrementos de costes de suministros de insumos y productos europeos que nos acarreaba la integración plena, como los aranceles a terceros países, la pérdida de las restituciones comunitarias y los precios más elevados que los internacionales. El REA, por tanto, más que una subvención, es una devolución de parte de los sobre costes que pagamos por la plena integración.
Condenados al infierno social
Con unos sectores primario y secundario cada vez más testimoniales, el crecimiento económico ha quedado hipotecado al sector turístico y sus encadenamientos productivos de la construcción, el comercio y resto de servicios. La nula diversificación productiva que la plena integración acarrea nos endosa el papel -dentro de la división intra europea del trabajo- de colonia de mercado para el consumo de sus excedentes y destino de ocio turístico o de segunda residencia para sus jubilados.
Un crecimiento, con un PIB superior a los 42.000 M€ en 2016, no traducido en desarrollo económico y social, como lo ratifica la grave situación de emergencia social que padecemos, a la cola del Estado y resto de la UE, con un 26% de paro y más de un 50% de paro juvenil, un 35% de la población en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de sufrirlo, afectando en un 47.6% a la población infantil; y padeciendo las fatales consecuencias de las listas de espera sanitarias y de atención a la dependencia.
Infierno social al que nos condena un modo de producción neo liberal, dependiente y extrovertido, basado en la sobre explotación de la clase trabajadora y el drenaje de capitales al exterior. Al servicio, en definitiva, de la voracidad extractiva de multinacionales, especuladores financieros, cadenas comerciales estatales y europeas, tour operadores y grandes empresas turísticas locales y foráneas.
La alternativa del régimen de asociación
El naufragio del régimen RUP nos obliga a buscar fórmulas alternativas en nuestras relaciones con la UE, como de hecho ésta nos ofrece a través de sus Tratados. Continuar con la camisa de fuerza que nos imponen las normas sobre competencia del mercado interior comunitario es renunciar al modelo de desarrollo económico y social que nos merecemos, equilibrado, sostenible, auto centrado en función de nuestras verdaderas potencialidades productivas y al servicio de los sectores populares canarios.
Este nuevo modelo sería perfectamente compatible con unas relaciones de asociación a la UE, tal como prevé la IV Parte del Tratado de Funcionamiento (TFUE), referida a la Asociación de los Países y Territorios de Ultramar (PTU). Opción prevista para territorios ubicados geográficamente fuera de Europa con relaciones especiales históricas con el Estado al que pertenecen, como es el caso de Canarias.
Tal como asevera la Comisión Europea en el Libro Verde (SEC 2008, 2.067), sobre las relaciones entre la UE y los PTU, “éstos no pueden separarse de la UE y en cierto modo conforman sus confines. Los PTU y la UE pertenecen a una misma familia”. Añadiendo que “todos los nacionales de los PTU poseen la Ciudadanía de la Unión en el sentido del
Art. 20 del TFUE, al ostentar la nacionalidad de un Estado miembro, siendo titulares del derecho a residir libremente en la UE y demás derechos civiles y políticos de la Unión”.
Nuestra asociación a la UE nos garantizaría, además, el libre acceso de nuestras producciones originarias agrarias, pesqueras e industriales a los mercados europeos, haciendo compatibles las ayudas compensatorias, tanto europeas, como estatales y locales, para paliar las desventajas de estos sectores, de gran importancia económica, social y medioambiental pese a su pequeña aportación al PIB canario, pudiendo establecer derechos arancelarios o arbitrios, incluso frente a las importaciones desde la UE, e instrumentos de salvaguardia para nuestros sectores estratégicos y sensibles.
Asociación que nos permitiría, en definitiva, la implementación de políticas propias como, entre otras, una Política Agraria Canaria (PACA), con los fondos necesarios para recuperar a corto plazo el 3% de contribución agraria al PIB y los miles de empleos perdidos, tanto en el subsector tomatero como en el de auto abastecimiento, junto al incremento paulatino de la superficie cultivada y la defensa de nuestro medio rural, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel posible de soberanía alimentaria.
Y sobre todo, dignificando al trabajador agrario en su imprescindible función social y ambiental -no puede haber paisaje sin paisanaje-, blindando sus derechos laborales y restableciendo el tutelaje público de la organizaciones de productores, para garantizar una distribución equitativa de las rentas agrarias a los más pequeños.
Una asociación que, lejos de confundirse con posiciones euro escépticas, pretende nuestro encaje adecuado en una Unión Europea que respete los valores que la definen y los principios que inspiran al Movimiento Europeo, el Consejo de Europa y las constituciones democráticas europeas. Derechos civiles y políticos algunos de los cuales están hoy en entredicho con la errática deriva de algunas políticas comunitarias.
Urge ponerse en marcha por un futuro de prosperidad y dignidad, porque como afirma Paulo Freire: “Las cosas no son así, sino que están así y podemos cambiarlas”...
