La semana pasada en sólo cuatro días arribaron en Canarias 2.500 inmigrantes en patera. Claramente, ello es insuficiente para que el gobierno nacional o el autonómico reaccione y anuncie ‘ya está bien, esto no puede seguir así’. Ambos ejecutivos se han limitado a seguir en su papel de espectadores, emitiendo comentarios sin comprender que su responsabilidad es actuar. El gobierno nacional se desentiende aduciendo que es un problema “estructural”. Por su parte, el ejecutivo canario reclama más millones para afrontar el desembolso que supone el “fenómeno migratorio”.
Ante tal panorama es lógico que las mafias de inmigración hayan decidido seguir haciendo su agosto en noviembre. Miles de euros de beneficio neto de por cada inmigrante se hace goloso. A más dinero, más poder asumen las mafias.
Como incentivo añadido, las sucesivas reformas de la Ley de Extranjería impulsadas por el gobierno en los últimos años ponen ya a las claras que es sólo cuestión de tiempo antes de que cualquier persona que llegue de cualquier país y de cualquier manera a nuestras costas legalice su residencia. Por decreto, el gobierno ha renunciado a la soberanía sobre nuestras fronteras.
Desde hace años se venía avisando de que los cambios legislativos encaminados a facilitar el asentamiento de inmigrantes ilegales en el país producirían un efecto-llamada. Ahora estamos viviendo las consecuencias. El año pasado se batieron todos los récords con 39.910 inmigrantes llegados a Canarias en patera. Este año va camino de marcarse un nuevo récord.
Entre quienes advirtieron de las previsibles consecuencias está el ministro del interior Fernando Grande Marlaska el cual se opuso en 2021 a la propuesta de su compañero de gobierno el entonces ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá para facilitar la permanencia en el país de menores inmigrantes no acompañados una vez cumplida la mayoría de edad y a su vez poder traer a España a sus familiares, principalmente de Marruecos y del África Subsahariana. El pulso entre los dos ministros se prolongó durante meses. Finalmente, se impuso Escrivá cuya propuesta se convirtió en ley por decreto.
La falta de honestidad entre los más altos cargos públicos es algo que ya no sorprende a nadie. Mientras que en 2021 el ministro del interior predecía que la reforma de la ley promovida por Escrivá produciría un efecto-llamada, en 2024 Marlaska ha cambiado su discurso. Niega que haya un efecto-llamada y amenaza a quienes por medio de la palabra pueden incurrir en delitos de odio.
Las cifras hablan por sí mismas. En 2019 había 300 menores no acompañados en Canarias. Según cifras del Gobierno de Canarias, solamente durante el transcurso del fin de semana pasado (1 al 3 de noviembre) llegaron en patera 200 menores no acompañados que se suman a los más de 5.000 que ya había al comienzo de la semana.
Se ha corrido la voz de que en España ofrecen pensión completa indefinida y la nacionalidad es sólo cuestión de tiempo. ¿Quién puede extrañarse de que estén también llegando en patera desde África a Canarias personas de Bangladés y de Paquistán?
A la mayoría de los inmigrantes ilegales adultos se les traslada primeramente en ferry de una isla a otra y eventualmente en avión para ser repartidos por la península y poder vivir de ayudas públicas indefinidamente. Esto es un robo, no ya al contribuyente, sino principalmente a los cientos de miles de personas pobres en África que sin tener miles de euros con los que pagar a las mafias podrían ser los destinatarios de nuestra ayuda con los fondos que actualmente alimentan la industria de la inmigración ilegal.
Es incongruente sustentar y alentar el actual sistema de inmigración ilegal por medio de reformas legislativas que la favorecen y al mismo tiempo, de cuando en cuando derramar lágrimas de cocodrilo por quienes pierden la vida en el mar.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos han puesto de manifiesto que el desacuerdo con la inmigración ilegal masiva no es cuestión de color de piel. También ciudadanos negros y latinos la rechazan puesto que al igual que el resto de la población padecen sus consecuencias.
Después de conocerse el inesperado resultado de las elecciones norteamericanas, el titular en el periódico liberal pro-Demócrata New York Times era elocuente: “El electorado a las élites: ¿ahora si me ves?”. Otros expresaban un mensaje similar de forma más contundente: si los liberales no ponen control en las fronteras, los fascistas lo harán.
Tanto a un lado del Atlántico como al otro, el auge del autoritarismo y de gobiernos reaccionarios se lo debemos en buena medida a la condescendencia con la que las élites políticas tradicionales han desoído la preocupación de los ciudadanos por la actual avalancha migratoria sin precedentes.
El barómetro de la opinión pública publicado el pasado mes de septiembre por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas – organismo público) sitúa la inmigración como la mayor preocupación de los españoles, por encima del paro, la economía y la discusión política. Esto tampoco es suficiente para que el gobierno deje de hacer oídos sordos. En España estamos aún en la fase en la que el gobierno cree que puede indefinidamente ignorar al pueblo. Esta actitud no es sólo irresponsable sino además socialmente corrosiva.
