Primero, tres preguntas al personal médico y hospitalario de Canarias, y a todos los lectores y sus parientes.
UNA ¿Ha leído usted la Ley de Eutanasia, que entró en vigor hace dos años y medio?
DOS ¿Conoce usted, al menos, su contenido esencial?
TRES ¿A qué atribuye usted, si lo hay, su desconocimiento de esta Ley?
PERMÍTANME NUMERAR LO QUE SIGUE.
- El ex presidente Angel Víctor Torres pisoteó la Ley de Eutanasia desde su promulgación en 2021 y hasta su cese a mediados del año pasado. Clavijo, que ya lleva medio año en su cargo, no ha dado visos de querer enmendar la situación.
- Torres pisoteó y, en la práctica, desactivó, la Ley de Eutanasia, porque incumplió de cabo a rabo la Disposición Adicional Séptima, que se refiere a la obligación de las CCAA de difundirla para conocimiento de la población.
- La Ley, que se publicó en marzo de 2021 y entró en vigor en junio de 2021, obligaba a las Consejerías de Sanidad de cada Comunidad Autónoma a darle, desde su publicación, la máxima difusión entre los profesionales sanitarios. Como presidente, Torres debió velar para que la Consejería de Sanidad cumpliera esto. No lo hizo. En Canarias hay más de 7.000 profesionales de la medicina. La mayor parte de ellos ni siquiera han leído la Ley y por tanto no conocen los derechos que tienen las personas que soliciten la eutanasia, ni tampoco conocen los derechos y obligaciones que tienen como profesionales médicos si alguno de sus pacientes les solicita un informe favorable al respecto. Por este desconocimiento, casi todos los médicos de cabecera o especialistas ven como un bicho raro, o un trastornado mental, a pacientes que cumplen plenamente los requisitos para recibir la prestación eutanásica y les piden informar positivamente de su petición. En realidad, para los que no han leído la Ley, la eutanasia sólo es aplicable a quienes están en las últimas, a punto de morir. Esta ignorancia es culpa de Angel Víctor Torres. Fernando Clavijo va por el mismo camino.
- De entrada, Torres debió encargar, en la primavera de 2021, la impresión de 10.000 folletos para su distribución en todos los hospitales, centros médicos y consultas de toda Canarias. El coste habría sido mínimo porque la Ley no es extensa, equivalente a once páginas en DIN A4. En su período de mandato (2019-2023) el gobierno de Torres se gastó millones de euros en publicidad institucional y no quiso gastarse 20.000 euros en esto.
- Alguien podría argüir que es responsabilidad o decisión soberana de cada médico enterarse o no de lo que ve conveniente. Pero no es cierto.
Un médico debe estar informado de lo que entra dentro de sus posibles actuaciones para actuar diligentemente llegado el caso y no poner obstrucciones indebidas. Pero, sea como sea, la Ley, como dije antes, obligaba a las CCAA a facilitar a los profesionales de la medicina el conocimiento de la Ley de Eutanasia. A ponerles el texto de la Ley en la mesa de sus despachos. Si alguno de los médicos no quería molestarse en leerla, eso es cosa suya. Además, la habrían leído si la hubieran tenido a mano.
- El desconocimiento de la Ley ha tenido como consecuencia el no reconocimiento efectivo del derecho de cualquier ciudadano a solicitar y hacer valer su solicitud de eutanasia en los casos en que la Ley lo admite: enfermedad grave o incurable, o padecimiento grave, crónico e incapacitante.
- Además, la Ley obligaba, al Gobierno de Torres, y obliga al Gobierno de Clavijo, a difundir la Ley, no sólo entre los médicos, sino entre toda la ciudadanía, en el período comprendido entre su publicación en marzo de 2021 y su entrada en vigor en junio de 2021. Ni ellos ni ningún miembro de sus Gobiernos movieron ni han movido un dedo en esos tres meses iniciales ni en ningún otro momento posterior.
- Las leyes tenemos que cumplirlas todos, y los mandatarios son los primeros que deben dar ejemplo. Ni los ciudadanos ni los políticos son quiénes para decidir qué leyes cumplen y cuáles no.
- Las consecuencias de esa negativa a informar han sido muchas y ninguna buena. Fíjense. Cada año mueren en Canarias unas 14.500 personas. Por tanto, entre junio de 2021 y junio de 2023 ha habido 29.000 fallecimientos. ¿Saben ustedes cuántas peticiones formales de eutanasia hubo en esos dos años en Canarias? Sólo 35, de las que 22 fueron aceptadas. Menos de uno de cada mil fallecimientos (0´08 %) fue resultante de eutanasia.
- La diferencia es abismal si comparamos con Holanda, país en el que en 2021 recibieron la eutanasia a petición 7.666 personas, es decir, el 4´5 % del total de las muertes.
- No es concebible, nadie puede creerse, que, de esos 29.000 fallecidos en Canarias entre junio de 2021 y junio de 2023, muchísimos con graves padecimientos crónicos, sólo 35 desearan abreviar su vida y terminar de una vez, en paz. Cualquier médico o enfermera, sobre todo a nivel hospitalario, pero muchos otros no hospitalarios, saben que el porcentaje de pacientes que solicitan “informalmente” morir es muchísimo mayor. Cada día lo pide alguien a sus parientes o personal médico…, y lo piden con reiteración, pero no se les hace caso. Y muchos más que lo pedirían si supieran que la Ley les reconoce ese derecho. No lo saben porque no se ha difundido por nuestros mandatarios.
- ¿Por qué sólo 35 personas hicieron la petición formal en dos años, es decir, en 730 días? Pues porque la tristísima consecuencia de la falta de información es que cualquier persona que en esos dos años, o ahora, haya deseado o desee poner fin a su sufrimiento mediante una muerte serena, rápida e indolora, cualquiera de esas personas, repito, ignoraba e ignora que, si cumplía o cumple los requisitos de la Ley, su petición no sólo “podía y puede” ser atendida, sino que “debía y debe” ser atendida. Esto debió ser de dominio público desde hace dos años, para que, por ejemplo, ningún familiar de enfermos imposibilitados o encamados en su casa se atreva a obstruir, si la hay, su petición de eutanasia. Esa obstrucción equivale a secuestrar, a sabotear, el derecho de ese enfermo a decidir sobre algo tan importante como su propia vida, y constituye un delito. Esto tampoco lo sabe casi nadie y debió interiorizarse desde que la Ley entró en vigor.
- Sí, señores lectores y lectoras. Es un delito, y un abuso deleznable, con el agravante de indefensión, que un hijo, hija, padre, madre, esposo o esposa no traslade a un médico la solicitud de eutanasia de un familiar que esté impedido y aislado en su casa. Cualquier persona que esté mentalmente bien, o que haya dejado instrucciones para cuando no lo esté, tiene derecho a que se respeten sus deseos, y sus allegados no pueden “taparles la boca” sino que tienen la obligación moral y legal de respetarlos. La Ley de Eutanasia, previendo esto, impone en su artículo 4.3, y no se cumple, que “en especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico”.
- Lo que, para difundir la Ley de Eutanasia entre la ciudadanía en general, debió hacer el presidente Torres, y sigue sin hacer el presidente Clavijo tras seis meses en el cargo, es, aparte de ordenar la programación de una tanda de coloquios informativos en la Televisión Canaria (en la que, no me vengan con cuentos, mandaba Torres y manda Clavijo) era, y es, aparte de lo antedicho, encargar inmediatamente 100.000 folletos, o cuando menos separatas, para su distribución conjunta con la edición dominical de nuestros cuatro principales periódicos de papel: CANARIAS 7, LA PROVINCIA, DIARIO DE AVISOS y EL DÍA. Eso, de por sí solo, habría contribuido enormemente, y contribuirá enormemente, a la normalización social de lo que dice la Ley, cuyo texto íntegro puede leerse en este enlace:
Disposición 4628 del BOE núm. 72 de 2021 (derechoamorir.org)
Si los lectores quieren saltarse el preámbulo, pueden ir directamente a la página 4 en que comienza el articulado.
- Otro pisoteo, e incumplimiento legal, de Torres y Clavijo ha sido su dejación de funciones al no promover entre la ciudadanía la realización del testamento vital, que técnicamente se denomina “documento de instrucciones previas”. Esto también lo impone la Ley y se lo pasaron por donde mismo se pasaron lo ya comentado. La gente debe saber, y no se le ha dicho, que los testamentos vitales son gratuitos, se presentan en el Registro de Instrucciones Previas de Canarias dependiente de la Consejería de Sanidad, y son accesibles telemáticamente, en caso necesario, desde cualquier hospital.
- En cuanto a los partidos de la oposición, cuyos diputados también cobran y no poco, no sólo no apretaron a Torres ni aprietan a Clavijo para que cumpliera o cumpla sus obligaciones en este terreno, sino que hasta se enfadaron cuando, en junio de 2022, a petición de una diputada lanzaroteña, se trató melifluamente el asunto en una sesión parlamentaria. Esta diputada, bueno, algo es algo, pero nada nos resolvió, ya que fue muy suave y benigna en su crítica y peticiones, suponemos que porque su partido, PODEMOS, formaba entonces parte del pacto de gobierno. Ya podía haber dicho, con rotundidad, todo lo que yo estoy exponiendo aquí y habría abierto un debate público necesario y apretado a los Consejeros de Sanidad. En cualquier caso, lo tratado en esa sesión quedó “de tapadillo”. En la práctica, todo lo relacionado con el derecho a la eutanasia se está silenciando como si se hablara de algo clandestino.
- Preguntémonos ahora. ¿Es la eutanasia morir con dignidad? Ni sí ni no. Lo digno es lo que cada persona libremente desee. Eutanasia sí o eutanasia no.
- La Ley de Eutanasia no sólo despenaliza esta sino también el suicidio asistido. ¿Qué diferencia hay? No mucha. La diferencia es que, en el suicidio con acompañamiento médico, el paciente, si está en condiciones para hacerlo, se toma por sí solo la medicación letal, bebida. Se denomina técnicamente “eutanasia” cuando un médico te inyecta esa medicación. La elección entre uno u otro procedimiento la hace el propio interesado, que también decide si recibe la prestación en su casa o en un hospital.
- Entre paréntesis. Es increíble y vergonzoso que yo esté divulgando más la Ley en este artículo que Torres y su gobierno en dos años, y que Clavijo en el medio año que lleva de mandato.
- Acabo con otra pregunta. ¿Deben influir las convicciones religiosas en la aceptación o no aceptación de la eutanasia? La respuesta es que, si influyen, será para favorecerla, porque cuando hay un marco de garantías éticas como el que tiene la actual Ley española, la eutanasia, cuando la pide expresamente una persona que sufre, es un entrañable, profundo, bello, acto de caridad, y la caridad es la base del cristianismo. Si el Papa Francisco no ha hecho revisionismo en esto, es porque tiene “muchos calderos al fuego”. Pero todo se andará. Mientras tanto, no vamos a esperar, los creyentes ni los que no lo son, a que las iglesias cristianas se pongan al día. No tenemos por qué “morir mal” esperando los ritmos del Papa, de la Curia Romana, ni de nadie. Y mucho menos por culpa del pasotismo de Torres, antes, y de Clavijo ahora, así como de sus respectivos consejeros de Sanidad.
- A título personal y por si es de su interés, informo a los lectores de que, por supuesto, tengo hecho testamento vital, en mi caso ante notario y muy personalizado, aunque, como antes informé, no es necesario gastar dinero en el notario si no quieren. Basta ir al Registro que indiqué antes. Iba diciendo que, en mi concepto, la vida es como una manzana, que por comerte la parte buena no tienes por qué tragarte la mala. Cuando las ganas de reír se acaban porque el sufrimiento físico o mental es muy superior a las satisfacciones, la vida es una mala compañera. Saber que podré elegir me hace vivir con mucha más tranquilidad y dignidad. Más feliz. Las personas que aceptamos con naturalidad que la muerte es parte de la vida, somos por lo general muy vitalistas. El miedo excesivo a morir empobrece la vida.
- Aquí está la LEY DE EUTANASIA Disposición 4628 del BOE núm. 72 de 2021 (derechoamorir.org)
*Emilio de Fez es miembro de las asociaciones DIGNITAS (“Vivir con Dignidad, Morir con Dignidad”) y DMD (“Derecho a Morir Dignamente”)
