ÚLTIMA HORA

INDEPENDENCIA NO ES PLURALIDAD

José Fco. Fernández Belda

Viviendo en San Borondón

 

 

 

En los convulsos tiempos que se viven, no sólo en España pero con especial virulencia en nuestro país, los ciudadanos asisten entre atónitos e impotentes, a la politización partidista y sectaria de todas las instituciones del estado. También al asalto, por fortuna no siempre con éxito, de los consejos de administración de las empresas más importantes de España, algunas de ellas multinacionales e incluso con mayor cifra de negocios fuera que dentro del territorio nacional. Los ataques y descalificaciones por parte del Gobierno a jueces y medios de comunicación, cuando osan investigar denuncias -vengan de dónde vengan- sobre asuntos aún presuntamente delictivos en el terreno del Código Penal, pero con toda seguridad deleznables desde el punto de vista ético, no dejan de preocupar a quienes ven cómo se desmorona el tan deseable sistema de equilibrios democráticos entre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

La sesión parlamentaria del pasado día 30, a mi entender, quedará registrada en la memoria de mucha gente como una de las más indignas e inmorales que se han vivido en muchas decenas de años. Podrá discutirse si se debería o no haber suspendido la sesión de control al Gobierno como señal de duelo por las víctimas de la DANA, pero lo que es una muestra objetiva de pura farfulla gubernamental ha sido convocar para ese mismo día un pleno extraordinario para aprobar el control, fuera de toda duda, de la RTVE. Y eso lo hacen los que predican que los medios públicos de comunicación han de ser independientes. El escándalo que produce en cualquier demócrata no partidista esta cuestión es de tal calibre que ha opacado otra noticia tremendamente escandalosa, que en cualquier otro país con mucha probabilidad haría caer al gobierno: la Guardia Civil entra y registra el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación de un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no por desmentir un bulo, como mienten los implicados y los ministros que repiten al pie de la letra el argumentario oficial.

Y para justificar ésta y otras tropelías similares se alegan razones de imperiosa necesidad para establecer o restablecer la imparcialidad, pluralidad o independencia de las instituciones del Estado, muchas veces usando estos conceptos como sinónimos, cuando no lo son. La mayoría de las instituciones democráticas debieran ser independientes e imparciales, es decir no depender del gobierno de turno para hacer su trabajo, bien sea de fiscalización, investigación, estudios o análisis de las situaciones en el ámbito de su competencia. No obstante lo dicho, no necesariamente las cualidades de independencia e imparcialidad van siempre unidas. Por ejemplo, las personas que ocupan la dirección de los organismos que legalmente se han regulado como independientes, no tienen porqué tener criterios imparciales ni actuar con imparcialidad, aunque legalmente lo sean. Por esto los gobiernos nombran a determinadas personas para esos cargos cuando han acreditado la “sensibilidad y comprensión” para con los criterios políticos gubernamentales. Tres ejemplos paradigmáticos son la Fiscalía, el CIS y el INE. Por cierto ya el propio García Ortiz “advirtió” a quien corresponda, que el Gobierno podía nombrarlo, pero no cesarlo.

Es, o debiera ser, una costumbre democrática bien consolidada que para los cargos de todas las instituciones públicas que no sean estrictamente partidistas, debiera nombrarse personas que hayan demostrado tener un pensamiento independiente que se caracterizan porque toman decisiones basándose en su formación y conocimientos sin necesidad de pedir permiso a terceros por sus acciones. Y siempre atendiendo a los criterios de mérito y capacidad. Independientes y neutrales son dos cualidades que siempre debieran ir unidos en estos cargos públicos para no convertirse en una carga pública. Pero es una evidencia dramática que esto no sucede en España, más bien justo todo lo contrario.

Hace no muchos días, se pudo oír al Presidente Pedro Sánchez asegurar que para el Consejo de RTVE había que garantizar la independencia y neutralidad. Y como ya se conoce el andar de la perrita, como reza el dicho popular, es una obviedad que estaba confundiendo, a mi entender de forma intencionada y como pura agitpro, independencia y neutralidad con pluralidad. Para el actual Frankenstein pluralidad significa que estén representados todos los partidos y partiditos que lo componen mientras tratan de excluir, estableciendo los muy democráticos “cordones sanitarios”, a los que llaman derecha y ultraderecha... ¡y lo dice la ultraizquierda!

Y para demostrar que cuando él habla de neutralidad se refiere a pluralidad, claramente enemiga de la independencia y la neutralidad, propone por la cuota del PSOE para presidente de RTVE al exdirector general de contenidos, José Pablo López, el que fuera destituido tras el polémico fichaje de David Broncano. A la tertuliana Angélica Rubio, fundadora de El Plural.com, defensora a ultranza de los argumentarios socialistas desde que fuera directora de comunicación del PSOE en tiempos de Zapatero. Esther de la Mata, la directora de comunicación del ministro Félix Bolaños. Tampoco podía faltar un toque de la farándula: la cantautora y exconcejal socialista Rosa Léon.

Por Junts está Miquel Calçada, alias Mikimoto, un rostro emblemático de TV3 que no oculta sus simpatías por el separatismo. María Roncesvalles, afín al PNV y exdirectiva de ETB. Por la cuota de ERC, Sergi Sol, que fue el responsable de comunicación del partido hasta 2015. En nombre de Podemos estará Mariano Muniesa de Caveda, colaborador de Canal Red de Pablo Iglesias. Desconozco si Sumar aporta alguna otra joya al casting televisivo.

Si es verdad aquel dicho atribuido al emperador romano Julio César que “la mujer del César no sólo debe ser honesta sino además parecerlo”, sin duda este elenco de personajes no parece que acumulen las cualidades que el DRAE define para la honestidad: ser decente o decoroso, razonable y justo, ni tampoco recatado o pudoroso. Menos aún esto último al conocer los turbios asuntos de la entrepierna que han aflorado ahora, de momento en Sumar, que condenan hoy pero que todos dicen que ya conocían... ¡pura coherencia política!).

 

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