El CEC presenta 100 propuestas para mejorar la educación en Canarias

     Destaca la importancia de que las medidas sean estructurales, se termine de alcanzar la inversión del 5% del PIB y se sigan impulsando las acciones que favorezcan la inclusión y la igualdad de oportunidades

El Pleno del Consejo Escolar de Canarias (CEC) aprobó el pasado sábado un informe valorando la Memoria 2019/2023 del ejecutivo saliente, en el que se recogen 100 propuestas de mejora para la educación en el archipiélago.

De esta manera cumple con una de sus labores como órgano asesor y autónomo del Gobierno de Canarias cuyo funcionamiento es democrático y plural, ya que representa a todos los sectores implicados en la educación.

El informe hace un análisis organizado en siete ejes (calidad, equidad e inclusión, educación infantil 0-3, educación superior y enseñanzas profesionales y de personas adultas, personal docente y no docente, entornos educativos sostenibles, transformación digital, gobernanza y participación), donde señala los avances realizados y las propuestas necesarias para abordar lo que queda por hacer.

Avances y retos de futuro

Este órgano destaca los avances realizados en la implantación de la educación de 0-3 años, en la disminución de ratios y el aumento de la plantilla docente, así como la incorporación de nuevos perfiles en los centros, entre otras históricas demandas del Consejo.

Aunque enfatiza que queda mucho por hacer en materia de infraestructuras, sostenibilidad y digitalización, así como el escaso avance realizado con respecto a las demandas del personal de administración y servicios. Con relación a la enseñanza privada-concertada se demanda, en el marco de los acuerdos establecidos, propiciar una comunicación ágil y negociadora para lograr puntos de encuentro.

En cuanto a la atención a la diversidad, uno de los objetivos prioritarios del CEC junto al cumplimiento de la Ley Canaria, el órgano constata los avances realizados, aunque, afirma “aún no se ha logrado la inclusión plena y hay que seguir trabajando en este sentido” (Informe sobre la Realidad Educativa e Canarias 2022: Políticas para la igualdad de oportunidades y la equidad educativa).

Propuestas destacadas

Entre las 100 propuestas realizadas por el Consejo destacan la necesaria inversión del 5% prevista en la Ley Canaria a la que aún no se ha llegado, y la tramitación de la reforma de la Ley del Consejo Escolar de Canarias, indispensable para que se siga velando por el buen funcionamiento de la educación en las Islas. Recalca, asimismo, la necesidad de formar y acompañar a la comunidad educativa en el desarrollo de la LOMLOE y la Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional.

La atención a la diversidad protagoniza 11 puntos específicos en el Informe referidos a los medios humanos, ratios, la educación emocional o las aulas enclave, entre otros. También destacan las sugerencias en materia de inclusión, tales como la necesidad de ampliar el transporte a alumnado de enseñanzas postobligatorias como medida para luchar contra el abandono escolar, y de dar acceso a comedor al alumnado de la ESO, así como la mejora de la coordinación de los servicios de acogida temprana y recogida tardía. Entre las 100 propuestas figura además la importancia de abordar la educación emocional desde la infancia hasta la adolescencia.

Por otra parte, el Informe hace hincapié en que sigue siendo preciso reforzar las plantillas tanto del personal docente como del destinado a la Orientación Educativa.

Además “sigue estando pendiente adecuar la relación de puestos de trabajo para aumentar las plantillas tanto en los centros como en los servicios centrales de personal de administración y servicios, crear mayor número de plazas de personal y servicios de apoyo educativo, así como mejorar la ratio de profesionales destinados al servicio de comedor”.

Las deficiencias en las infraestructuras es otra de las asignaturas pendientes de la educación en Canarias, según el CEC. Por este motivo propone la coordinación entre administraciones para la mejora de estas, adecuar los espacios reformados y de nueva construcción a la accesibilidad universal, retirar estructuras que contengan fibrocemento y eliminar paulatinamente todas las aulas modulares existentes, así como aumentar la sostenibilidad y eficiencia energética de los centros educativos.

Para los miembros del Consejo es vital que “todas estas mejoras adquieran un carácter estructural y que las instituciones públicas, políticas, sociales y el sector productivo, asuman la importancia de la inversión educativa y el beneficio que supone su retorno económico y social, que, según la OCDE, triplica el valor absoluto de los costes”.