Coalición Canaria Gran Canaria advierte que la nueva Ley de Vivienda pone en riesgo a más de 5.000 familias en la isla

Coalición Canaria de Gran Canaria alerta de que el proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que planea aprobar el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pondrá en riesgo, “a más de 5.000 familias en Gran Canaria”, fundamentalmente en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y de Telde, que entre ambas suman uno de los parques de viviendas sociales más grandes de toda España.   El proyecto de Ley pone en jaque a aquellas familias que ya habían consolidado su derecho a la misma en barrios como Jinámar, Ladera Alta, Ciudad del Campo, Lomo los frailes o San Cristobal.

En este sentido, Pablo Rodríguez explicó que esta propuesta de Ley del Gobierno de Sánchez es una burla al derecho de acceso a la vivienda y que invade de manera clamorosa las competencias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía. “Pone en jaque el trabajo en materia de viviendas que se ha desarrollado a lo largo de más de 20 años”, dijo. En este sentido, el nacionalista recordó que Canarias ha sido históricamente un referente para otras muchas comunidades autónomas en política de viviendas y considera que la Ley supone un paso atrás en los derechos adquiridos, “no podemos olvidar que entre Telde y Las Palmas de Gran Canarias conforman el segundo parque de vivienda pública más grande del Estado”.

El líder de los nacionalistas en Gran Canaria aseveró que, “este proyecto de Ley imposibilita el acceso a la propiedad de muchas familias, una demanda histórica por parte de las mismas, que llevan pagando un arrendamiento durante años y que ya tienen derecho adquirido, pero, además, ningunea de manera escandalosa a Canarias”. 

Por ello, anunció que Coalición Canaria articulará en todos los ámbitos: municipal, Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados, iniciativas para hacer frente ante este “atropello” y defender así las competencias de este Archipiélago y hacer respetar los derechos de las familias.

La  portavoz de los nacionalistas en el Archipiélago, María Fernández, recordó que este proyecto, al que catalogó de “propaganda”, ya contó con el voto en contra de su organización porque, “como nacionalistas, no podemos avalar una Ley que vulnera nuestro Estatuto de Autonomía”. Coalición Canaria ha presentado 23 enmiendas de supresión en los artículos del Proyecto de ley que atentan contra la facultad de Canarias de definir y desarrollar una política de vivienda propia y adaptada a nuestra singularidad territorial como archipiélago y a la medida de las verdaderas necesidades de los canarios.

Además, María Fernández aseguró que este proyecto, “no concreta ni aporta soluciones efectivas al problema de la falta de vivienda pública y tampoco se proponen medidas para incentivar la promoción y construcción de nuevas viviendas que amplíen el actual parque público de viviendas. Las trabas de esta ley van a conseguir un efecto contrario que, con toda seguridad, va a frenar la construcción de nuevas viviendas”, resaltó.

Asimismo, también puntualizó que el proyecto de ley favorece la okupación, que tiene mucho impacto en vivienda pública, “con lo que nos encontramos que estas viviendas que están dirigidas a las familias más vulnerables que han esperado años y acreditado su necesidad los deja absolutamente desamparados”, y añadió: “Lesiona el derecho a la propiedad y, entre otras cosas, va a obligar al propietario a tener que asumir gastos por una vivienda okupada. Además, el propietario privado será quien tenga que soportar el derecho de su incumplidor inquilino al disfrute de una vivienda digna y adecuada”.

Desde Coalición Canaria hacen un llamamiento a todos los partidos con representación en el Congreso, “a los diputados canarios y a los senadores para que presenten las mismas enmiendas que ha presentado Coalición Canaria y que convenzan a sus partidos en Madrid porque esta ley es un despropósito en nuestra Comunidad Autónoma”.

Por su parte, la diputada del Grupo Nacionalista CC-PNC-AHI, Socorro Beato, explicó que este proyecto de ley “contiene una serie de directrices generales sobre política de vivienda que representan un claro dirigismo de la actuación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, contraviniendo el artículo 148.1.3º CE que atribuye la competencia en materia de vivienda a las comunidades autónomas”.

“Son estas y no el Estado quienes pueden desarrollar una política propia, incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que son fundamentalmente el tipo de actuaciones públicas en las que se concreta la política de vivienda”, recordó Beato.

Además, anunció que “registraremos una Proposición no de Ley en el Parlamento de Canarias para instar al Gobierno de Canarias a dar cumplimiento al artículo 48.5 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias, favoreciendo el acceso a la propiedad de las viviendas a los arrendatarios del parque público de viviendas, teniendo derecho a que se les aplique sobre el precio de compra las deducciones equivalentes al pago de rentas abonadas por alquiler”.

“Este Proyecto de Ley no hay más que ideas populistas y propagandísticas que no pueden ser asumidas por el Estado, trasladándose la papeleta a las comunidades autónomas”, criticó Beato.

Familias afectadas

El concejal y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, afirmó: “Los cambios en el proyecto de Ley de Vivienda generan un grave problema para miles de familias en el municipio”. 

Francis Candil especificó que, “en Las Palmas de Gran Canaria impediría el  acceso a la propiedad de más de 4.000 familias en barrios como Ladera Alta, Ciudad del Campo, Lomo los Frailes, San Cristobal o Jinamar”, y añadió: “Son familias que durante años han abonado de manera religiosa el alquiler en régimen diferido a la propiedad y cuya situación, de aprobarse el proyecto de Ley del PSOE y Unidas Podemos, queda absolutamente en el aire. No saben si van a poder acceder a la misma como hasta el momento”.

En este aspecto, el edil detalló que en una de las enmiendas presentadas por CC, “se solicita una nueva disposición adicional para plasmar la competencia de las comunidades autónomas para regular el acceso de aquellas viviendas resultantes de actuaciones públicas de reposición, y las destinadas a hacer efectivo el derecho de realojo, cuando vayan a ser calificadas de protección”.