TRIBUNALES
San Ginés, a juicio por presunta prevaricación en la incautación de la desaladora de Montaña Roja
El presidente del Cabildo y dos técnicos serán juzgados por prevaricación, con la acusación de Podemos en solitario, después de que la Fiscalía y los propietarios de la planta retiraran los cargos
El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha dictado un auto por el que declara abierto el juicio oral contra el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés; y dos técnicos, José Juan Hernández Duchemín y Francisco Perdomo de Quintana, para determinar si incurrieron en prevaricación administrativa por ordenar la incautación de la planta desaladora propiedad de Club Lanzarote, en la urbanización de Montaña Roja (Playa Blanca) en 2014. Cada uno se expone a 10 años de inhabilitación.
El auto ordena sentar en el banquillo al presidente del Cabildo y a los técnicos que le asesoraron en la medida adoptada, a pesar de que el Ministerio Fiscal interesó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, «al no haber quedado suficientemente acreditado el carácter delictivo de los hechos objeto del procedimiento y no existiendo elementos de incriminación suficientes que permitan al Ministerio Fiscal formular acusación». Al mismo tiempo, la empresa propietaria de la desaladora, afectada por dicha incautación, Club Lanzarote, inicial denunciante, desistió de mantener la acusación, por lo que el juicio se abre a petición en solitario de Podemos en el Cabildo.
El juez instructor del procedimiento, Jerónimo Alonso, entiende que el delito que Podemos imputa a los acusados, de prevaricación administrativa, cabe dentro de la acusación popular, ya que considera, según la jurisprudencia, que «la acción popular encuentra su razón de ser en el campo de los delitos donde están presentes intereses colectivos o sociales, «por el menoscabo que generan en el tejido social», pues según el magistrado «se trata de un delito que afecta a bienes jurídicos de titularidad colectiva».
