El Gobierno de Canarias culpa al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de inversión en la depuración de vertidos

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, responsabilizó hoy al Gobierno español de la falta de inversiones en las infraestructuras de tratamiento y depuración de aguas residuales, algo que "es un derecho" de los canarios, aunque las competencias sean de cabildos y ayuntamientos, porque estas administraciones no tienen fondos suficientes.

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha realizado en 2017 un censo de vertidos y gestiona las autorizaciones y el control para que las emisiones no contaminen la biodiversidad, dijo la consejera en una comparecencia parlamentaria.

También aseguró que el ejecutivo ha cumplido con su parte de financiación a ayuntamientos y cabildos para acometer las obras de financiación, mediante el Fdcan, del que han obtenido las corporaciones que han querido emplearlo en esta materia 150 millones de euros para diez años, 21 millones ya ejecutados.

La consejera indicó que de los 40 millones de euros del convenio de obras hidráulicas con el Estado, el Gobierno de Canarias ha decidido destinar 32 millones a depuración y saneamiento, pero los fondos no han llegado.

El diputado de Podemos Manuel Marrero, que había pedido la comparecencia, denunció el timo de la depuración, puesto que los usuarios pagan por depurar el 100% del agua que utilizan y la administración vierte al mar sin depurar el 82% del agua que se consume en las islas.

Canarias tiene competencias en aguas desde 1984, así que todo ese dinero "nos lo están timando", dijo Marrero, quien también denunció que el Gobierno regional no tiene planes para que se reutilice el agua depurada o para implantar sistemas de depuración naturales, así que en el negocio del agua en Canarias "la economía es lineal, no circular".

Nieves Lady Barreto indicó que desde 2015 el Gobierno de Canarias de Canarias trabaja en el problema de los vertidos, primero haciendo un censo que se concluyó en 2017 y desde entonces gestionando las autorizaciones y expedientando a las entidades que cumplen con los parámetros para los vertidos de aguas residuales.

A esas entidades se les exige un plan de seguimiento y control, algo que no se producía antes de 2017, y desde entonces la administración inspecciona su cumplimiento mediante contratos externos.

Cuando se cumplen las condiciones, el vertido de agua residual puede continuar porque esas aguas residuales no contaminan la biodiversidad, según la consejera de Política Territorial.

Cuando no se cumplen las condiciones, se abre un procedimiento de extinción de la autorización y entonces el titular puede presentar alegaciones. De las inspecciones realizadas hay 16 casos que están en esa fase de alegaciones.

Como el Gobierno no tiene medios suficientes para la vigilancia y control de los vertidos, utiliza el apoyo externo del Instituto Tecnológico de Canarias, y en el caso de las grandes industrias se han realizado contratos externos para realizar inspecciones aleatorias y comprobar si se cumplen las condiciones de la autorización para verter el agua al mar.

Gracias al censo de 2017 y al sistema de autorizaciones y de inspección se ha conseguido que los cabildos y los ayuntamientos empiecen a incluir en sus presupuestos planes para hacer infraestructuras, pero estas "no se hacen en un año" ni sin financiación externa, porque las corporaciones locales no tienen recursos suficientes, dijo la consejera.

De ahí que el Gobierno de Canarias ayude con el Fdcan a las corporaciones que así lom decidan, pero además es necesaria la financiación del Estado mediante el convenio de obras hidráulicas. "Es un derecho de todos los canarios", según Nieves Lady Barreto.