Informe anual del Defensor Universitario

El Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha celebrado hoy una sesión plenaria ordinaria, presidida por el Rector Rafael Robaina, en la que se ha procedido a dar a conocer el informe anual del Defensor Universitario, órgano colegiado que vela por los intereses de la comunidad universitaria.

 Francisco Ortega, presidente del Defensor Universitario, presentó el informe correspondiente al año 2017 en el que se indica que de un total de 20.771 miembros de la comunidad universitaria, solo presentaron 120 (0,58%) alguna acción ante el Defensor Universitario.

 De un total de 140 acciones, 50 fueron quejas; y del total, los alumnos presentaron 105 (87,5%). Los problemas principales se refieren, entre otros, a discrepancias en la evaluación (que ha experimentado un descenso considerable de 10 puntos), tasas y planificación académica y organización docente. Con menos de un 10% de los casos se encuentran las referidas a becas, relaciones interpersonales y acceso o matricula. Menor impacto tienen las referidas a becas Erasmus, trabajo fin de grado o normativa de progreso y permanencia, en donde además se detecta un descenso de los casos de reclamaciones sobre becas Erasmus, convalidaciones y en actividades administrativas.

 El Presidente resaltó que ha descendido el número de actuaciones referidas a Teleformación, que tradicionalmente presentaba niveles altos, descendiendo en 2017 a la mitad del año anterior (7% del total). Los centros con mayores actuaciones son Arquitectura, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas e Ingenierías Industriales y Civiles.

 El Defensor Universitario concluyó su informe con algunas reflexiones, en las que se refirió a algunas consecuencias de las Normas de Progreso o Permanencia, como que alumnos con suspenso no consumen convocatoria mientras los no presentados si lo hacen, ya que, si la tasa de éxito de una asignatura es inferior al 30%, no computa convocatoria. El Defensor Universitario requirió un cambio al Consejo Social, que es el órgano competente para modificar las citadas normas, pero no fue atendida.

 Asimismo, se refirió a que, de 84 universidades españolas, sólo la ULPGC cuenta con un órgano del Defensor Universitario que es colegiado, que consideró disfuncional y que obliga a reuniones antes de poder tomar alguna actuación. De hecho, indicó que en el año 2017 se convocaron 15 reuniones del Defensor Universitario, de las que solo se pudieron realizar 6 por falta de quorum. También indicó que, en caso de reforma, habrá que contar con las pertinentes salvaguardas para que el órgano no se torne presidencialista.

 A continuación, el Claustro procedió a la elección de los representantes de este órgano en el Consejo de Gobierno que corresponden a 11 representantes del sector A (profesores funcionarios doctores), 2 del resto de profesorado (sector B); 5 del sector de estudiantes (sector C); y 2 del personal de administración y servicios (sector D).

Los representantes elegidos en consejo de gobierno son:

 Sector A: Belén López Brito; Pedro Sosa Henríquez; Alonso Hernández Guerra; Sonia Mauricio Subirana; Inmaculada González Cabrera; Gregorio Rodríguez Herrera; Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez; Pino Palacios Díaz; Celia Fernández Sarmiento; Manuel Sosa Henríquez; y Jesús García Rubiano.

Sector B: Diana Malo de Molina y Miguel Angel Pérez Aguiar.

Sector C: Ada Santana Aguilera; Luis Guerra Sáez; Bruno Ramírez Cubas; Néstor Negrín Cordero y Fátima Monzón Rodríguez.

Sector D: Santiago Bolaños Sanabria (funcionario) y José Antonio Martín García (laboral).