NC propone una alternativa al presupuesto para 2019 con más de 500 millones más para gasto público

La enmienda a la totalidad de Nueva Canarias (NC) al Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias (PCAC) para 2019 propone una alternativa a la del Gobierno en minoría de CC, apoyado por el PP y la ASG, con más de 500 millones de más para gasto, prioritariamente destinados a la pobreza, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda y justicia. Los nacionalistas progresistas plantean otra política fiscal que, diseñada en base al criterio de la progresividad, ingresa en las arcas de la comunidad 215 millones de euros. La segunda fuente que nutre el gasto proviene del ahorro bruto, que el Ejecutuvo presidido por Fernando Clavijo dedica a inversiones “que no se van a ejecutar y, por lo tanto, no impactarán en beneficio” de los ciudadanos.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, defenderá mañana martes, en el pleno, la enmienda a la totalidad registrada hoy, en la que se justifican los motivos para solicitar la devolución del PL al Gobierno y se oferta al resto de la Cámara una “alternative” para generar ingresos y distribuir el gasto en base a las necesidades sociales y económicas de las islas.

Los nacionalistas progresistas denuncian que el Ejecutivo de CC deja una Canarias “más empobrecida porque nos alejamos, cada vez más”, de la riqueza media del Estado y con el 40,2% de la población de las islas (844.000 canarios) en riesgo de pobreza y exclusión “ignorados” por este proyecto de ley del tripartito.

El “segundo gran fracaso” del Gobierno de Clavijo, según el portavoz parlamentario de NC, es que “no se ha dado paso alguno” por cumplir uno de sus grandes objetivos para la IX Legislatura, el cambio de modelo productivo y la diversificación económica. “Muy al contrario, nuestra economía cada vez está más concentrada y dependiente” del turismo y de la construcción, según Rodríguez.

Para Nueva Canarias (NC), los presupuestos para 2019 “pueden ser mucho mejores” para el bienestar de los ciudadanos y promover un desarrollo sostenible “si lo que depende de nosotros se hace en la línea adecuada”.

Esta expresión de voluntades de Román Rodríguez se concreta, en la enmienda a la totalidad de NC, en una política fiscal y una orientación del gasto “distinta” a la de la “derecha insularista” de CC y “más social”.

Después de reiterar el apoyo a la bajada de impuestos a las rentas bajas y los productos de primera necesidad, Nueva Canarias propone equilibrar esta merma mediante la generación de ingresos provenientes del lujo y de las rentas altas.

Sin tener en cuenta la creación de la tasa turística que reportaría más de 150 millones de euros, Román Rodríguez defendió una “revisión” de la política tributaria de CC “con la que obtenemos unos ingresos adicionales de unos 215 millones de euros”.

De la redifinición del impuesto de Sucesiones y Donaciones con criterios de progresividad, con la “recuperación” del 7% del IGIC a la telefonía móvil y con los tipos incrementados del IGIC (9,5% al 11% y del 13,5% al 15%), el ingreso obtenido es de 100 millones de euros, explicó.

Otros 75 millones de euros, añadió, llegan de mantener el tipo general del IGIC del 7% en lugar del 6,5% decidido por el Ejecutivo y otros 12 millones de euros de eliminar la exención fiscal de la factura de la luz que apenas incide en el ahorro de las familias, menos de un euro de media anual. Otros 28 millones de euros de la propuesta “equivocada” de Clavijo que rebaja el IRPF a los contribuyentes que “más ganan”.

Nueva Canarias sostiene además que cabe “otra distribución” del ahorro bruto de 628 millones de euros, tal y como explicó el portavoz. En lugar de destinarlo todo, como ha hecho el Gobierno, a inversión que “no se va a ejecutar y, por lo tanto, no benecifiará a los ciudadanos”; Rodríguez defendió que, entre 250 y 300 millones de euros, se dediquen a gasto público, prioritariamente, para recuperar el deterioro de la sanidad, la educación, los servicios sociales además de atender al 40,2% de la población en riesgo de pobreza, para hacer una política de vivienda “hoy inexistente” y en justicia.