Loreto Gómez Guedes
Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas
Las propiedades curativas del cannabis no son cuestionables científicamente. No solo la experiencia de colectivos de pacientes o los estudios farmacéuticos lo avalan, la propia Convención Única Sobre Estupefacientes de la ONU lo ha incluido recientemente en la Lista I, en donde se contemplan estupefacientes con potencial adictivo pero accesibles para fines médicos.
Aunque 19 países europeos -entre los que están Alemania, Francia, Austria, Italia, Grecia, Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia o Reino Unido, entre otros- cuentan con regulaciones que reconocen el fin terapéutico de sustancias extraídas del cannabis, es ahora cuando España ha comenzado a poner las bases para establecer las normas que regularán este uso entre la necesidad de responder a la demanda sanitaria y el miedo a abrir la puerta al “todo vale”.
Para poder hacer un juicio de valor sobre este tema es necesario conocer que del cannabis se pueden extraer principios activos que mejoran o completan el tratamiento de enfermedades o palían sus consecuencias (el dolor, por ejemplo), pero que también pueden tener otros usos como el cosmético. No todos estos principios activos son adictivos. Así, el cannabidiol (CBD), que posee unas propiedades anticonvulsionantes muy marcadas, no causa adicción. Caso diferente son los tetrahidrocannabiloides, que sí generan adicción. Ambos aparecen como principios derivados de la misma planta y, por tanto, cuando hablamos del cannabis no hablamos solo de un producto, hablamos de principios farmacológicos que pueden beneficiar o perjudicar la salud y que, por tanto, debe ser tratado como un fármaco y dispensado por profesionales que sepan de sus propiedades, su composición, sus riesgos, las distintas formas de preparación y consumo, sus compatibilidades e incompatibilidades y las proporciones adecuadas para el consumo, entre otras muchas cosas.
El Consejo General de Farmacéuticos ya ha valorado positivamente la Propuesta de Conclusiones y Recomendaciones aprobada por la Subcomisión al Objeto Analizar Experiencias de Regulación del Cannabis para Uso Medicinal del Congreso de los Diputados, en la que se incluye la recomendación de explorar “la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos” para dispensar fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis.
En numerosas ocasiones, los farmacéuticos han reivindicado su dispensación a través de la red de farmacias comunitarias por ser una opción que compatibiliza los más exigentes criterios de salud pública, seguridad de los pacientes, educación sanitaria y acceso con criterios de equidad. Esto quiere decir que la distribución de cannabis de uso medicinal a través de la red de farmacias comunitarias es una opción que, sobre todo, beneficiará al paciente.
No obstante, esta medida que aparece ahora en el documento de “recomendación”, debe ser recogida en la legislación final, como también debe establecer las mismas condiciones para la farmacias comunitarias que para las hospitalarias, reconociendo así el papel sanitario que los farmacéuticos, sea cual sea la modalidad de ejercicio de la profesión en la que estén, juegan en la sociedad actual.
Y precisamente en este papel, queremos aprovechar el momento para recordar los riesgos del uso lúdico del cannabis, y volver a matizar que no es lo mismo la dispensación controlada para fines específicos que el consumo generalizado sin control ni objetivos sanitarios, al igual que ocurre con los opiáceos, el grupo de las xantinas o los psicofármacos.
Por último, recordar que en una sociedad como la canaria, en donde la experiencia de los monocultivos (incluyendo el turismo) nos enseña que la diversificación de la economía es fundamental, el cultivo de cannabis de forma controlada y la apertura de centros de investigación para su uso médico y la producción de medicamentos, podría suponer un nuevo impulso a la economía insular que podría acoger científicos formados en nuestras propias universidades.
Nos enfrentamos, pues, a un momento que va más allá del sí o el no, hablamos de regular la producción y la dispensación de productos farmacológicos que pueden mejorar la vida de miles de personas y reducir el sufrimiento de los pacientes, tal y como ocurre en numerosos países de nuestro entorno, pero también de cómo hacerlo.
Loreto Gómez Guedes
Presidenta del COFLP
