El TC admite a trámite el recurso presentado por Canarias en defensa de sus plenas competencias en Costas

El Gobierno regional reclama al alto tribunal que reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la ordenación de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Canarias en defensa de sus plenas competencias en materia de Costas. Esta decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), pone en marcha el proceso mediante el que el alto tribunal dirimirá el recurso presentado por la comunidad autónoma en el que reclama que falle en contra del Estado y reconozca el control de Canarias sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.

En este recurso, el Ejecutivo autonómico solicita al TC que “dicte sentencia en la que declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En concreto, se pide “la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003”.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto, “la competencia exclusiva de ordenación del litoral”, lo que incluye “el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado”. De hecho, el recurso que la comunidad autónoma elevó al TC sostiene que, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para “establecer el régimen jurídico del demanio”.

La presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de mayo. Se adoptó esta decisión después de que el Consejo de Ministros rechazara el 30 de abril el requerimiento elevado por la comunidad autónoma en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica del 27 de febrero de este año.

Con anterioridad, el 24 de abril de este año, se celebró en la capital grancanaria la Comisión Bilateral Canarias-Estado para intentar resolver este desencuentro por las competencias de Costas. La reunión se saldó sin acercamiento, por lo que el Gobierno de Canarias decidió acudir al TC para que dirima este conflicto.

Antecedentes

El artículo 157 b del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.

Sobre esa base, el 30 de agosto de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto “de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral”, un acuerdo “con fecha de efectividad del traspaso de funciones y servicios el 1 de enero de 2023”.

Sin embargo, pese a que Canarias asumió la competencia exclusiva de sus costas a principios de 2023, el Estado se niega a traspasar varios expedientes alegando que le sigue correspondiendo la gestión de las “concesiones compensatorias”. Por el contrario, la comunidad autónoma entiende y defiende en su recurso ante el TC “que no procede dicha dualidad concesional cuando hablamos de la gestión de la competencia en el demanio público marítimo-terrestre”.

La comunidad autónoma sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus servicios jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen sobre este asunto elaborado por el Consejo Consultivo. En su informe, este organismo dependiente del Parlamento considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el Real Decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas”.