Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
El sábado se produjeron movilizaciones en las 7 islas bajo el lema “Canarias tiene un límite”. A la hora de escribir este texto desconozco el resultado. Al margen de la guerra de cifras, habitual en todas las manifestaciones, creo que es evidente señalar que han conseguido abrir un amplio debate social y que han sido simultáneas en las 7 islas (algo que si no me equivoco no ocurre desde las protestas contra las prospecciones petrolíferas).
Como ya se ha expuesto en multitud de artículos e intervenciones públicas, este movimiento condensa amplios malestares sociales - en unas islas más compartidos y justificados que en otras- que han encontrado en el rechazo al modelo turístico de crecimiento infinito su forma de expresión. A pesar de que la convocatoria parte de colectivos ecologistas y ambientalistas, las reivindicaciones han tenido la capacidad de conectar de manera transversal con amplios sectores sociales que van más allá de la base social tradicional de este tipo de organizaciones.
Y es que la imposibilidad de poder acceder a una vivienda asequible en los principales núcleos urbanos del territorio, las molestias por la saturación de servicios e infraestructuras, las restricciones de agua o la preocupación por el deterioro de espacios naturales y playas por un afán expansionista sin control que se están dando en algunas islas, son cuestiones que afectan a una mayoría social al margen de ideologías.
Y lo más importante, y que creo que está en el núcleo central de las movilizaciones, es que se ha dejado de percibir que el crecimiento turístico sea la vía para aumentar los ingresos y el bienestar de la sociedad canaria en su sentido más amplio. Y los datos parecen señalar que existen razones para ello. En el año 2000 llegaron a las islas Canarias 9.975.977 turistas, en 2022 14,6 millones y en 2023 15 millones, una cifra que es prácticamente seguro que se superará este año (la llegada de turistas hasta agosto había aumentado en un 16%) y que llegaremos a alcanzar los 16 millones. Pues bien, en el año 2000 la renta per cápita en Canarias era de 20.703 euros y en 2021 fue de 18.990 € euros y según datos de Eurostat este año ha vuelto a bajar. Es decir, en estas dos décadas hemos visto incrementarse la llegada de visitantes en un 50% y aún así hemos perdido 1.700 euros de renta per cápita.
Vemos, por lo tanto, que el aumento en la llegada de turistas no se traduce en un mayor bienestar para una parte importante de la población canaria y que la estrategia de “contar turistas”, es decir, centrar nuestros esfuerzos en aumentar la llegada de visitantes, ha fracasado. Por cierto, desde que llegamos al Cabildo grancanario hemos defendido la propuesta de no basar el éxito turístico en un crecimiento continuo, no sin recibir críticas por ello, aunque ahora desde el ámbito político y empresarial muchos la abrazan.
Pero el descenso del PIB per cápita está directamente relacionado con lo que denominamos “Reto demográfico” es decir, la particular demografía de Canarias que por un lado tiene municipios con densidades de población similares a los lugares más poblados del mundo (Las Palmas de Gran Canaria tiene una densidad poblacional, sin contar a los turistas de casi 3.800 personas por km2) y por otra parte tenemos islas y las zonas de medianías y cumbres perdiendo población de manera ininterrumpida. De hecho la evolución del PIB canario ha sido similar al del conjunto de España, pero el aumento desproporcionado de población es lo que ha provocado el brusco descenso del PIB per cápita.
Ahora bien, dicho esto creo que para afrontar los problemas adecuadamente debemos tener en cuenta dos cuestiones: no todos los problemas que se señalan son consecuencia directa del modelo turístico (aunque tenga influencia), ni la situación es igual en todas las islas, existiendo, de hecho, importantes contrastes.
La demografía no opera al margen de la estructura socioeconómica. Sin las oportunidades económicas vinculadas al turismo (trabajo, inversión, etc.) sería muy difícil que se hubiera producido este aumento poblacional, pero no todo el incremento poblacional se debe al turismo. Pertenecemos a un territorio con unas condiciones privilegiadas (buen clima durante todo el año, uno de los territorios más seguros de Europa, buenas comunicaciones con el continente, etc.) que lo hacen atractivo para muchos europeos y que tienen libertad de circulación. Por eso tenemos que plantearnos la necesidad imperiosa de buscar vías para frenar la llegada de nuevos residentes.
Pero he de decir que en los últimos 25 años el crecimiento en Tenerife ha sido de un 31%, de un 70% en Lanzarote y casi de un 100% en Fuerteventura y en Gran Canaria de un 15%. En los últimos 10 años Gran Canaria solo ha crecido en 9.341 habitantes (un 1,10%).
Asimismo, el número de turistas por habitantes no es el mismo en todas las islas, ni los problemas ambientales son los mismos. Al contrario de lo que ocurre en otras islas, Gran Canaria lleva prácticamente 20 años sin un macroproyecto turístico (el último gran hotel se inauguró en esta isla en 2015) y ha perdido más de veinte mil camas turísticas en los últimos años. Y sin embargo, los grandes proyectos que tenemos en marcha o planificados están vinculados a la transición energética y ecológica y algunos los han intentado meter en el mismo saco (Salto de Chira, la próxima convocatoria para la energía eólica offshore, la reforma de la red de puntos limpios, los platós cinematográficos, el nuevo edificio de Infecar, el transporte guiado, etc.) o con los servicios públicos (la red de centros sociosanitarios, el Museo de Bellas Artes ,etc.).
También se está haciendo mucho hincapié en la cuestión del agua, tanto de vertidos de aguas residuales como de restricciones, cuestiones ambas que no tienen incidencia significativa en Gran Canaria. Estamos aumentando la reutilización de agua y no estamos vertiendo aguas residuales al mar. De hecho esta misma semana inauguramos la nueva estación depuradora de Guía y Gáldar, una de las principales reivindicaciones del norte en lo que a tratamiento de aguas se refiere.
En definitiva, hay muchos aspectos de nuestro modelo de desarrollo, que tiene la actividad turística en el centro, que necesitan ser revisados. Hoy somos más pobres que hace dos décadas, a pesar de haber doblado el número de turistas, y el incremento poblacional está situando al límite nuestra capacidad para proveer servicios esenciales (agua, carreteras, sanidad, centros sociosanitarios, transporte público, etc.) a la población.
Tenemos que trabajar para mejorar la calidad del destino, haciéndolo más sostenible y generando servicios de alto valor añadido vinculados a la cultura, la gastronomía y el sector primario y el medio ambiente que puedan ser provistos por actores locales.
Que los turistas que elijan nuestras islas para descansar estén más tiempo entre nosotros, generen más gasto en su estancia y contribuyan a afianzar sectores como la agricultura y la ganadería o el comercio local.
La regulación de los usos de la vivienda -especialmente la de uso vacacional de grandes tenedores en el conjunto del territorio- se hace altamente necesaria. Es preciso también limitar la compra de viviendas por personas extrajeras de alto poder adquisitivo, poner barreras al crecimiento incontrolado y arbitrario de los precios del alquiler y construir vivienda pública.
Hay que adecuar los equipamientos y las infraestructuras viarias, socio-sanitarias, hídricas o de tratamientos de los residuos y depuración de aguas, al crecimiento poblacional.
Es esencial implementar políticas que regulen el crecimiento poblacional ligado al sistema económico. La planificación urbana debe priorizar la conservación de espacios naturales y limitar la expansión urbana descontrolada.
Defiendo igualmente una Ecotasa finalista que ayude a corregir y paliar estos efectos. Además, la experiencia de su aplicación en otros puntos de nuestro contexto europeo - o en lugares del Estado español como Baleares- indica que no supone ningún impacto en el volumen de negocio.
Un turismo que contribuya en mayor medida a romper desigualdades mejorando las condiciones de su trabajadores y trabajadoras, subiendo los salarios, dignificando la prestación de servicios profesionales al sector con la cualificación y formación necesaria y produciendo mayores beneficios colectivos. La dignificación, la cualificación, la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios haría posible una mayor integración de los hombres y mujeres de nuestra tierra en la industria turística y haría menos necesaria la incorporación de personal foráneo.
El sector también debe integrarse de una manera efectiva en la sociedad adquiriendo un mayor compromiso de responsabilidad empresarial social y económica participando activamente en el desarrollo de políticas de bienestar social, culturales, deportivas, medioambientales, etc.
La rapidez con la que se extendió la convocatoria de la manifestación y el cambio en muchos discursos públicos parecen señalar que probablemente el 20 de abril ha sido un punto de inflexión a la hora de reorientar el modelo en muchos territorios insulares. No sé si servirá para que cambien las políticas. En Gran canaria tenemos claro el modelo de Ecoísla por el que hemos avanzado, por el que tenemos que seguir transitando.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
