Llarena renuncia a la entrega de Puigdemont sólo por malversación, retira la euroorden y critica a los jueces alemanes
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha renunciado a la entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont -huido desde octubre- sólo por un delito de malversación. El instructor de la causa contra el golpe toma esta decisión después de que los magistrados de Schleswig-Holstein encargados de la extradición fallaran la semana pasada salvando al prófugo de rebelión.
Los jueces alemanes señalaron en su auto que los actos que se le imputan no se corresponden en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden público. A su juicio, los enfrentamientos que tuvieron lugar durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña no alcanzaron la dimensión de violencia tal y como está contemplada en el delito de la alta traición recogido por el derecho alemán. Además, el tribunal alemán cree que Puigdemonto no fue un “instigador intelectual” de los actos violentos.
El delito de rebelión castiga a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, a penas de entre 15 y 25 años de prisión.
Mientras, la malversación agravada de caudales públicos, por superar los 250.000 euros, es un delito por el que Puigdemont sólo podría ser condenado a una pena máxima de 12 años. No obstante, el tribunal alemán sólo reconoce en su resolución el delito de malversación con una pena máxima de 5 años.
En el caso de que el Tribunal Supremo hubiera aceptado la entrega del expresidente catalán por este delito, se podría dar la paradoja de que el líder de la rebelión pudiera ser condenado a 5 años por malversación y el resto de su Govern hasta 30 años por rebelión y malversación. Una dualidad entre los acusados de cara a la celebración del juicio oral que complicaría la coherencia del proceso judicial.
El pasado 6 de abril Llarena anunciaba que estaba estudiando la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE acerca de la decisión marco relativa a la Orden Europea de Detención y Entrega OEDE y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Es decir, que la UE se pronuncie sobre la aplicación de la OEDE por Alemania en el caso de Puigdemont.
La cuestión prejudicial es un medio de defensa técnico, mediante el cual se busca suspender el desarrollo de un proceso penal, donde se ha presentado un supuesto de prejudicialidad, que por razón de su materia, no puede ser resuelto por el juez penal.
