El Consejo Social de la ULPGC aprueba nuevas Normas de Progreso y Permanencia

La nueva normativa establece que no se agotará convocatoria cuando el alumnado no se presente a examen, pero se mantiene la obligatoriedad de matricularse en las asignaturas no superadas de cursos anteriores

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reunido en sesión plenaria de carácter ordinario este jueves 17 de octubre, aprobó por unanimidad las nuevas Normas de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales de Grado y Máster de la ULPGC.

 La presidenta del Órgano, Ana B. Suárez Calvo, explicó que estas normas “buscan facilitar el avance académico de los estudiantes, a la vez que promueven un uso eficiente de los recursos públicos”. “Con estas nuevas normas, la ULPGC refuerza su compromiso con una enseñanza de calidad, adaptada a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y con el desarrollo integral de sus estudiantes. A través de la supervisión de la Comisión de Permanencia, se garantizará una aplicación justa y transparente de estas disposiciones, promoviendo un entorno académico que facilite la culminación exitosa de los estudios de todos sus estudiantes”.

 La nueva normativa supone la ampliación del margen de créditos ECTS al que pueden matricularse los estudiantes, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes en la planificación de su trayectoria académica. “Esto permite que cada estudiante pueda adaptar el ritmo de su aprendizaje a sus circunstancias personales, ya sea optando por un avance más rápido o distribuyendo la carga académica a lo largo de más tiempo”. La presidenta explicó que “esta flexibilidad se refuerza al mantener el número de convocatorias para superar cada asignatura en seis, con la posibilidad de solicitar una séptima convocatoria extraordinaria sin necesidad de cumplir requisitos adicionales, bastando con fundamentar la solicitud”.

 Asimismo, se ha introducido una medida que evita penalizar a los estudiantes que no se presenten a una convocatoria, de modo que esta no se contabiliza si el estudiante no realiza el examen. “Esto contribuye a una mayor equidad en el progreso académico, asegurando que las oportunidades de evaluación reflejen realmente el esfuerzo del estudiante”, dijo la presidenta.

Por otra parte, se mantiene la obligatoriedad de matricularse en las asignaturas no superadas de cursos anteriores, lo cual asegura que los estudiantes fortalezcan su base de conocimientos antes de avanzar a niveles superiores. Además, se establece la necesidad de superar un mínimo de créditos anualmente, con medidas de ajuste en la carga de créditos del curso siguiente para aquellos que no alcancen este umbral, buscando así un equilibrio entre flexibilidad y exigencia académica.

El representante del Consejo de Estudiantes en el órgano, Samuel Taviro Rodríguez-Brusco, destacó que la aprobación por unanimidad de estas nuevas normas “es gracias al trabajo previo desarrollado por el Consejo Social, a quien agradezco las reuniones a las que ha convocado al Consejo de Estudiantes, en las que se ha escuchado todo lo que teníamos que aportar para mejorar estas normas vigentes desde 2012”.

“El cambio que más subrayamos es el relativo a la renuncia de convocatoria, un trámite que era pesado para todos los estamentos de la Universidad y que además muchos estudiantes ni siquiera conocían. El carácter retroactivo de la norma también es una magnífica medida”, señaló Taviro.

Entre las novedades aludió también a la importancia de que las nuevas normas no fuercen a desvincular al alumnado que no supere un numero determinados de créditos lo que “mejorará las tasas de éxito y no obligará al estudiante a tener que cambiar de grado o universidad por haber tenido un mal semestre”.

Comparecencia en Comisión Parlamentaria

En el informe de gestión de la Presidencia, Ana B. Suárez informó a los miembros del Pleno que en el trámite parlamentario de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, comparecerá en la Comisión Parlamentaria Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura el próximo 30 de octubre.

En este contexto la presidenta se refirió a “una correlación directa y evidente cuando los Consejos Sociales son fuertes, las universidades también lo son. Esto es algo que hemos visto en múltiples ejemplos a lo largo de los años. Un Consejo Social fuerte no es una amenaza para la universidad, sino todo lo contrario: es un aliado esencial para su buen funcionamiento y para su conexión con las necesidades de la sociedad.

Con respecto al articulado, la presidenta consideró que en ningún caso pueda suponer un límite a la autonomía universitaria. “No es pretensión de los consejos sociales que esta nueva norma que se está elaborando cuestione la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y otros principios que aboga la academia. Las universidades canarias nacen de una necesidad de la sociedad de progresar y avanzar. Es la sociedad en su conjunto quien las sostiene y, por tanto, a quien se deben por encima de cualquier principio. Los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias tienen el cometido de velar por ello”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente, Jesús León Lima, informó sobre la marcha de los trabajos del programa Canarias Importa que en su segunda edición aborda el Bienestar Social en la comunidad autónoma. Los coordinadores de los nueve ejes estratégicos han entregado ya sus informes de diagnóstico y ahora se trabaja en las rúbricas que den uniformidad a los textos, así como un mapa conceptual que facilite la transmisión de la información recogida.