Las Palmas de Gran Canaria pide al Gobierno de Canarias ser declarada zona tensionada para regular los precios de los alquileres

El Grupo de Gobierno ha llevado este viernes al Pleno un acuerdo declarativo para instar a la Comunidad Autónoma que inicie los trámites pertinentes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado este viernes al Gobierno de Canarias la declaración de la capital como zona tensionada para regular los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía. El Grupo de Gobierno ha llevado este viernes al pleno un acuerdo declarativo por el cual solicita a la Comunidad Autónoma que inicie los trámites correspondientes.

El Consistorio da este paso con el objetivo de que se establezcan las medidas incluidas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno de España, para controlar los precios de los alquileres, pues corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda.

La proposición insta al Gobierno de Canarias a iniciar el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en Las Palmas de Gran Canaria y que se proceda, previa elaboración de una memoria, a la situación de mercado residencial tensionado.

Asimismo, entre los acuerdos que contempla la proposición del Gobierno de la ciudad se encuentra la redacción de un plan específico que ha de proponer las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo, y se aplique el índice de precios de referencia que prevé la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

Según se explica en el documento, la declaración de zona tensionada permite que se pueda aplicar el índice de referencia para el precio del alquiler, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de implementar.

Este índice de referencia ofrece un rango de valores para las rentas del alquiler que operará en las zonas declaradas tensionadas en dos situaciones: cuando el propietario sea gran tenedor ―persona titular de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial― o cuando se trate de una vivienda que no haya estado en alquiler en los últimos 5 años.

La aplicación del índice de referencia de precios va a permitir luchar contra la especulación que se produce en el mercado del alquiler en muchos pueblos y ciudades, que impide destinar menos del 30 % de los ingresos para pagar la vivienda, así como aumentar la oferta de vivienda a un precio asequible. Pero, el requisito inicial para todo esto es que la Comunidad Autónoma, como Administración competente, apruebe las solicitudes que le plantean los ayuntamientos para la declaración de zona de mercado residencial tensionado, recoge el documento.

Además, la declaración de zona de mercado residencial tensionado supone que los contratos nuevos de los pequeños propietarios quedarán referenciados al contrato anterior y que estos propietarios disfrutarán de beneficios fiscales si rebajan el precio del arrendamiento, alquilan a jóvenes, ceden sus viviendas a una Administración pública o han realizado inversiones que posibiliten la mejora de su sostenibilidad.

El acuerdo declarativo que se ha abordado durante la sesión plenaria recoge que “el análisis de su aplicación en Las Palmas de Gran Canaria debe contextualizarse en una ciudad con un crecimiento sostenido de la población general, que se reproduce en el colectivo potencialmente demandante de vivienda, bien sea en régimen de adquisición, o bien en el de alquiler”.

“En este proceso, la complejidad urbanística y la propia dinámica del mercado inmobiliario a partir de la crisis económica de 2008 han incidido en el proceso natural de creación de nuevas viviendas, tanto desde la titularidad pública como privada, con un incremento elevado en el valor comercial del parque residencial existente y libre y un sobredimensionamiento del valor asignado a las viviendas de nueva construcción”, señala.

“Un elemento adicional para explicar el déficit de viviendas disponibles para la población local, y que influye especialmente en una ciudad como la nuestra ―donde la actividad turística ha crecido y se ha consolidado en los últimos años de forma significativa―, es, precisamente, el fenómeno del alquiler vacacional, en un contexto de regulación insuficiente y crecimiento exponencial”, añade el documento.

Por ello, tomando como referencia la Ley del Gobierno de España y el sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, “se puede concluir que existen circunstancias que determinan que nuestro municipio se encuentra en el rango de zonas tensionadas, según legislación, por coincidencia de la media municipal en los dos supuestos reglados para el concepto de zona tensionada: crecimiento en el precio del alquiler y porcentaje del presupuesto familiar destinado a vivienda superior al 30%”.