Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
Comienza el curso universitario y con él la oportunidad de repensar lo que implica la ULPGC para nuestra isla y las posibilidades que representa para el avance de la transformación global que necesita y experimenta. La universidad nació de una demanda social sentida y masiva que identificó el logro de enseñanzas superiores completas como la herramienta para ganar los retos de igualdad, conocimiento y modernidad que nos exigía el siglo XXI. Es el momento de renovar aquel entusiasmo y aquellas convicciones para mantener viva la contribución que hoy también reclama nuestra sociedad con el objetivo de ganar los nuevos tiempos.
La educación superior pública resulta imprescindible en Canarias para cualificar a la juventud que necesita nuestro sistema social y económico, para responder científicamente a los retos de adaptación al cambio climático y la conservación de nuestro territorio, para impulsar un modelo de desarrollo diversificado y para generar una cultura democrática de respeto a los derechos humanos y de valoración de nuestra identidad como pueblo. Gran Canaria necesita una educación universitaria puntera, que atraiga y motive a nuestra gente joven, que responda a las necesidades del tejido empresarial y social y que consolide la buena investigación especializada que ya se realiza muy conectada con nuestros sectores estratégicos: en la actividad marina, las nuevas energías, la producción de agua, el turismo sostenible, la digitalización o las producciones audiovisuales, entre otros ámbitos.
El gobierno progresista del Cabildo identificó desde el primer momento que el proyecto de adaptación al cambio climático, de diversificación económica y de mayor justicia social que impulsaba, necesitaba de la aportación y la implicación de la ULPGC. Así ha sido durante los nueve años de trabajo intenso que llevamos recorridos y muchos de los avances alcanzados se deben a múltiples acciones conjuntas que han soldado objetivos y proyectos de innovación, investigación e intervención social y medioambiental. Pero los cambios que se avecinan son de tal magnitud que debemos actualizar esa colaboración y proyectar un nuevo impulso universitario que tenga proyección e impacto social en los sectores estratégicos de la isla.
La globalización, la situación de inestabilidad económica, las dificultades para acceder al mundo del trabajo, las condiciones de contratación de las personas egresadas o las nuevas tecnologías, están cuestionando el papel de la educación superior en la nueva sociedad. Y considero que esa es una mala noticia para un territorio como el nuestro donde el capital humano y el fomento del talento de nuestra juventud son fundamentales para pensar en un desarrollo autocentrado, que garantice la continuidad de nuestra gente mejor preparada para construir una Gran Canaria próspera.
Percibo que se extiende en nuestra población un cierto desánimo sobre las posibilidades y la utilidad de la formación superior al comprobar que las oportunidades que siempre hemos vinculado a la educación universitaria no terminan de confirmarse. Es una realidad que no siempre el esfuerzo que supone los años de estudio se corresponde con un reconocimiento laboral y social. Si se extiende esa percepción habremos retrocedido décadas porque la educación superior pública en Canarias ha sido la mejor garantía de promoción social, de incorporación de nuestra gente a la gestión y dirección de la sociedad insular, de permanencia de la juventud en la tierra que los vio nacer y de actualización del sistema productivo local.
Escucho igualmente manifestaciones de profesionales dentro del sistema universitario que hablan de una sensación de desamparo, de falta de apoyo público y privado a un trabajo indispensable para nuestro presente y para el futuro inmediato. Y también de ciertas incoherencias en el sistema de consolidación y promoción del profesorado que no siempre tiene en cuenta la motivación y satisfacción del alumnado como elemento fundamental para que la educación superior sea atractiva y motive a una juventud que vive presionada por la inmediatez y la rentabilidad en forma de ingresos, condiciones de vida y status. El binomio investigación y docencia tiene que avanzar en equilibrio para que no se resienta ninguna de las dos funciones esenciales de la tarea académica.
Los riesgos que estamos comentando no son exclusivos de Canarias. La propia Conferencia de Rectores (CRUE) ha alertado de que debemos ser críticos y exigentes para garantizar en 2030 una universidad competitiva y de calidad. Si permitimos que la oferta universitaria canaria se devalúe estaremos aceptando constituirnos en una sociedad subalterna incapaz de generar sus propios cuadros profesionales y de participar en condiciones de igualdad en la producción y en las transferencias de conocimiento, investigación e innovación.
Ante estas consideraciones tenemos que ponernos manos a la obra. La mayoría de informes y estudios que conocemos coinciden en las medidas que deben aplicarse sin demora para retomar el impulso. Desde esta reflexión y desde la perspectiva de Gran Canaria, me gustaría incidir en cinco líneas fundamentales. Es urgente mejorar e incrementar la financiación pública de las universidades canarias. Necesitamos estabilizar, motivar y garantizar el relevo generacional de nuestro profesorado, reteniendo y promocionando el talento que se genera en nuestras aulas universitarias. Nos gustaría que el estudiantado mejore su empleabilidad y que las empresas canarias incrementen la contratación de titulados y tituladas superiores y colaboren en implementar un modelo dual de formación superior. Debemos visibilizar la relevancia social del conocimiento y la investigación que se realiza en nuestras universidades para consolidar la complicidad entre sociedad y universidad. Tenemos que incentivar el acceso del estudiantado que debe encontrar en una formación superior polivalente una oportunidad para promocionar y emprender.
Las universidades canarias padecen una insuficiencia financiera compartida con las del resto del estado y agravada porque las restricciones de la crisis de 2010 no se han resuelto satisfactoriamente. Las continuas quejas de los rectorados son pruebas elocuentes. No es posible una educación superior de calidad con menos del 1’5% de inversión del PIB y en Canarias, desgraciadamente, estamos lejos de esas cantidades.
La proliferación de universidades privadas, en algunos casos sin controles ni exigencias de calidad, no resuelve el problema de la financiación y la suficiencia de la universidad pública porque, en muchos casos, se dirige a sectores sociales diferentes. Por otra parte, dificulta la acción de la Consejería autonómica de Universidades al tener que gestionar más centros con los mimos medios. Un ejemplo de ello es que el Gobierno de Canarias no termina de adaptar la gestión de sus universidades a la normativa estatal.
El conjunto de medidas exigen un nuevo pacto por la educación superior en Canarias que implique a todas las administraciones públicas, al empresariado, a los sindicatos y a la sociedad civil que generó la gran movilización universitaria y que hoy necesita que no languidezca, ni se deteriore el gran sueño nacido en el siglo XX, para que nos ayude a ganar el siglo XXI. El Cabildo de Gran Canaria está comprometido en mejorar su colaboración, aún a sabiendas de que es competencia exclusiva del Gobierno de Canarias. Estamos trabajando estrechamente con la ULPGC y lo vamos a seguir haciendo.
Tenemos que consolidar la tarea universitaria como una prioridad política y social en nuestra isla. Cuatro décadas después, aquella histórica corriente ciudadana nos sirve de ejemplo de la capacidad de Gran Canaria para conseguir sus objetivos, aunque también es un recordatorio de que como isleños e isleñas y como grancanarios y grancanarias nos cuesta demasiado tiempo y esfuerzo materializar y consolidar derechos imprescindibles. Aquel éxito debe darnos confianza para ganar los nuevos retos sociales, medioambientales, culturales y económicos que tenemos la obligación de alcanzar. La Universidad es una herramienta imprescindible. Ya lo está siendo y no puede dejar de serlo.
Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria
