Sostengo que la huelga en los Centros Turísticos no es más que un pretexto para la desestabilización política del Cabildo de Lanzarote, y el contenido del pleno extraordinario solicitado por la oposición constituye la prueba palmaria de esta afirmación por cuanto retrata con claridad dichas intenciones, yendo mucho más allá del problema de la huelga en el Ente Público Empresarial y Local - Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT).
Tal vez no sea prueba suficiente del carácter político de la huelga el hecho de que Andrés Barreto, el mesías del Comité de Empresa que negoció el convenio colectivo y al que podemos escuchar grabado interpretándolo en idéntico sentido que la dirección de la empresa, el mismo que sólo meses después de negociarlo presentara cientos de demandas individuales en beneficio propio, sea un ex concejal de Arrecife por Alternativa Ciudadana aun integrada en Somos, pero más cercana a PODEMOS.
Tal vez tampoco sea suficiente prueba el que el presidente del Comité de Empresa sea el cónyuge de la representante de Somos en el Consejo de Administración de los CACT, razón por la que, por cierto, debiera estar incursa en causa de abstención para votar, tanto en el consejo de administración como en el pleno del Cabildo, donde es consejera por Somos, proveniente de Alternativa Ciudadana como el anterior y completamente alineada con la formación política PODEMOS de Carlos Meca, para más señas.
Quizá tampoco sea suficiente prueba el que la oposición -que llegó a respaldar casi por unanimidad en el Consejo de Administración de los CACT las tesis de la dirección con una sola abstención de los grupos- finalmente haya cambiado de parecer para alinearse con la propuesta ilegal del Comité de Huelga que es, en cualquier caso, contraria a lo pactado. Y lo han hecho no solo frente a la dirección de los CACT, sino en contra de la propia propuesta del Tribunal Laboral de Canarias que actuó de mediador en el conflicto.
Es posible que tampoco convenza a nadie el hecho de que Carlos Espino, el ex secretario general del PSOE en Lanzarote (hasta el pasado jueves socio de gobierno en la primera corporación insular, aunque ya antes ejercía su acostumbrada oposición desde el gobierno) y asesor reconocido de la actual dirección del partido, este moviéndose por tierra mar y aire para lograr que ante la posible apertura de su juicio oral –este sí por corrupción y malversación de fondos públicos y que puede acabar son sus huesos en la cárcel– sea otro el gobierno en el Cabildo, o al menos en el Consejo de los CACT que le denunció, para controlar el escrito de acusación que habrá de hacer el Ente Público Empresarial y Local.
Y seguramente tampoco sea suficiente prueba la confesión, que obviamente no admiten en público, de los consejeros socialistas y su propia secretaria general de que en el próximo congreso del PSOE votan muchos trabajadores de los Centros Turísticos y necesitan de sus apoyos. A costa del interés general de los ciudadanos de Lanzarote, añado.
Pero si nada de esto fuera suficiente, no hay más que leer el contenido del pleno extraordinario convocado supuestamente para hacer una propuesta que desbloqueara la huelga, para certificar el descaro con que retratan el carácter eminentemente político de esta huelga y me explico. Entre los puntos del orden del día del pleno, además de hacer suya la propuesta del Comité de Huelga abandonando el apoyo que ya habían dado a la dirección, los grupos políticos de la oposición –que probablemente aún no deben tener los números para una moción de censura– pretenden aprovechar el pleno para intentar arrebatar al gobierno el control del Consejo de Administración del ente público que gestiona los Centros Turísticos. Y lo hacen mediante una rocambolesca operación de fontanería político-jurídica urdida en algún despacho de abogados, proponiendo una comisión de estudio controlada por el pleno y que habría de imponer a través del mismo una modificación de los estatutos de la EPEL que permita dicho objetivo político. Una suerte de moción de censura encubierta con esa sola intención que no tiene absolutamente nada que ver con la huelga en los CACT.
Todos las empresas, entes y organismos autónomos de una administración pública, están controlados por el mismo gobierno de la administración a la que pertenecen porque lo contrario sería absurdo, grotesco e incoherente, y cuando un gobierno está en minoría existe un instrumento democrático para cambiarlo y hacerse, por ende, con el control de los organismos autónomos, empresas o entes públicos que dependan del mismo.
No hay derecho a que hayan causado un daño irreparable a Lanzarote en el más amplio sentido, especialmente a los propios trabajadores de los CACT, que son en su mayoría las principales víctimas de esta huelga en la medida en que, si tan seguro está el Comité de Empresa de que hay una sentencia judicial incumplida, solo tenían que esperar a que sea la justicia la que ordene su ejecución como garante de sus sentencias, en lugar de abocar a la plantilla a esta huelga indefinida de 24 horas completamente gratuita. Ha sido una irresponsabilidad tremenda la que han cometido al utilizar esta huelga con la intencionalidad política que ha quedado fielmente retratada en el mismo contenido del pleno extraordinario que han convocado. Afortunadamente, la cordura ha imperado y la huelga ha sido desconvocada en el día de ayer, por lo que felicito a la plantilla y a todo el sector turístico, pero el daño ya está hecho y la sociedad lanzaroteña debe tomar buena nota de cuál está siendo el papel de unos y otros en esta guerra de tronos en la que algunos no han dudado en hacer todo el daño que sea necesario a la isla que dicen defender, con tal de alcanzar sus objetivos políticos.
* Pedro M. San Ginés Gutiérrez es presidente del Cabildo de Lanzarote
