Rajoy deberá declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel

El tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha aceptado citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa. La petición ha prosperado -a la tercera-, a petición la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

La decisión ha sido adoptada por la mayoría del tribunal, por dos de los tres magistrados.

La decisión se ha adoptado a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa. "Por mayoría la Sala considera esta prueba admisible", ha señalado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

Al inicio de la sesión con la que se ha reanudado la vista por este caso la fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de testifical de Rajoy por considerarla "inútil e innecesaria" ya que "nada ha cambiado" respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó la testifical del presidente del Gobierno al inicio del juicio.

 
La fiscal ha argumentado también que la citación de Rajoy a estas alturas del juicio sería "redundante" porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos

El abogado del Estado ha señalado por su parte que esta declaración es "inútil y redundante" y no han cambiado las circunstancias, no han aparecido nuevos elementos que sustentaran la petición de ADADE. A la negativa del representante de los servicios jurídicos del Estado se han unido varios abogados de las defensas de los enjuiciados en esta pieza de "Gürtel" y el abogado del PP, que ha destacado la "improcedencia" de la diligencia, que consideran que sería "perturbadora" y contribuiría al "circo mediático".

La Sala había mostrado contrario a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016.