Es un hecho incuestionable las grandes dificultades que la mujer española ha tenido y sigue teniendo para abrirse camino en determinados ámbitos: políticos, científicos, laborales, deportivos, y así alcanzar la igualdad con los hombres. Las dificultades han sido mucho mayores que en otros países europeos. Miremos hacia atrás en nuestra historia.
Emilia Pardo Bazán en el Congreso Pedagógico de 1892 solicitó la igualdad absoluta en dos campos fundamentales: la educación y el libre acceso profesional para la mujer: «La distancia social entre los dos sexos es hoy mayor que lo era en la España antigua, porque el hombre ha ganado derechos y franquicias que la mujer no comparte. Suponed a dos personas en un mismo punto; haced que una avance y que la otra permanezca inmóvil: todo lo que avance la primera, se quedará atrás la segunda. Cada nueva conquista del hombre en el terreno de las libertades políticas, ahonda el abismo moral que le separa de la mujer y hace el papel de ésta más pasivo y enigmático. Libertad de enseñanza, libertad de cultos, derecho de reunión, sufragio, parlamentarismo, sirven para que media sociedad (la masculina) gane fuerzas y actividades a expensas de la otra media femenina: hoy ninguna mujer en España –empezando por la que ocupa el trono– goza de verdadera influencia política».
Quiero fijarme en un hecho que corrobora la marginación de la mujer en el primer tercio del siglo XX, como consecuencia de una sociedad profundamente machista. María Luisa González estuvo casada con Juan Vicéns de la Llave, que fue inspector de Bibliotecas en tiempos de la II República. María Luisa era hija de un boticario de Zaragoza, fue, según su hijo, «una mujer moderna, risueña, llena de coraje y humor». Militó en la Liga por los Derechos Humanos, primera mujer admitida en la Universidad de Salamanca, que acababa de ser incluida en el presupuesto del Estado, por lo que ya no pertenecía a la curia y la mujer podía ingresar. Pero el clero se oponía. Cuando solicita una beca para estudiar encuentra la oposición de aquellos que pensaban que eran solo para hombres. Emilia Pardo Bazán, primera catedrática de Literatura Española, gran conocedora de la disciplina, pero a la que boicoteaban sus clases por ser mujer, salió en apoyo de María Luisa: «Me defendió en el ABC y el ministro que era Burell, cuando ya estaba toda la sala de actos llena de curas que habían acudido allí, el tribunal, y yo al lado de mi hermana esperando, leyó un telegrama diciendo al tribunal «admítase a doña María Luisa González» y gané la beca». Este hecho ocurría en el curso 1916-17. Pero siguieron los problemas para ella. En los primeros días que acudía a clase se juntaban en la escalinata hileras de machos para silbarle y decirle groserías. Unamuno la agarró del brazo y se la llevó a su casa, donde vivió 2 años, e iba a la universidad de su mano y regresaban juntos. En 1921 terminada Filosofía y Letras, marcha a Madrid a preparar oposiciones al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Hasta 1926 se alojará en la Residencia de Estudiantes de señoritas. Al acabar la guerra, como otros muchos, tuvo que exiliarse y terminó en Moscú,
donde criando a sus hijos, montó la primera Cátedra de Literatura Española en Moscú, estuvo seis años en China...
La II República inauguró un periodo de reformas políticas, jurídicas y sociales para corregir las desigualdades sociales. Fue el colectivo de la mujer uno de los que pudo beneficiarse de ellas. Los grupos feministas instaron a reformar todas las leyes de familia, que las condenaban a la minoría de edad y a la dependencia jurídica y social del varón. Fueron años de grandes conquistas para las mujeres: derecho al voto y a la educación, aprobación del matrimonio civil y el divorcio, despenalización del aborto, más presencia en el mundo laboral y en las actividades ciudadanas; lo cual conllevaba escapar de las tradiciones y de la opresión de la Iglesia Católica. Logros que les pasarían factura nada más se inició la represión franquista, pues ni la Iglesia ni la derecha tradicional perdonarían este atisbo de libertad, con una implacable persecución de todas las mujeres, que se habían distinguido por sus ideas de libertad.
De lo que supuso la dictadura de retroceso para la mujer española puede servir el dato siguiente. En 1944 se reincorporó un artículo del Código Penal de 1870 que venía siendo problemático desde antiguo, el 428, suprimido por la legislación republicana, el «uxoricidio por causa de honor», en virtud del cual: «El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les produjere lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Estas reglas son aplicables, en análogas circunstancias, a los padres respecto de sus hijas menores de veintitrés años y sus corruptores, mientras aquéllas vivieren en la casa paterna». Este artículo se mantuvo en vigor hasta la aprobación de la Ley 79/1961 de 23 de diciembre para la revisión y reforma del Código Penal y otras leyes penales.
Me detendré en la consecución del sufragio femenino en tiempos de la II República. Son conocidos los discursos parlamentarios a favor de Clara Campoamor y en contra de Margarita Nelken y Victoria Kent; así como los argumentos machistas de algunos partidos para justificar su negativa a la concesión del voto a las españolas. El 1 de octubre de 1931 se aprobó en Cortes el artículo constitucional 36, que consagró el derecho al voto femenino: «Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes».
La primera vez que pudieron votar “todas” las mujeres en España fue en las elecciones generales de 19 de noviembre de 1933. He dicho que pudieron hacerlo “todas” a propósito. Porque pocos meses antes pudieron hacerlo ya algunas en unas elecciones municipales del 23 de abril de 1933, en los municipios cuyos ayuntamientos se constituyeron en las elecciones del 12 de abril de 1931-que supusieron la llegada de la República- por el artículo 29 de la Ley electoral de 1907: «En los distritos donde no
resultaren proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la necesidad de someterse a ella».
Por ello, en los pueblos que no hubo elecciones los candidatos se declararon directamente electos el 5 de abril de 1931. Tal hecho ocurrió en 2.478 pueblos, con un censo electoral de 3,5 millones de votantes. Los llamados «burgos podridos», según frase desafortunada de Azaña y tomada del político inglés Glandstone. Lo que quería decir: pueblos de predominio caciquil. A nivel nacional las municipales del 23 de abril de 1933 no fueron desfavorables para la República, pero sí para el Gobierno de Azaña. Hasta las elecciones locales de 1979 fueron las últimas municipales democráticas celebradas en España
Sea como fuere, el 19 de noviembre de 1933, en tanto en cuanto pudieron votar todas las mujeres, tal fecha debería ser conmemorada de una manera adecuada por la sociedad española. Que tal efeméride no se recuerde oficialmente en España es, por una parte, una muestra del desconocimiento de nuestra historia y, por otra, del déficit democrático que arrastra este país en materia de símbolos públicos y ciudadanos. Quienes alardean de su republicanismo desde la izquierda y también desde el feminismo, no han encontrado todavía una ocasión propicia para sustituir una de las numerosas fiestas religiosas, exclusivamente católicas en un Estado aconfesional, que adornan nuestro calendario, por otra que reivindique la primera vez que se ejerció el sufragio femenino en España. Por ello, ¿no debería ser una de las fechas más importantes de nuestra historia del siglo XX para los españoles que se consideren demócratas?
Cándido Marquesán