Diego Ojeda Ramos
Exconcejal del Ayuntamiento de Telde y asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria
El nuevo borrador del decreto propuesto por la Dirección General de Dependencia en Canarias es un atentado flagrante contra los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad: las personas dependientes. Aunque se plantea bajo la premisa de una necesaria simplificación administrativa, la realidad es que este decreto desmantela las garantías fundamentales que protegen a quienes dependen del sistema para su autonomía personal y atención. Este intento de reforma, lejos de mejorar la situación, pone en riesgo la calidad, la imparcialidad y la seguridad jurídica del proceso, dejando expuestos a las personas más frágiles a la arbitrariedad y el abandono.
Uno de los aspectos más preocupantes de este borrador es la eliminación del Informe Social, un elemento clave en la valoración de las necesidades de las personas dependientes. Sustituir este informe por un vago "Informe del Entorno" es un grave error que introduce una inaceptable arbitrariedad en el proceso. El Informe Social ha sido, desde su concepción, una herramienta fundamental para garantizar que las decisiones sobre los servicios y prestaciones se tomen con un conocimiento profundo y preciso de la realidad del solicitante. Reemplazarlo con un instrumento mal definido, que ni siquiera cuenta con respaldo en la legislación vigente, no es una simplificación, es una degradación del sistema. Es inconcebible que en nombre de una pretendida eficiencia se vulnere un derecho tan básico como es la correcta valoración de las necesidades individuales.
La situación se agrava con la propuesta de realizar la supervisión de las valoraciones por muestreo, un mecanismo que deja de lado la revisión exhaustiva de cada caso. En un área tan sensible como la Dependencia, donde se juegan derechos y vidas, cada evaluación debería ser revisada con el máximo rigor. El hecho de que se proponga una supervisión parcial solo puede interpretarse como un intento de aligerar el proceso a expensas de la justicia y la equidad. Este tipo de decisiones abre la puerta a errores que, en este contexto, pueden tener consecuencias devastadoras para las personas afectados.
Además, el decreto abre la posibilidad de que profesionales ajenos a la Dirección General realicen valoraciones y dictámenes sin especificar claramente su cualificación. Esto no solo pone en duda la profesionalidad y especialización necesaria para una tarea tan delicada, sino que también sugiere una posible privatización encubierta del servicio. Delegar en personal sin la formación adecuada y sin una coordinación efectiva con los equipos especializados de la Dirección General es una receta para el desastre. Las personas dependientes merecen un trato digno y profesional, no un sistema que busca el camino más rápido y barato a costa de su bienestar.
Otro punto alarmante es la extinción del derecho a recibir servicios si no se accede a ellos en un plazo de tres meses. Esta medida es no solo insensible, sino también profundamente injusta. En muchos casos, las personas dependientes no pueden acceder a los servicios no por falta de interés o negligencia, sino por circunstancias fuera de su control, como la falta de plazas en centros públicos o la ausencia de servicios en zonas rurales. Imponer un plazo tan rígido es condenar a muchos a quedar fuera del sistema, abandonándolos en una situación de vulnerabilidad extrema.
Finalmente, la falta de un modelo específico de Informe de Salud para Dependencia es otra de las deficiencias que socavan la calidad del proceso. La precisión y claridad en la valoración de la salud de los solicitantes es crucial para garantizar una evaluación justa. Ignorar la necesidad de un modelo claro y estandarizado para este informe es una muestra más del desprecio por la calidad del servicio que este decreto parece promover.
En mi opinión este borrador de decreto no solo falla en su intento de simplificar el procedimiento, sino que lo hace a costa de la dignidad y los derechos de las personas dependientes. Es urgente que se reconsidere este enfoque y se introduzcan mecanismos de participación conjunta, como mesas técnicas de trabajo, donde todos los agentes sociales involucrados puedan aportar sus conocimientos y experiencias. Simplificar los trámites burocráticos es necesario, pero no a cualquier precio. No podemos permitir que en nombre de la eficiencia se sacrifiquen los derechos y el bienestar de aquellas personas que más dependen de un sistema justo y equitativo. La vida y la dignidad de las personas dependientes no son una cuestión de números o estadísticas; son una responsabilidad moral y social que debemos proteger con el máximo rigor y compromiso.
Diego Fernando Ojeda Ramos, exconcejal del Ayuntamiento de Telde y asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.
