Las condiciones económicas actuales, de máxima incertidumbre en el panorama internacional, nacional y local, hacen que muchas familias se vean abocadas a verdaderas dificultades para llegar a fin de mes y hacer frente a todos los pagos que en fin de año se presentan, IBI, colegios, luz, agua, comida, etc. La coyuntura económica, con bajos salarios, alta inflación, desempleo de jóvenes con un 42% en nuestra tierra, precariedad laboral, desempleados de larga duración, pírricas pensiones de viudedad y pensiones contributivas que en nuestra comunidad son de las bajas, hace que Canarias sea especialmente vulnerable a la pobreza y la exclusión social. Ya partíamos de desigualdades existentes, antes de la pandemia en el 2020, pero estas se incrementaron por la precariedad laboral, por la economía sumergida, por la escasez de oportunidades de empleo en las zonas rurales y en las grandes urbes.
El inicio de este curso escolar con subidas espectaculares de precios que hacen que muchas familias no puedan permitirse la compra de los libros y el material escolar, afrontando los incrementos de la factura de luz y la gasolina, y los cobros de impuestos de las viviendas a través de las contribuciones (IBI). La inflación subyacente que responde de manera masiva al incremento de precios de los productos básicos de alimentación e higiene, el anuncio desde diferentes organismos económicos sobre la estanflación, esto es el estancamiento de la economía europea unida a la inflación y el posible desempleo de toda la zona euro, hace que estemos ante un panorama nada alentador.
Todo esto está dando lugar a que muchas familias de las llamadas “clases medias” que no pueden acceder a ayudas de los servicios sociales, por no cumplir con un perfil determinado, se vean abocados a pedir ayuda a familiares y acudir a bancos de alimentos que antes eran impensables. Las colas de los bancos de alimentos y las peticiones a las parroquias y Cruz Roja, se vislumbran incrementados en estos días donde la actividad se reinicia con el curso escolar y el afrontamiento de pagos municipales como el IBI y otros impuestos locales coinciden en el tiempo. La capacidad adquisitiva de los ciudadanos con importantes subidas de tipos de interés en las hipotecas, con el anuncio de la comisión europea a través del Banco Central Europeo como medida de contención de precios y que sin duda va a tener efectos perversos en el consumo y autoconsumo de muchas familias generando, posibles pérdidas de puestos de trabajo que pudieran provocar un crac económico y social en corto y medio plazo si no se remedia con medidas incentivadoras de empleo.
A ello se suman las personas más vulnerables que ya de por si sufren la crisis económica y social con desestructuras que tienen que ver con el desempleo y la pobreza estructural. El caldo de cultivo que puede llevarnos a la tormenta perfecta para asumir que las colas del hambre pueden verse nuevamente incrementadas, como ya se está viendo en estos días y que vivimos en pandemia. El incremento de las familias que acuden al banco de alimentos, a la parroquia, a caritas para poder tener alimentos hace más que necesario la apuesta decidida por articular medidas encaminadas a mitigar los efectos de las subidas de precios y los gastos ocasionados de toda índole que merman la capacidad adquisitiva de nuestra gente.
Un escenario difícil que requiere de todas las administraciones una observación constante del mercado y de los efectos que se están produciendo en la ciudadanía que tendrán su máximo apogeo durante este final de año y el próximo con proyecciones de ralentización de la economía y congelamiento del mercado económico.
Si lugar a dudas, es el momento para que las administraciones pongan el acento en unos presupuestos que vayan a paliar los problemas reales de la ciudadanía, desde todos los ámbitos, se requiere de visión crítica y de ponerse en los peores escenarios para así estar previsores. Las medidas deberán ser contundentes a rebajar el estrés económico y social que genera una incertidumbre que se antoja preocupante. Se hace necesario de manera preventiva, mantener el empleo siendo prioridad, si es necesario, volver con la puesta en marcha de los ERTES, además de seguir conteniendo los precios de la gasolina en los consumidores finales. El cordón social significará acelerar procesos para evitar la burocracia administrativa, que estrangula a las administraciones públicas, convirtiéndose estas en elefantes lentos e incapaces de gestionar en tiempo y forma. La ciudadanía reclama un sistema público que no sea perverso con el propio administrado y que sea eficaz y eficiente, de no ser así triunfarán discursos que abogan por eliminar lo público.
Mª Isabel Guerra Sánchez.
