La importancia que genera el turismo para la economía es de vital interés que, como mal menor, se hace necesario e imprescindible el derecho a reclamar, con suficientes garantías, a quienes puedan producir daños irreparables como en época anteriores nos hizo el Estado español con la agricultura, la ganadería y el sector pesquero e industrias derivadas. Ahora, en estos tiempos, si no lo impedimos volverán a expoliarnos con las prospecciones petrolíferas y minerales que, de gran valor, existen en los mares alrededor de Canarias. Estamos obligados a volver recordar a la ciudadanía canaria, ante cualquier intento de saquear las riquezas de nuestros mares, -que el Estado español nos oculta- que, en las islas Canarias, España no tiene ningún derecho jurídico sobre la Zona Económica Exclusiva con los países colindantes a nuestras Islas. España le niega a Canarias y a los canarios que tengamos una delimitación marítima y aérea archipelágica, manteniendo el anacrónico estatus colonialista que nos sigue enterrando hasta nuestra desaparición. España y su sistema de rapiña, perdió ese derecho al no introducir en su Constitución la Parte IV del Tratado Internacional del Mar, como así lo hizo Portugal con los archipiélagos de Azores y Madeira: los estatutos de estos Archipiélagos cuentan con la delimitación marítima, su Zona Económica Exclusiva...
Los canarios tenemos la obligación de exigir toda información veraz que contempla la legalidad jurídica internacional sobre los espacios marítimos entre islas y por los exteriores del archipiélago, en relación con el Derecho Marítimo Internacional. Todos los Estados signatarios del Estatuto Jurídico Internacional del Mar, se obligan al cumplimiento de cuantos procesos de exploración, extracción y explotación se realicen en los espacios marítimos y a la adaptación de sus constituciones nacionales al Tratado Internacional del Mar; pudiendo cada Estado presentar nota aclaratoria para salvaguardar lo más conveniente, así como los países colindantes con Canarias presentaron las siguientes:
Nota aclaratoria de Portugal: presentó, en defensa de sus intereses, reafirmando los derechos emanados de su legislación interna respecto de los espacios marítimos continental, el de los archipiélagos e islas que forman parte de él, anunciando que “su Constitución y los Estatutos Internos de sus archipiélagos se adhieren al Tratado Internacional del mar de 1982”.
Nota aclaratoria de Marruecos: Se afirma en su derecho de soberanía sobre Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas y Alhucema, declarando que la ratificación, de ninguna manera, puede ser interpretada como reconocimiento de aquella ocupación. Además, presenta otra aclaración que afecta directamente a los intereses de Canarias: el gobierno del reino de Marruecos se reserva el derecho de hacer, en tiempo apropiado, declaraciones de conformidad con los artículos 287 y 298, ambos en referencia a la aceptación del Tribunal Internacional y controversia a la interpretación de las delimitaciones marítimas.
Nota aclaratoria de España: España presentó su derecho de soberanía sobre los espacios marítimos de Gibraltar, pero nada declaró sobre los espacios marítimos de Canarias. España se “olvidó” de Canarias -deliberadamente- porque no quería reconocer el concepto archipelágico, lo cual deja indefenso los intereses de los canarios favoreciendo el de los países colindantes con las Islas Canarias. Para más inri, otra desidia más escandalosa fue reconocer que Marruecos (al ser signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar), con arreglo a dicha Convención, estableciera una Zona Económica Exclusiva que se extiende hasta las 200 millas desde sus costas, dentro de la cual ejerce sus derechos soberanos a efectos de exploración, explotación, conservación y gestión de los recursos de dicha área, quedando las potenciales aguas canarias y sus recursos dentro de su jurisdicción.
La inmovilidad y rigidez de la Constitución española, hace que las “competencias exclusivas” del Estado sobre los espacios marítimos de Canarias produzca una colonial indefensión de los intereses canarios sobre la delimitación de nuestros espacios marítimos, al haber establecido las líneas de base rectas para medir el Mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, desde la línea de costa insular y no desde el perímetro archipelágico, lo que invalida la línea equidistante con Portugal, Marruecos y el Sáhara. La jurisprudencia internacional establece en este caso la línea equitativa, al carecer Canarias de la condición de Estado archipelágico, o por estar dotado de un Status especial establecido por las Naciones Unidas en su Resolución 742 de la VIII Asamblea.
En nuestra situación política geográfica, y conociendo las ambiciones expansionistas del Reino Alauí, éste tiene todas las de ganar, si los canarios no lo remediamos, motivo harto importante e imperante por el que tendremos que salir masivamente a la calle como en las protestas contra Repsol. El actual Estatuto de Canarias no sirve a los efectos de su aplicación internacional -tiene las condiciones y efectos de un Estatuto netamente colonial, por lo que queda sin efectos de aplicación ante terceros países.
España en sus relaciones comerciales con Marruecos, tiene establecido una permanente cooperación estratégica priorizando las ayudas sociales básicas, protección del tejido económico y empresarial de géneros y desarrollo, de las mejoras y sostenibilidad medioambiental, de la cultura y desarrollo. De esta cooperación de pactos comerciales, España ha venido hipotecando gravemente el futuro de Canarias: se empezó con la pérdida de los derechos históricos de los pescadores canarios en sus relaciones comerciales y de pesquerías en el Sáhara y Mauritania. España renunció a los derechos históricos de Canarias, para favorecer a 340 buques congeladores que proceden de varios puertos de España, eligiendo como infraestructura de base los puertos canarios. En cada renovación de los Acuerdos de Pesca, las exigencias de Marruecos aumentaban cada vez más hasta la desaparición del sector pesquero canario, extendiéndose esas exigencias al sector de exportación de la agricultura.
Los canarios tenemos que frenar la cooperación estratégica de España con Marruecos (por estar sujeta en el desmantelamiento de nuestros sectores productivos y nuestra economía) como hicieron 2.500 conejeros saliendo a la calle en protesta contra los permisos que concedió a Repsol para las extracciones de petróleo frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y las mayoritarias en Gran Canaria. España, poco a poco viene entregando a Marruecos lo que le corresponde a los canarios, una prueba más de que Canarias es una colonia bajo el yugo español, y como tal, Canarias no tiene voz ni voto. (Sólo si nuestro pueblo quiere).
La Plataforma por el Mar Canario considera que en todas las islas debemos salir a la calle para impedir que España continúe con el expolio, antes de que dejen a Canarias y su pueblo en la miseria más absoluta. El Tratado Internacional del Mar nos reconoce como archipiélago, motivo jurídico y legal que nos ampararía, siempre que luchemos para obligar a España a reconocernos como archipiélago. Si España nos niega ese derecho -que sería lo más natural dado que es una metrópoli expoliadora que trata a los canarios como súbditosextenderemos nuestra reivindicación ante el Comité de Descolonización para reclamar nuestra legítima independencia. ¡¡AHORA O NUNCA!!
Antonio Rodríguez de León Plataforma por el Mar Canario
