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PP-PSOE, POR FIN DE ACUERDO: QUE SE QUEDEN EN CANARIAS

José Miguel Bravo de Laguna

Alcalde del Ayuntamiento de Santa Brígida

Si en inmigración se excede la capacidad de acogida pasamos a la frontera de lo insostenible

Permítame su señoría que me sonroje en su lugar» (Manuel Azaña) los temas de inmigración son, sin duda, difíciles y complejos, pero a la vez crecientemente importantes. Basta con mirar el panorama internacional para comprobar que la inmigración es un tema vital en las elecciones de EEUU (toda la inmigración sudamericana está marcando extraordinariamente la campaña presidencial), y en Europa vemos que también es un problema de enorme magnitud y que marca resultados, como se ha demostrado en recientes elecciones en Francia, en Austria, en Alemania, en Italia y en general en todo el continente, pues no hay país europeo que escape de conflictos y divergencias en esta cuestión (Grecia, Países nórdicos, Hungría, Países Bajos, etc.).

En España no tenemos una política migratoria clara, ni de los partidos que hoy gobiernan (PSOE y socios de investidura) ni tampoco en los partidos de oposición (singularmente PP y Vox), con tesis diferentes y soluciones a veces contradictorias, más o menos radicalizadas, hacia un extremo u otro y eso sí, adobando esas diferencias con descalificaciones tremendas entre si por temas muchas veces personales.

En estas líneas lo que quiero resaltar es que los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) parecen haber acordado algo: que la inmigración irregular que está recalando en las islas Canarias, en términos numéricos crecientes, se quede en Canarias.

Y desgraciadamente eso no es solo un acuerdo, expreso o tácito, entre los dos grandes partidos españoles, sino que es una política también propiciada por Europa, que protege ahora más su frontera Este y la del Mediterráneo y prefiere que esos inmigrantes, la mayoría procedentes de África arriben y se queden en Canarias, que es Europa política, social y culturalmente, pero ¡geográficamente! es África, a unos cuantos miles de kilómetros de Madrid, Barcelona, París, Berlín o Estocolmo. Somos ultraperiféricos, y a estos efectos, eso gusta a los periféricos.

Los socialistas, el presidente en concreto Pedro Sánchez, están presionados, entre otros, por el PNV y sobre todo por Junt's (Puigdemont) y también por Esquerra Republicana para que ponga todo tipo de excusas y dilaciones para que no lleguen ni al País Vasco ni a Cataluña ningún inmigrante que arribe a Canarias. La distribución solidaria de menores -o mayores- no va con su nacionalismo de superioridad.

Y el PP, o sea Feijóo, se encuentra también presionado por sus propios barones (Ayuso por Madrid, Moreno Bonilla por Andalucía, Mazón por Valencia, etc.) que no quieren tampoco recibir desde Canarias a ningún inmigrante más. Para completar el panorama, la contumacia de Vox en plantear políticas radicales, amenazando la estabilidad de gobiernos autonómicos, en que o gobierna con el PP o le apoya, por si este llega a acuerdos inmigratorios con el PSOE.

Así que este es el panorama. A su vez las fuerzas políticas estrictamente canarias como son Coalición Canaria y Nueva Canarias tampoco pueden hablar muy claro por sus acuerdos con los partidos nacionales. No me gustaría estar en la piel de los dirigentes canarios de PP y PSOE que no tienen explicación fácil de sus divergencias, de sus excusas y pretextos para no llegar a soluciones y para no aplicar una auténtica política de Estado para Canarias. Una semana tras otra uno de los dos se inventa una excusa para no sentarse a dialogar. Esta discrepancia se manifiesta incluso en que no han sido capaces de poner en práctica un acuerdo de mínimos a que se había llegado recientemente para repartir unos pocos cientos de menores entre distintas Comunidades Autónomas Españolas.

Solo apunto para terminar este artículo que mi planteamiento (y el de mi partido, Unidos por Gran Canaria) no es xenófobo ni racista. Al contrario, una inmigración controlada y proporcionada es inevitable en el mundo que vivimos y a la vez necesaria, y por tanto positiva. Pero una descontrolada sería inasumible y más si se continúa con la política nacional y europea de convertir a Canarias en Lampedusa o Lesbos bis. Como grancanario además reafirmo la idea de que es esta isla Gran Canaria dentro del archipiélago soporta el mayor peso en el acogimiento y cuidado de menores extranjeros no acompañados. Por tanto, es hoy la isla más afectada por este problema, sin desconocer lo que se plantea por ejemplo en el Hierro.

La filosofía de la sostenibilidad es hoy imprescindible en todas las políticas medioambientales, sociales y económicas. Pues bien, si en materia de inmigración se excede la capacidad de acogida pasamos a la frontera de lo insostenible.

Tenemos que atender, humana, sanitaria y laboralmente a los inmigrantes que recibimos y se queden aquí. Esa integración puede ser beneficiosa para todos. Pero si se desborda (y ese es el fenómeno que padecemos y que tiende a agravarse) no podremos tener una política adecuada ni medios para atender a esos miles que nos llegan. No es un tema solo económico. Haría mal Canarias en conformarse con recibir unos cuantos millones para atender fundamentalmente a los menores, porque cuando dejan de ser menores, al cumplir los 18 años, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en la calle, sin trabajo, sin preparación, sin integración? ¿Los abandonamos en su desesperación?

Como político aún en activo no me resisto a exponer estas ideas, sabiendo de antemano que quien las lea podrá estar de acuerdo o no. La discrepancia y la libertad de opinión son esenciales en un sistema democrático como el que afortunadamente aún tenemos tras la Constitución de 1978. Tuve el honor de participar en ella como Diputado de la UCD de Suárez. Esa Constitución es la que me ampara y estimula para decir que, de una vez y pronto, debe imponerse entre las grandes fuerzas nacionales y también las Canarias una política de Estado para Canarias, no contra Canarias.

José Miguel Bravo de Laguna, alcalde de la Villa de Santa Brígida

 

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