Pepa Luzardo
Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Una de las principales capacidades que tiene la televisión es poder inventar un mundo en apariencia real. Ese debe ser el motivo por el que Augusto Hidalgo (PSOE) se acaba de montar un plató, con suelo de césped incluido, en la terraza de las Oficinas Municipales. Desde ahí nos ofrece ahora su dosis diaria de propaganda, en la que por supuesto no hay lugar para declarar, por ejemplo, la emergencia social en la ciudad. Ese era uno de lo puntos más importantes incluidos en el orden del día del pleno extraordinario que el pasado viernes los grupos de la oposición obligamos al alcalde a convocar. Una sesión extraordinaria y monográfica para analizar y debatir la situación de los servicios sociales y las ayudas de vivienda en esta capital.
Porque en la agenda diaria del máximo exponente del “gobierno de las personas”, como PSOE, Podemos y Nueva Canarias auto-denominaron al pacto constituido en 2015 para evitar a toda costa que el Partido Popular siguiera gobernando la ciudad, ha desaparecido por arte de magia la grave crisis social que azota al municipio. No por la ejecución pertinaz de una política social ordenada, previsible y a largo plazo, sino por el mero hecho de que llegara la izquierda al poder.
La declaración de emergencia social es una herramienta que regula la Ley de Servicios Sociales para permitir contratar personal y agilizar todos los procedimientos administrativos, incluido los concursos de esta área. Y propusimos junto al resto de grupos políticos de la oposición que se activara este mecanismo -como ya hizo Santa Cruz de Tenerife- porque a pesar de que gobierne la izquierda la realidad es tozuda: las ayudas llegan tarde y por tanto mal a las familias y personas más vulnerables de nuestro municipio. Una ayuda que no se concede de manera ágil y rápida deja de ser una ayuda.
Me constan familias con menores a su cargo que estuvieron esperando hasta cinco meses para ser atendidos en una lista de espera que llegó a tener hasta 1.900 personas en cola, tan solo en dos de los cinco distritos, para tener acceso al sistema de Servicios Sociales de Las Palmas de Gran Canaria. Únicamente para analizar su circunstancia personal para establecer después una respuesta a esa familia, muchas de ellas con menores a su cargo.
Porque aunque gobiernen ahora quienes nos acusaban de anti-sociales, una coletilla que se ha demostrado falsa, en esta ciudad hay familias a día de hoy con menores a su cargo que no reciben las prestaciones económicas suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentos, pagar la factura del agua, de la luz o del alquiler de su vivienda.
Siempre me ha sobrecogido la frase de que ‘el hambre no espera’. Mientras el Alcalde socialista de nuestro municipio montaba su plató en la terraza de las Oficinas Municipales, me pregunto si recordaba otra de esas frases que ha acuñado en estos años de gobierno, pero que sobre todo pronuncia en fase de campaña electoral. Repetía como un mantra que no iban a dejar a nadie atrás. Pero la realidad es que tenemos a un Alcalde ausente de la gestión al que solo le gusta la publicidad y la autocomplacencia. Está puesto y dispuesto para viajar a Madrid solo a inaugurar una lona de publicidad del Carnaval que sigue empeñado en celebrar en febrero -mientras la variante Ómicron riega la ciudad de contagios- destinando todos los recursos económicos que hagan falta aunque la situación del COVID no lo aconseja. Su carrera electoral hacia el Cabildo, ya confirmada por su propio partido, aconseja que a un año de las elecciones no se prive de nada. Si el ímpetu y los recursos que inyecta todos los años en ampliaciones económicas de dos millones de euros a la Sociedad de Promoción lo hiciera con Servicios Sociales y Vivienda otro gallo nos cantaría.
Por ello lo de “el gobierno de las personas” y “no dejar a nadie atrás” se ha convertido en meras palabras huecas. El pacto de izquierdas lleva ya casi siete años de gobierno en esta ciudad y no es capaz de resolver la falta personal en Servicios Sociales. Estos profesionales no aguantan más, están desbordados, no se cubren las bajas, las jubilaciones, las vacantes de la Relación de Puestos de Trabajos; ni siquiera tenían tóner hace unos días para imprimir la documentación que deben firmar los ciudadanos que acuden a Servicios Sociales. Esto sucede mientras la ciudad tiene en sus cuentas bancarias mas de 300 millones de euros, que se dice fácil. Por tanto, es una cuestión de gestión y no de dinero. En concreto de muy mala gestión. Por estos motivos le manifesté a Augusto Hidalgo en el pleno de hace unos días que por lo que a nosotros respecta tiene un cero en gestión social. La pandemia ha puesto de manifiesto lo peor de su mandato, porque no se puede vivir permanentemente de la propaganda y la autocomplacencia. Desde el nuevo set televisivo de la sexta planta no se palpa, ni se aprecia, lo que sufren muchas familias que no tienen recursos suficientes ni para dar de comer a sus hijos.
Quien presumía de ser el máximo exponente del “gobierno de las personas” ha cometido la tropelía, porque no tiene otro calificativo, de cerrar los locales municipales a las entidades que reparten alimentos a los vecinos. Las mismas entidades a las que los propios servicios sociales derivan a personas con una carta para poder ser atendidos. Nunca había visto una decisión igual. Se trata de una ayuda temporal durante meses hasta que el ayuntamiento resuelve y les concede una ayuda económica, para la que tarda a veces mucho más de la cuenta. Ahora mismo sé que Cáritas parroquiales está recibiendo cartas de derivación para que familias sean atendidas los seis primeros meses de este año, tiempo durante el que el ayuntamiento no es capaz de dar una alternativa social a estas familias. Este gobierno ya tiene claro que no será capaz de hacerlo en estos primeros meses del año, porque sigue sin aprobar el presupuesto municipal, que como pronto no estará en vigor hasta marzo. Porque no se sabe nada de las tarjetas de supermercado, a las que el año pasado destinaron solo un millón de euros para solo los seis primeros meses del año.
Lo lógico seria entregar tarjetas-monedero que pueden ir recargándose mes a mes según las circunstancias y necesidades de las familias y que además permiten comprar en cualquier cadena de supermercados e incluso en los mercados municipales y tiendas cercanas de los barrios. Esto no se hace porque el personal de los servicios sociales no tiene capacidad para gestionarlas, mientras este sistema sí que lo utiliza en propio Gobierno de Canarias para los alimentos de verano de los niños que ahora no pagan el comedor de sus colegios por la situación económica de sus familias. En fin, hemos perdido una oportunidad de oro de atender como se merece a las personas y familias más vulnerables en una ciudad que es la novena de toda España y que dispone de recursos de sobra para ello. Una fotografía (borrosa) de los servicios de atención social que completa la gestión de las ayudas al alquiler. Este Ayuntamiento concede una media de 850 al año, mientras deniega la friolera de 944 solicitudes (más de las que aprueba), de las cuales 108 son porque superan los dos años que establece la ordenanza como límite para recibirla.
La mayoría de estas solicitudes denegadas son a mujeres con niños. No entiendo cómo no son capaces de eliminar este plazo de dos años cuando las circunstancias de la familia no han cambiado, ¿tanto le cuesta a este gobierno de izquierdas ser sensible y modificar estos términos? Si tenemos claro que estas ayudas de alquiler ayudan a las familias con escasos recursos para pagar rentas de alquiler hasta los 600 euros y conocemos los precios del mercado, ¿por qué no se modifican estas bases, se quita el limite de los dos años y dado que el Gobierno de Canarias es un desastre en la gestión de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda no se les pide que sean transferidas estas partidas económicas para que la ciudad las gestione?
Lo mismo sucede con las ayudas de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Primero este ayuntamiento contrata tarde al personal que debe tramitarlas e incluso se ‘apropia’ de estos 30 nuevos trabajadores -que son contratados por un convenio que se firma todos los años- como si fuera un plan de choque del gobierno de izquierdas que preside esta ciudad. El colmo es que esa partida de la PCI no se agotó el año pasado en perceptores, en altas, y por eso decidieron dar una paga extra a los 9.500 beneficiarios en vez de agotarlas en nuevas altas al sistema. Una decisión del Gobierno de Canarias, donde gobiernan los mismos que en Las Palmas de Gran Canaria. Otros que tampoco iban a dejar a nadie atrás.
