José Fco. Fernández Belda
Viviendo en San Borondón
He leído con cierta pesadumbre, aunque no con el estupor que debiera, un artículo publicado en Libre Mercado, sección económica de Libertad Digital, en el que se analiza la ingente cantidad de producción legislativa generada en la UE y en España, sin entrar a valorar la calidad y oportunidad de esas normas. Haciéndose eco de un estudio del think tank danés CEPOS, se dice que entre el 1 de enero de 1994, un año después de la firma del Tratado de Maastricht, y la misma fecha del año 2024, el acervo legislativo impulsado por Bruselas ha aumentado un espectacular 729%.
Y por si esa barbaridad fuera poca, también se destaca que el número promedio de palabras en cada pieza regulatoria se ha triplicado, pues frente a una horquilla de entre 1.800 y 3.600 palabras de los textos aprobados hasta 1980, los publicados 2023 se sitúan en el entorno de las 9.000 palabras. El más elemental sentido común debería alertar a sus señorías que eso es excesivo, una pasada que dirían los más jóvenes.
A este respecto, tuve el honor y el placer de entrevistar en el Parlamento Europeo, junto con el fallecido periodista Javier Lavandera García, durante un programa grabado para Euronews, a un diputado inglés en silla de ruedas y bastante euroescéptico, como es más habitual entre los eurodiputados de todas las nacionalidades de lo que los medios de comunicación se empeñan en hacernos creer. Una de nuestras preguntas versó sobre esta sobreabundancia legislativa, cada vez en mayor cantidad, verborrea y baja calidad. Y aunque cito ahora de memoria, nos dijo: “Miren ustedes, los 10 Mandamientos tienen unas 100 palabras, más o menos según las traducciones del hebreo. Yo acabo de salir de una sesión parlamentaria en la que hemos aprobado una directiva para la comercialización de los huevos de pato que tiene unas 20.000 palabras”. Nunca mejor dicho aquello de ¡sobran las palabras, señoría!
Es evidente que sobran normas y regulaciones tanto de ámbito nacional como autonómico o local, las más de estas últimas redundantes, que en lugar de ayudar a los ciudadanos a desarrollar sus proyectos de vida o empresariales en libertad, le enfrentan a una carrera de obstáculos. Tras haber terminado con un trámite, surge otro antes de poder iniciar la actividad con los papeles en regla... si es que la incertidumbre no nos invade temiendo la aparición en cualquier momento de otro trámite incomprensible que se nos había pasado. Por poner un ejemplo en el mundo empresarial, del emprendimiento se dice ahora, ¿es normal y razonable que para poder pagar las nóminas de los empleados, sea imprescindible contratar los servicios de una gestoría? ¿Es comprensible que para lograr una licencia de apertura o de obras haya que esperar meses cuando no años? Por cierto, esta es una de las tareas que los dioses de la desesperanza han encargado a Milei, no a Hércules esta vez, para levantar Argentina y librarla de la hiperregulación gubernamental tan artificial, arbitraria como liberticida.
Para intentar clarear y simplificar este bosque burocrático, se fundó en España el “Foro Regulación Inteligente”. En uno de sus informes, de mayo de 2023, se cuenta que en nuestro país “se aprueban diariamente 654 folios de nuevas obligaciones. A nivel estatal, el pasado ejercicio se cerró con 238.000 folios a los que habría que sumar las casi 300 normas aprobadas por las comunidades autónomas”. Lo peor del caso es que gran parte de esa normativa es o redundante o contradictoria. Es ilustrativo de este caos normativo el caso que me contaba el CEO de una empresa de gestión de residencias de mayores, harto de que le pusieran obstáculos absurdos: “si los cojos y los que van en sillas de ruedas son iguales en toda España, ¿porqué la regulación de las rampas de acceso es distinta de una autonomía a otra e incluso de un ayuntamiento a otro?”. Y así se pueden poner infinitos ejemplos, pues infinita parece ser la capacidad de sus señorías de complicarnos la vida y, ya de paso, justificar sus sueldos, los más de ellos perfectamente ahorrables.
Pero como todo lo que es susceptible de empeorar, empeorará si cae en manos de políticos, basta leer los distintos boletines oficiales para comprobar dos cosas. Una es que la redacción, la sintaxis y la gramática son cada vez más penosas, el texto es confuso y repleto de ideología, con larguísimos preámbulos en los que se intenta justificar lo injustificable. Esas leyes con frecuencia no obedecen a una necesidad real de los ciudadanos sino a un nuevo capricho ideológico de alguien con suficiente soberbia y poder político populista como para imponer su doctrina al resto de sus señorías, las de ellos, que por imperativo de la disciplina de voto, la aprobarán sin saber ni lo que aprueban.
Y en segundo lugar, un articulado técnicamente tan mal redactado, gramaticalmente y en su contenido, que suscita todo tipo de dudas a la hora de intentar aplicar la norma. Cuando no sucede el hecho cierto de que produce efectos indeseados contrarios a los que, al parecer, pretendían los promotores de la norma. Por ejemplo, la penosa ley del “Sí es sí” tildada de suelta violadores, la ley de Memoria Histórica (la inspirada por Bildu), o la de la Amnistía a la que se debería llamar, Ley para Puigdemón y Cia.
