La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda destina un fondo extraordinario de 14,5 millones de euros para evitar la despoblación en los municipios rurales

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy que el Gobierno regional destina este año una partida extraordinaria de 14,5 millones de euros a evitar la despoblación en el medio rural canario incentivando la rehabilitación, adquisición y construcción de viviendas en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Este fondo extraordinario para rehabilitación y adquisición será gestionado de manera conjunta con la Federación de Municipios de Canarias (FECAM) para repartirlo en aquellos ayuntamientos con baja población para que se construyan o rehabiliten viviendas en desuso que destinar a las familias demandantes de una vivienda pública.

 El consejero aseguró, ante una interpelación de la oposición en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Parlamento, que dentro de los programas previstos en el nuevo Plan de Vivienda de 2020-2025 uno se dedica de manera específica a combatir la despoblación rural en los municipios de menos de 20.000 habitantes situados en entornos rurales, tal y como solicitó la FECAM durante las reuniones previas a la elaboración del documento. Por ello, se han habilitado dos líneas de actuación: una que se repartirá directamente a los municipios afectados por la despoblación (a la que se dedica el fondo extraordinario de 14,5 millones de euros), y otra que gestionará directamente el Gobierno y que se centrará en la construcción de nuevas VPO en esos municipios, tal y como recoge el Plan de Vivienda.

 La primera de estas líneas, la que gestionarán los ayuntamientos, dará prioridad a la rehabilitación de viviendas ubicadas en estos enclaves rurales. Se pretende incentivar este tipo de obras para dotarlas de las adecuadas condiciones de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, facilitar todas aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de las mismas.

 “Para impulsar esta línea de rehabilitación, el Gobierno ha incluido este año por primera vez en el presupuesto de Vivienda una partida de 14.529.696 euros destinada a tal fin”, aseguró Franquis, “desde la Consejería, y con el objetivo de que el dinero llegue eficaz y rápidamente a los ayuntamientos, nos pusimos en contacto con la FECAM con quien hemos negociado un convenio de colaboración para gestionar estos fondos que ya está prácticamente cerrado y que firmaremos en las próximas semanas”.

 Las subvenciones que se repartan entre los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes se destinarán a tres objetivos. Por un lado, incrementar el parque público de alquiler social a través de la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. También servirán estos fondos para promover la rehabilitación de viviendas de titularidad privada, cuyos propietarios reúnan los requisitos necesarios, para dotarlas de las adecuadas condiciones de habitabilidad. Por último, una parte de este fondo extraordinario servirá para fomentar la adquisición o construcción por parte de los ayuntamientos, de viviendas en régimen de alquiler en esos municipios con menos población de las islas.

 La segunda línea de actuación del Plan de Vivienda para luchar contra la despoblación rural es la que gestionará directamente la Consejería y que se dedica a la construcción de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler en dichos municipios, línea que cuenta con una financiación propia aparte del fondo extraordinario de 14,5 millones. El Plan recoge en esta segunda línea de actuación la construcción de un total de 614 viviendas en estos municipios durante los cinco años de duración del mismo. construcción que asumirá directamente el Gobierno de Canarias a través del ICAVI (que construirá 323) y Visocan (otras 291).

 Todas estas actuaciones están encaminadas a que se consiga el objetivo marcado en el propio Plan de Vivienda 2020-2025 que es fijar la población en el entorno rural y evitar la fuga de habitantes hacia las grandes urbes del Archipiélago.