El nuevo decreto de la plusvalía supondrá a Santa Cruz de Tenerife 3 millones menos de recaudación

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Hacienda que dirige Juan José Martínez, anuncia que “las consecuencias del nuevo Real Decreto (RD) que establece las bases de cálculo del injusto impuesto de la plusvalía significará para esta capital dejar de recaudar alrededor del 50% por este concepto, cifrado en unos 3 millones de euros” y anticipa que “además, precisará de una duplicación de la gestión administrativa y disponer, también, de personal cualificado para tal cometido”.

De hecho, el alcalde, José Manuel Bermúdez, entiende que “este asunto afecta a todos los municipio de Canarias, con diferente repercusión, que va desde el 30 al 70% menos en la recaudación por este impuesto” y agrega que “esto supone una pésima noticia para las arcas municipales, precisamente en un año en el que hemos visto descender los ingresos por la crisis económica derivada de la pandemia, mientras que hemos tenido que afrontar gastos extraordinarios para atender a la ciudadanía más vulnerable y servicios por encima de nuestras competencias como ayuntamientos”.

Por otra parte, Bermúdez destaca que “en un momento en el que Santa Cruz está apostando por la rebaja de impuestos y tasas, con la finalidad de que pymes, autónomos y familias dispongan de más liquidez para gastar en la ciudad, este decreto solo viene a restar” y sugiere que “debiera ser el Gobierno de Canarias el que se situara al frente de las reclamaciones de los municipios para disponer de alguna alternativa que alivie esta menor recaudación, para poder seguir prestando los servicios a la ciudadanía que nos reclama más atención en esta difícil época donde el Ayuntamiento es la primera puerta que se toca”.

Juan José Martínez, por su parte, señala “la nueva regulación del impuesto de la plusvalía supone, además de la merma en los ingresos necesarios para atender servicios municipales, un incremento en la complejidad para su gestión, tanto para contribuyentes como para la propia administración y el previsible incremento de los litigios con respecto a este impuesto” y enfatiza que “lamentamos que esta sea la solución, deprisa y corriendo, adoptada por el Gobierno estatal, cuando ha tenido tiempo de sobra para hacerlo y cuando existían otras fórmulas más cómodas para el contribuyente y más eficientes para la administración”.

“Esta nueva regulación –insiste el concejal- va a traer consigo la necesidad de efectuar valoraciones contradictorias de las estimaciones que los ciudadanos hagan en las diferencias de los precios de compra-venta” y vaticina que “solo pensando en eso ya requiere tener un dispositivo especial, con arquitectos técnicos, entre otro personal permanentemente realizando este tipo de valoraciones, con lo cual supone además un coste añadido a la gestión, por lo que defendemos unos impuestos claros sobre un hecho imponible y que no den lugar a dudas ni del administrado ni por parte de la administración que lo gestiona”.

“Es cierto –argumenta Martínez- que aunque la anterior regulación era injusta, se trataba de unos ingresos consolidados que necesitan los ayuntamientos para poder mantener el nivel de servicios públicos que se prestan a la ciudadanía” y se muestra contrariado al comprobar que “no hay compensación ninguna a los municipios por parte del Estado, ni se prevé, algo que denunciamos desde Santa Cruz, por lo que hemos solicitado al Gobierno de Canarias que, en la medida de sus posibilidades, favorezca la financiación local para el próximo ejercicio y de esa manera compensar estas pérdidas de recaudación”.

En este sentido, el concejal de Hacienda apunta la posibilidad de que “si no se crea un fondo específico parta tal finalidad por parte del Ejecutivo canario, al menos sí que se podría favorecer esta situación retrasando la obligatoriedad de devolver las liquidaciones negativas de los ingresos del REF de ejercicios anteriores”.

Para finalizar, Juan José Martínez desvela que “hubiera sido más sencillo recargar este impuesto en el IRPF, en el capítulo de transmisiones patrimoniales, lo que era muy sencillo de realizar, con un coeficiente que fuera destinado directamente a los ayuntamientos, lo que sería fácil de gestionar y de recaudar, ya que la referencia catastral identifica a cada municipio” y, sin embargo “se ha optado por mantener una figura con un real decreto que solo está alargando la agonía de una figura impositiva que no funciona”, concluye.