Elena Máñez Rodríguez
Vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias
Nos enfrentamos a los segundos presupuestos del Gobierno de CC-PP y, en materia social, nos encontramos con un presupuesto que trata de ocultar que no revierte los recortes sufridos en 2024. Si analizamos los programas presupuestarios nos encontramos los primeros recortes: un 61,4% menos para prestaciones; un 25,02% menos para políticas de promoción de la diversidad; y un recorte del 12,25% para a apoyar a menores y sus familias o un 3,17% menos destinado a menores con medidas judiciales.
En un presupuesto que crece, cómo se explican estos recortes. Pues o bien por falta de voluntad política del Gobierno de CC-PP o por incapacidad de gestión, porque se ha presupuestado a gasto real. Nos tememos que se debe a ambas cuestiones.
Nos enfrentamos a la hipocresía de un gobierno que se rasga las vestiduras ante la situación de las personas migrantes que llegan a Canarias y en especial la infancia migrante, que a día de hoy sigue siendo su competencia exclusiva y recorta casi 5 millones de euros para proyectos dirigidos al apoyo y la inclusión social de las personas migrantes y recorta la inversión para atender a la infancia migrante no acompañada de 15 millones en 2024 a 5.614.992, un recorte de 9.384.008, un 62,56% menos que en 2024. Hipocresía porque, mientras se exigen recursos al Gobierno de España, el Gobierno de CC-PP reduce su inversión en tanto que el Gobierno de España se compromete a aportar 100.000 millones de euros.
El Pacto de las Flores aprobó la Renta Canaria de Ciudadanía, una herramienta fundamental para fortalecer el escudo social en Canarias y que complementa al Ingreso Mínimo Vital en la tan necesaria política de garantizar el derecho a una renta mínima a las personas más vulnerables. En 2025 esa Renta Canaria de Ciudadanía apenas crecerá 18 millones, con lo que solo se dará cobertura a la nómina actual y poco más. Con este presupuesto difícilmente se podrán poner en marcha complementos como el de la vivienda, tan urgente y necesario cuando el informe Arope vuelve a reiterar que es el principal factor de vulnerabilidad social, y cuando el 8,6 % de la población canaria tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible.
En dependencia crece en 16 millones, mientras en 2024 creció 24 millones. No se explica cómo es posible que, incrementándose el número de personas que solicitan la dependencia, el Gobierno del señor Clavijo destine a este fin menos que el ejercicio anterior. Con este presupuesto es imposible incrementar el precio-plaza, lo cual va a poner en riesgo muchos servicios. Además, el sector de la discapacidad alerta de que están en peligro los servicios de atención a estas personas y sus familias, dada la falta de compromiso en estas nuevas cuentas.
Eso sí, incrementan 20 millones para la privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio y, para culminar el atropello, quitarles a los cabildos la gestión y pasar a un modelo centralista y alejado de las necesidades de las personas en situación de dependencia.
Dos datos preocupantes más. La consejera, la señora Candelaria Delgado, no ha presupuestado el incremento de plazas del convenio con los cabildos para la prestación de servicios de dependencia, cuya adenda acaba de firmar con estas corporaciones insulares. Por ejemplo, a Gran Canaria le ha reconocido 887 plazas nuevas que no están recogidas en el presupuesto de 2025, y esto afecta a todos los cabildos que tienen que aprobar sus respectivos presupuestos sin que conste el compromiso presupuestario del Gobierno para el sostenimiento de las plazas nuevas puestas en marcha. Por otro lado, el recorte en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar y vinculadas al servicio pasa de 87 millones a 78.516.301 euros, un recorte de 9.301.550 euros, cuando faltan recursos y la lista de espera se incrementa.
En atención a la infancia y las familias, presupuesto hipócrita. Recortan 6.723.337, un recorte del 9,3%, mientras seguimos sufriendo la mayor tasa de pobreza infantil.
Recortes también en la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y la Dirección General de Diversidad que, como sigan a este ritmo, en 2027 lo único que va a quedar de esas áreas será la nómina de los altos cargos. Queda constatado el poco valor que le dan a las políticas LGTBIQ+.
Este Gobierno vuelve a abandonar a las personas jóvenes, no dando respuesta a ninguna de sus problemáticas. Aunque digan lo contrario, esta partida tampoco crece, puesto que la subida que plantean se debe realmente a que han centralizado en esta dirección general los 1,7 millones de fondos europeos para jóvenes extutelados
Si hablamos de las políticas de igualdad, los presupuestos parecen diseñados por la ultraderecha negacionista con los derechos de las mujeres. Hemos pasado de un presupuesto que dejó el Pacto de las Flores de 14,4 millones a 13,7 millones en 2025. En este caso, como ya sabemos, todo lo que no sea avanzar es retroceder. Y sí, estamos retrocediendo alarmantemente en un ámbito tan sensible cuando vemos que se incrementa la violencia machista y este gobierno destina cada año menos presupuesto al Instituto Canario de Igualdad. Y lo que es sangrante no se recupera la inversión que había en 2023 para el fondo canario de emergencia social para las mujeres víctimas de violencia de género, que era de 840.000 euros, y lo siguen dejando en 390.000, un 53,5% menos que en 2023 (-450.000). O que las ayudas a víctimas de violencia de género siguen siendo un 35% menos que en 2023, cuando ascendían a 1,5 millones y ahora se quedan en un millón.
En definitiva, presupuestos hipócritas, alejado de las necesidades sociales que tiene Canarias, insuficiente para el sostenimiento del sistema público de servicios sociales y que no garantizan los derechos de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social.
Elena Máñez es vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias
