Pepa Luzardo
Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
El último pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó una moción del Partido Popular que defendió la entrega de las escrituras de la propiedad a los adjudicatarios de la viviendas publicas del Plan I y II de Viviendas de Canarias.
Desde los tiempos de Jerónimo Fregel, como Director General de Vivienda del Gobierno de Canarias, no se han entregado escrituras de propiedad. Desde entonces, muchos adjudicatarios han pagado por encima del precio de amortización que establece el articulo 48.5 de la Ley de Vivienda, que regula el acceso a la propiedad privada después de deducir del precio de venta las aportaciones realizadas durante todos esos años por las rentas de alquiler, previa solicitud de las mismas y estudio que debe hacer el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
Me estoy refiriendo a los adjudicatarios de estas viviendas de Jinámar, Casablanca III, Lomo Los Frailes, Las Torres, Bandama, El Lasso I, II, III y IV, Las Majadillas o Tamaraceite entre otras. Ahora se publica un informe del ICAVI para la consulta previa sobre la iniciativa normativa del proyecto de decreto de medidas de acceso a la propiedad de viviendas protegidas y de régimen jurídico de la calificación de las mismas, un primer paso para luego aprobar el decreto que establezca el procedimiento para la entrega de las escrituras. Pero este informe establece un plazo largo de 12 meses para realizar la solicitud de las mismas y no dejará descalificar voluntariamente las viviendas del Plan de Canarias 2005-2008. Pero sobre todo debería fijar un precio asequible teniendo en cuenta la antigüedad de las mismas, es decir, que no son viviendas de VPO para estrenar con un precio actualizado.
Tengo que felicitar a la Plataforma Ciudadana ‘Viviendas Sociales en Lucha’ porque llevan muchos años reivindicando la entrega de estas escrituras y a Doña Francisca Tejera, en particular, por intervenir en el pasado pleno municipal de Las Palmas de Gran Canaria dándole su voz a esta Plataforma. Además, en la misma sesión, pusimos de relieve que Visocan tiene un afán recaudador cobrando alquileres abusivos en las viviendas de Ciudad del Campo por un importe que en su conjunto supera los 613 euros. Es decir, el Ayuntamiento le cede el suelo a Visocan para que construya vivienda sociales y luego Visocan decide construirlas para venderlas. Como llegó la crisis solicitó a su ‘hermana’ el Instituto Canario de la Vivienda cambiar el uso para destinarlas a alquiler privado. Y de esos lodos vienen estos barros.
¿Alguien puede explicarme cómo a una familia que consiguió una vivienda de alquiler de las promociones públicas de Ciudad del Campo le cobren hoy por el alquiler de la vivienda 478,34 euros más por el 17,71 cada mes en concepto de IBI? ¿Que por la plaza de garaje se les cobre 102,34 euros? ¿Que a esto se sume el seguro de hogar, el mantenimiento del edificio y los gastos de la comunidad haciendo un total de 613 euros?
A esto hay que añadir que la propia Audiencia de Cuentas de Canarias destaca en su informe de fiscalización, en referencia a esta empresa pública, que recauda más de lo que invierte en el mantenimiento de estas viviendas y cuya cuota además pasa mensualmente a los arrendatarios. Yo misma pude comprobar cómo en la última convocatoria de ayudas para realizar obras de rehabilitación y accesibilidad de edificios finalizados antes de 1996, convocada por el Gobierno de Canarias para ayudar a las comunidades de vecinos privadas, Visocan se presentaba como si fuese un particular, apareciendo en la relación de propietarios a los que se concedieron estas ayudas.
Es decir, que Visocan cobra dos veces. La primera vez, a cada arrendatario que no invierte en el mantenimiento de sus viviendas, y después logrando que el Instituto Canario de la Vivienda destine parte de ese paquete de ayudas, que en origen iban a edificios privados, a obras de rehabilitación en las viviendas públicas del Gobierno de Canarias. También el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destina ayudas al alquiler de su presupuesto general a los arrendatarios de viviendas de Visocan, que solicitan las ayudas municipales porque no pueden acogerse a las subvenciones para estos alquileres que otorga el ICAVI sencillamente si no pagan la cuota de la comunidad o no cumplen con los requisitos para renovar, algo que es evaluado cada dos años.
Hace un par de semanas estuvimos en Ciudad del Campo hablando con vecinos en estas exactas circunstancias, que nos han enviado además los recibos de alquiler para poder preparar esta moción que defendimos en el Pleno de octubre.
Nos parece inmoral que una empresa pública trate de esta forma a los arrendatarios, que les suba el IPC cuando la Ley de Vivienda establece que el Gobierno de Canarias, a través de su Instituto Canario de la Vivienda, asume dicha subida que abona a Visocan. Sin embargo la empresa pública sube a los alquileres ese IPC y nadie, ni siquiera el Presidente del Gobierno de Canarias, se inmuta y permite algo tan kafkiano como que ese IPC de los alquileres se subvencione a Visocan y al mismo tiempo se les repercuta a los arrendatarios y adjudicatarios de vivienda pública.
Visocan se gestiona como si no fuese una empresa 100% pública, dependiente del Gobierno de Canarias. Me recuerda a un cortijo que ejecuta desahucios e intenta cobrar dos veces los recargos -una al Instituto Canario de la vivienda y otra haciendo firmar a estas familias dichos incrementos en los recibos como si fuese un especulador inmobiliario. Es indecente que el Gobierno de Canarias permita a Visocan cobrar alquileres por encima de 390 euros y hasta 613 euros, obligar a firmar una carta de compromiso de pago y además recibir dinero público del Instituto Canario de la Vivienda para subvencionar el impago de los alquileres.
Me indigna que todo el GOBIERNO mire para otro lado.
El informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas que pedimos en la legislatura pasada es demoledor, con adjudicaciones directas en contrataciones por encima de los 50.000 euros, sin transparencia en la licitación, sin publicidad ni concurrencia. Visocan no suele formar mesa de contratación para analizar las ofertas sino que adjudica directamente por el Gerente, incluso detectaron desviaciones de precios y de plazos de ejecución, sin que conste en el expediente la causa de dicha desviación. Estamos hablando de una empresa que se financia con los impuestos de todos los canarios.
Una de las conclusiones de la Audiencia de Cuentas es que Visocan no tiene implantado unos procedimientos de gestión, revisión y evaluación del estado de ocupación de las viviendas que pongan de manifiesto, tanto la efectiva ocupación y estado de las viviendas como que los ocupantes son los legítimos arrendatarios, así como que la situación socioeconómica del arrendatario pudiera justificar una excepcional declaración de incapacidad para hacer frente a las rentas que requieran el establecimiento de medidas, que pasa por establecer legalmente que los alquileres no pueden rebasar el límite del 12% de los ingresos netos de la familia. Esta fue una de las cuestiones que planteamos en esta moción y que logró su aprobación en el pleno municipal.
Estamos hablando de muchas familias que lo están pasando muy mal en nuestra ciudad. El PP no les va dejar solos, seguiremos denunciando estas injusticias para que la opinión publica lo conozca a través de los medios de comunicación.
