Educación y la Federación Española de Dislexia avanzan para mejorar las condiciones del alumnado con este trastorno

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias explora con la Federación Española de Dislexia (FEDIS) el desarrollo de acciones que garanticen los derechos de las personas con dislexia, atendiendo al diagnóstico precoz, las adaptaciones durante las diferentes etapas educativas, así como la visibilización y concienciación de este trastorno que afecta aproximadamente al 15% de la población.

Esta actuación se ha concretado en una reunión mantenida entre el consejero regional, Poli Suárez, y el secretario de la citada federación en la que quedó de manifiesto la importancia de consolidar la colaboración entre las dos instituciones para garantizar los derechos de las personas con dificultades de aprendizaje.

Canarias cuenta con 32.218 alumnos y alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que son atendidos por profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como por profesionales de la Orientación Educativa. Dentro de las NEAE, se encuadran las denominadas Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), que afectan en el Archipiélago a unos 1.055 estudiantes.

 Incluida dentro de los trastornos del neurodesarrollo como un trastorno específico del aprendizaje, la dislexia implica dificultades en la lectura (fluidez, velocidad, comprensión), con posibles implicaciones en la lectura o en el cálculo que interfieren en el rendimiento laboral o académico de las personas.

Vías para un mayor apoyo

 Las dificultades de aprendizaje en el ámbito de la comunicación y el lenguaje requieren determinados apoyos en parte o a lo largo de la escolarización del alumnado. “Trabajando conjuntamente, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y la Federación Española de Dislexia buscaremos las vías más adecuadas para favorecer el rendimiento y éxito escolar de este alumnado, lo que les beneficiará en el ámbito educativo, personal, familiar y social”, apunta el consejero regional, Poli Suárez.

Entre las prioridades marcadas, el diagnóstico precoz y aportar respuestas desde el ámbito socio-educativo, objetivos para los que la colaboración de la comunidad educativa es primordial a la hora de mejorar la calidad de vida del alumnado con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.