El Gobierno se compromete a incluir mejoras para el empleo público autonómico en las cuentas para 2019

Entre otros aspectos, se incluye la recuperación de la jornada ordinaria semanal de 35 horas en el ámbito del Servicio Canario de La Salud, así como su implantación en el ámbito de la Administración General, además de la recuperación del horario lectivo del personal docente no universitario de secundaria en dos horas (pasando así de las 20 a las 18 horas lectivas semanales) a partir del curso escolar 2019/2020. Estas medidas se implementarán a partir del próximo año, sujetas a la condición de que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda incrementar el gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural sin dejar de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública para 2019.

Asimismo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se compromete a incluir en el proyecto de las cuentas autonómicas para 2019 el restablecimiento del complemento retributivo en caso de incapacidad laboral transitoria, la mejora de la paga adicional del personal laboral, las condiciones de disfrute de la excedencia voluntaria del personal funcionario, el aumento de la partida destinada a las ayudas de acción social, y la consolidación en de mejoras específicas como la carrera profesional del personal estatutario de sanidad o los complementos retributivos por formación permanente del personal docente no universitario.

Una vez que se haya aprobado la ley presupuestaria para 2019, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad queda comprometida a iniciar un proceso de negociación colectiva destinado al establecimiento de un marco general de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que dé respuesta a otros contenidos del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

El acuerdo también compromete a las organizaciones sindicales, que se obligan a colaborar en la búsqueda de soluciones futuras para continuar con la mejora y estabilización del empleo del sector público en la forma más compatible posible con la garantía en la prestación de los servicios públicos esenciales y sin riesgo para la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de nuestra Comunidad Autónoma bajo el principio de buena fe negocial.

Asimismo, ambas partes se comprometen a seguir negociando, bajo los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, en todas las materias derivadas del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

Barragán recordó que, desde la firma del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo el pasado 9 de marzo de este año, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, ha venido manifestando su adhesión a la filosofía del mismo, en el entendimiento de que la mejora en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración autonómica constituye un factor indispensable para el incremento de la calidad de la prestación de los servicios públicos y que, por ende, redunda en beneficio de la ciudadanía.

Tras su firma, los representantes en el ámbito de la Administración Pública Canaria de los sindicatos firmantes iniciaron conversaciones con la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, para establecer una hoja de ruta que permitiera materializar en la Comunidad Autónoma las medidas recogidas en aquellos acuerdos de mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo, lo que se ha sustanciado a través de diversas reuniones entre ambas partes.

La implementación de las medidas del II Acuerdo se unirían así a las iniciativas de mejora de las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos que ya tenía en marcha la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de la Función Pública, en aspectos tales como, el restablecimiento del complemento retributivo en las situaciones de incapacidad temporal, la ejecución del fondo de acción social, la articulación de un protocolo de respuesta ante situaciones de acoso en el entorno laboral o el diseño de un marco general de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.