Empresarios, autoridades portuarias y Gobiernos coordinan acciones y argumentos contra las tasas por derecho de emisiones (ETS)
En la reunión, los socios de la patronal del sector analizaron el impacto de las medidas ambientales europeas en el sistema marítimo-portuario, desde la mejora de la eficiencia de los busques, hasta los desafíos pendientes en la electrificación de los puertos, pasando por los derechos de emisiones.
En este contexto se produjo la intervención online de la presidenta de la AP de Las Palmas, Beatriz Calzada, quien relató todas las gestiones desarrolladas ya ante la administración europea en Bruselas para exponer la excepcionalidad y trato diferencial de Canarias, compartida con las regiones ultraperiféricas, a la hora de abordar estas exigencias.
La patronal insistió en las repercusiones económicas que pueden suponer para el sector en las Islas asumir los costes que derivan de esta política medioambiental y que necesariamente terminarán repercutiendo en toda la cadena de valor hasta llegar al consumidor final. Por ello se puso sobre la mesa la necesidad de que toda la ciudadanía sea consciente de la repercusión y conozca las consecuencias económico-financieras para Canarias. Asimismo, tiene especial relevancia el riesgo de fuga de tráficos a otros puertos extracomunitarios no obligados por esta normativa.
La presidenta de la Autoridad Portuaria destacó la apuesta del sector público por desarrollar un trabajo coordinado con la patronal para continuar las negociaciones con los actores estratégicos en Europa para asegurar que los intereses de las regiones ultraperiféricas sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Con este objetivo sector público y privado trabajarán mano a mano en la actualización de los informes que justifican las excepciones para las Islas.
El presidente de FEDEPORT, José Juan Socas, manifestó a Calzada el compromiso de la patronal “para seguir trabajando de la mano en acciones conjuntas en defensa de la posición de la región y asegurar que las nuevas políticas no perjudiquen la operatividad y el desarrollo portuario cuya importancia supera los límites físicos de las ciudades e islas capitalinas, afectando al conjunto de la sociedad”.
