Canarias insta al Estado a mediar en torno a la huelga de controladores aéreos prevista para febrero

María Fernández aboga por la búsqueda de soluciones para evitar la paralización de la actividad, que afecta a la conectividad y competitividad de Canarias

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha instado, por carta, al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y al secretario general de Transporte aéreo y marítimo, Benito Núñez, a que medien para evitar la huelga de controladores aéreos convocada del 1 al 29 de febrero.

En esta línea, María Fernández ha insistido, nuevamente, tras hacerlo también el pasado 20 de noviembre por la misma vía al Ministerio, en que “la privatización de un servicio tan crucial tiene consecuencias muy significativas para Canarias, afectando a nuestra conectividad, nuestro transporte de mercancías y, especialmente, a nuestra principal actividad económica, el turismo”.

“La privatización de estos servicios merma la seguridad y la eficiencia del tránsito aéreo entre islas y entre el resto de territorios, un servicio esencial por nuestra condición de Islas que perjudica el derecho de conectividad de los canarios y canarias y a la competitividad del Archipiélago al priorizar los intereses comerciales”, ha recalcado.

Asimismo, Fernández ha instado a paralizar la intención de privatizar el resto de servicios de los aeropuertos canarios y a revertir la privatización en aquellos aeropuertos donde ya se ha llevado a cabo, restaurando la situación anterior.

“Este conflicto está teniendo un impacto negativo en el servicio público y es necesario buscar una solución que garantice la eficiencia y seguridad en el control del tráfico aéreo. Además, estas huelgas afectan directamente a los residentes en Canarias; al turismo, el primer motor económico de las Islas, que atrae a millones de turistas cada año; así como a los trabajadores de las empresas privadas que se encuentran en un escenario de inestabilidad laboral, que motiva a que realicen, de manera legítima, su derecho a la huelga”.

Para concluir, Fernández ha recordado que antes de proceder a la privatización de las torres de control, se debería de haber tenido en cuenta los aspectos sociales y económicos de la medida, evaluando el impacto global que tendría en nuestro Archipiélago.