Numeremos ordenadamente lo que sigue.
- Nuestro Archipiélago ya estaba peligrosamente superpoblado hace 30 años (1993) cuando nuestra población sobrepasó el millón y medio de habitantes (1.513.000).
- Desde entonces, las medidas específicas para frenar nuestro suicida crecimiento poblacional no sólo han sido “cero” sino, muy al contrario: no solamente seguimos sin una estricta y sensata Ley de Residencia, sino que ni siquiera nos ha amparado la normativa general de España (Ley de Extranjería) porque ni los poderes del Estado la han hecho cumplir ni los parlamentarios canarios han exigido su estricto cumplimiento… al menos en nuestro Archipiélago.
- Esta dejación de funciones, institucional y partidista, ha tenido como consecuencia que en los últimos 30 años (período 1993-2023) el número de habitantes en Canarias haya aumentado un 50% (1.513.000 en 1993, 2.270.000 en la actualidad). ¡De un millón y medio a dos millones y cuarto!
- Para hacerse una idea de la barbaridad que esto supone, basta una referencia comparativa. En el período 1982-1993 (11 años) la población de Canarias aumentó en 100.000 personas, que ya eran muchas. En el período 1993-2023 (30 años) ha aumentado en ¡750.000 personas!
- Otro dato. Los extranjeros residentes en Canarias en 1993 eran, redondeando, 50.000. “Sólo” 50.000. En 2023 son, redondeando, 350.000. Nada menos que 350.000. Siete veces más.
- Desde 1993 se han plantado aquí, como mínimo, 600.000 personas* de todos los continentes habitados (Asia, África, Iberoamérica y Europa, incluidos mafiosos del Este de Europa). Es decir, de todas partes excepto Oceanía. Nuestros políticos “cobrando y sin decir ni mu”, como paso a explicar.
*El desfase, y la aparente incoherencia, entre las cifras “300.000” y “600.000” se debe a que un gran porcentaje de los 600.000 extranjeros que han venido en estas tres décadas (por ejemplo, iberoamericanos) tienen ahora la nacionalidad española y por tanto ya no computan entre los 350.000 extranjeros actuales que viven en Canarias.
- El Estatuto de Autonomía de 1982 nos ofrecía una vía (desaprovechada) para atajar nuestro crecimiento poblacional. En efecto, su artículo 36 rezaba así: “LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PODRÁ ELEVAR AL GOBIERNO (de España) LAS PROPUESTAS QUE ESTIME PERTINENTES SOBRE LA RESIDENCIA Y TRABAJO DE EXTRANJEROS EN CANARIAS”.
*Sólo una vez, engañosamente y oportunistamente, en las Elecciones Autonómicas de 1987, el programa electoral de las AIC, -Agrupaciones Independientes de Canarias- integradas por ATI, API, AGI, IF y AIL, se comprometía, recogiendo la letra del artículo 36 del Estatuto, a “elevar al Gobierno de la Nación las propuestas que estimemos pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.
RECOGIERON LOS VOTOS… Y NUNCA MÁS SE SUPO… HASTA LA FECHA. (Las AIC -y sobre todo ATI- fueron el embrión esencial de lo que luego fue Coalición Canaria).
- Al retocarse, en 1996, nuestro Estatuto de Autonomía, el texto del artículo antes citado pasó textualmente al artículo 37.1: “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá elevar al Gobierno las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias”.
- Ningún político canario de ningún partido elevó, ni ha elevado nunca, ninguna propuesta al respecto al Gobierno de la Nación, ni presentó ninguna iniciativa en el Congreso o Senado. Ninguno. Ni en los años 80, ni en los 90, ni en las dos décadas largas que llevamos del siglo XXI. Las posibilidades consagradas en nuestro Estatuto no se han explotado porque se las han pasado, todos y todas, por los glúteos. Incluidos el primer y único diputado que tuvieron las AIC durante dos legislaturas y los demás diputados y diputadas que sucesivamente ha tenido Coalición Canaria en el Congreso.
- Cierto es que la iniciativa (de “elevar propuestas” al Gobierno de España en este terreno) habría correspondido “formalmente” al Gobierno de Canarias (nulo) y /o a nuestro Parlamento (nulo). Pero eso no era óbice para que cualquiera de nuestros diputados en Cortes propusiera o impulsara, a título individual, en sede parlamentaria y en los medios informativos, iniciativas o propuestas que pusieran el tema sobre la mesa, contribuyendo así, y casi forzando, a poner el asunto en el centro del debate político-social.
- En la pasada legislatura autonómica (2019-2023) se creó, en el Parlamento de Canarias, una “COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL RETO DEMOGRÁFICO Y EQUILIBRIO POBLACIONAL EN CANARIAS”. Tarde y mal, pero en realidad “nunca”, porque en marzo de 2023 el Parlamento decidió “darse más tiempo para estudiar la demografía y posponer la comisión para la próxima legislatura”.
- PUESTO QUE YA ESTAMOS EN ESA “SIGUIENTE LEGISLATURA” DESGLOSARÉ EN UN PRÓXIMO ARTÍCULO LO QUE A MI JUICIO DEBE HACER ESA COMISIÓN.
- De entrada, anticipo que, primero que nada, deben tomar, como ambiciosa base inicial de trabajo, el objetivo de una inmigración “cero” en Canarias durante el período 2024-2035. Objetivo para el que hay sobreabundante base y argumentos. Y a partir de esa premisa (INMIGRACION CERO) establecer las excepciones. NO AL REVÉS.
- Excepciones, por cierto, debe haber poquitas. En todo caso, los ciudadanos españoles seguirán estando exentos de cualquier restricción o límites para su establecimiento y trabajo en Canarias. Esto no sólo por razones afectivas sino porque cualquier pretensión de cortapisar a nuestros compatriotas dinamitaría de raíz las posibilidades de consenso social y político para nuestra ya inaplazable Ley de Residencia. Los (respetables) conciudadanos independentistas, que constituyen el 3´4 % de la población canaria, que sigan por su camino. Los demás, que somos el 96´6%, afrontemos decididamente el nuestro.
