TRIBUNALES
Islas Airways deberá devolver 7,5 millones por inflar las ayudas de residentes
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que obliga a Islas Airways a devolver al Estado 7,5 millones de euros, tras considerar probado que entre 2007 y 2011 intentó cobrar compensaciones por las ayudas a los billetes de residente que no estaban cubiertas por esa ayuda.
Desde 2006, el Estado subvenciona el 50 por ciento del coste de los billetes aéreos para viajes interinsulares o nacionales que compran los ciudadanos residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en un programa de ayudas sin límite de cantidad, por lo que cuanto más caro el billete, mayor es el importe de la bonificación.
En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideró que el Ministerio de Fomento había acreditado suficientemente que Islas Airways, que suspendió pagos en diciembre de 2012, había intentado cobrar ayudas por conceptos no subvencionables y de los que no se beneficiaba el pasajero.
En concreto, el TSJM estableció que Islas Airways había "sobrefacturado" las liquidaciones que presentaba a Fomento para acreditar el derecho a las compensaciones que le correspondían.
En concreto, la sentencia dictaminaba que Islas Airways aplicaba la bonificación del 50 % sobre "un precio superior al que el pasajero realmente pagó", lo que le permitía obtener más ayudas.
El Supremo secunda ahora el criterio del TSJM y avala la decisión que tomó el Ministerio de retener cautelarmente el pago de 4,44 millones de euros a la aerolínea canaria y de exigir a esta que devolviera otros 3,09 millones que ya le había pagado.
"Las singularidades del sistema de bonificación (al pasajero residente) y su regulación y la liquidación de fondos públicos determina el encaje de las compañías de transporte como colaboradoras y, por ende, resulta aplicable el procedimiento de reintegro de las cantidades reclamadas", apunta ahora el Supremo.
Esta "sobrefacturación" de ayudas al pasajero residente descubierta en Islas Arways también es objeto de un procedimiento penal, en el que la Fiscalía solicitó el pasado mes de noviembre cuatro años de cárcel para el accionista mayoritario de la compañía y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, como posible autor de un delito de "estafa agravada" al Estado.
