El decreto de seguridad en playas encara su fase final tras la aprobación unánime de la Comisión Autonómica de Protección Civil
El texto incorpora alegaciones recibidas durante el trámite de información pública
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, aborda la última fase de la tramitación del decreto de seguridad en playas y zonas de baño tras superar el trámite de información pública, donde ha recibido 17 alegaciones, algunas de las cuales, tras ser informadas por los servicios jurídicos, han sido incorporadas al borrador.
El texto, con las incorporaciones mencionadas, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión Autonómica de Protección Civil, celebrada hoy bajo la presidencia de la viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad, Blanca Pérez, y que ha contado con la participación de la directora general de Seguridad y Emergencias, Nazaret Díaz, y representantes de los cabildos insulares, de la administración del Estado y de los cuatro grandes ayuntamientos de las Islas.
Tal y como explicó Blanca Pérez a los miembros de la Comisión, el borrador sometido a información pública recibió alegaciones de carácter técnico, de ámbito competencial y respecto a la financiación de las medias que, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar los municipios.
En este sentido, la viceconsejera recordó que la memoria económica que acompaña al decreto estima en dos millones de euros el coste aproximado de la puesta en marcha de las medidas de seguridad en las playas y zonas de baño de las Islas, si bien, no hay que olvidar que el Gobierno de Canarias ha previsto que dichos gastos se sufraguen con cargo al Fondo Canario de Financiación Municipal.
El borrador del decreto ha sido elaborado por técnicos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias e incorpora las aportaciones del grupo de trabajo técnico creado tras la celebración, el pasado mes de octubre, del Congreso de Seguridad y Prevención en el Litoral.
La futura norma fijará una serie de parámetros para determinar el nivel de riesgo de las playas y zonas de baño y el grado de protección que llevarán aparejadas en función de la peligrosidad; el equipo humano y la dotación material adecuada a dicha clasificación y el contenido de los planes de salvamento con los que, necesariamente, deberán contar las playas de riesgo medio y alto.
El borrador se remitirá ahora a la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, a la que se solicitará que aplique el trámite de urgencia para contar cuanto antes con el informe preceptivo, tras lo cual, el proyecto de decreto pasará al Consejo Consultivo antes de llegar a Consejo de Gobierno para su definitiva aprobación.
