El Gobierno aprueba el gasto plurianual de dos millones y medio de euros para licitar la Historia Social Única

El Consejo de Gobierno a autorizado este lunes la licitación del contrato del Modelo Operativo Canario de Servicios al Ciudadano en los ámbitos social y de empleo por un importe de dos millones y medio de euros. El contrato corresponde a los trabajos conjuntos realizados por el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda con el objeto de dotar a la Administración Pública en Canarias de un entorno de trabajo interadministrativo para el desarrollo del historial sociolaboral unificado, y el catálogo de servicios ligados, en este caso, a los ámbitos social y de empleo.

El Gobierno apuesta por que Canarias desarrolle un modelo propio para la prestación de servicios, posibilitando el entorno necesario para la gestión unificada de asistencias al ciudadano. Será una estructura operativa común para las distintas unidades del Gobierno de Canarias y de otras administraciones públicas y privadas que ofertan y gestionan una amplia modalidad de servicios y ayudas. El contrato base del acuerdo de gobierno de hoy podría considerarse una primera fase del concepto global de la Historia Social Única ya que parte de los ámbitos social y de empleo para construir el modelo y, en fases ulteriores, integrará otras informaciones, como la sanitaria. En estos dos primeros ámbitos se articulará el modelo a desarrollar no sólo de la información individual del ciudadano, sino, además, de la de su unidad de convivencia. Se integrarán datos como la renta o el domicilio familiar ya que estas marcan de forma determinante la información básica sobre la que construir el modelo operativo de Canarias.

Se trata por tanto de definir e implementar un modelo cuyo alcance y desarrollo pueda incorporar a la totalidad de las administraciones públicas canarias, al tercer sector y al conjunto de servicios públicos en los ámbitos social y de empleo, con incidencia en la calidad de vida de las personas, pero cuya esencia parte de las unidades de convivencia. En definitiva, esta iniciativa persigue una perspectiva integral de las personas y que, aprovechando los trabajos previos realizados por distintos centros directivos, permita una mejora relevante de la actual situación.

Este nuevo modelo de gestión coordinada facilitará el marco de trabajo del sistema público de servicios al ciudadano que inciden en su calidad de vida y, por tanto, su estructuración, ordenación, planificación y gestión, con el soporte de las correspondientes administraciones públicas en materia social y de empleo, pero también en sanidad, vivienda, educación, justicia, igualdad y violencia de género, prestaciones sociales, atención sociosanitaria y cualesquiera otra que se identifiquen en un futuro inmediato.

Como afección más directa al ciudadano, al permitir facilitar y agilizar la cooperación y acceso interadministrativo a la información, éste no tendrá que ir de una administración o entidad a otra cada vez que necesite solicitar una ayuda o inscribirse en un programa y permitirá hacer un seguimiento global de la asistencia.

También facilitará la operativa de tal manera que el historial social y laboral unificado hará posible la gestión de la futura Renta Canaria de Inclusión, así como la implementación del registro único de entidades y servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo.

Este modelo reducirá los costes a medio y largo plazo de los sistemas de servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo, a partir de la efectiva redistribución de los recursos aportados por los distintos agentes, primordialmente las administraciones públicas, y su aprovechamiento óptimo.

La sistematización del marco de seguimiento permitirá la adopción de acciones correctoras que garanticen la adecuada evolución del modelo y la optimización continua del modelo para la mejora de su eficacia.

El texto del anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en tramitación parlamentaria, introduce este nuevo concepto de colaboración interadministrativa al detallar en su exposición de motivos, apartado III, que “el sistema de servicios sociales funcionará de forma integrada y coordinado en red, de acuerdo con el marco normativo que establece la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen. Para ello, el sistema público de servicios sociales de Canarias se coordinará con todos los demás sistemas que inciden en la calidad de vida, como son los de salud pública, igualdad de género, prevención y protección de las mujeres contra la violencia de género, educativa, de ocupación y empleo, de vivienda, judiciales y otros”. Define, además, el sistema público de servicios sociales de Canarias como la integración de los servicios sociales de titularidad pública, y los de titularidad privada acreditados y contratados por las administraciones públicas, esto es, un sistema para el que demanda coordinación y, por tanto, un modelo de interoperabilidad. Este modelo operativo camina en esta dirección.