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La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Oriol Junqueras por rebelión y malversación

Canarias Noticias - 02/11/2018
Oriol Junqueras

La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 17 años para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, también por rebelión. Por su parte, el Ministerio Público reclama una condena de 16 años para cada uno de los cinco exconsejeros presos.

En su escrito de calificaciones provisionales, presentado hoy ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.

Un escalón por debajo están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión -y otros 17 de inhabilitación absoluta-, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores.

Empezando por arriba y de izquierda a derecha, Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Jordi Sanchez

Por su parte, las penas que pide el Ministerio Público para los exconsejeros en la causa que juzgará en los próximos meses el Tribunal Supremo oscilan entre los 7 y 16 años de cárcel.

En concreto, la Fiscalía atribuye a Jordi Turull un delito de rebelión agravado por malversación y reclama para él 16 años de prisión, al igual que a Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa.

A estos cinco exmiembros del Govern, junto a Junqueras, les acusa de un delito de rebelión que absorbe la "distracción ilegal de caudales públicos", es decir el delito de malversación.

Para los otros tres exconsejeros procesados -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- el Ministerio Público pide 7 años de prisión, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros por un delito de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública.

Por este último delito, la Fiscalía también pide al Supremo que les imponga un año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, misma pena que plantea para la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya.

En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso secesionista catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento.

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis "en unión de otros procesados huidos", en alusión al expresident Carles Puigdemont.

El plan que todo ellos urdieron, dice la Fiscalía, tenía como principal objetivo "orillar la aplicación" tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía para llegar a una independencia "que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial".

Y otorga una "crucial" responsabilidad a los Jordis por llevar a cabo "una movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva República".

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y un de organización criminal por el que fue procesado por la juez Carmen Lamela.

El relato de hechos de ambos escritos de conclusiones se enmarca en un "contexto fáctico común", constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados "a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social", según la tesis de Fiscalía.

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