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Sánchez quiere eliminar aforamiento de políticos por casos ajenos a su cargo

La medida dejaría a los golpistas independentistas en manos de un tribunal de Cataluña y no en el Supremo

Canarias Noticias - 17/09/2018

El anuncio realizado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que planteará una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos sólo afectará a determinados cargos públicos y en cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo.

Así lo han precisado fuentes del Ejecutivo, que han explicado que, por ejemplo, los miembros del poder judicial seguirán manteniendo su aforamiento.

En el caso de los cargos públicos, han precisado que la idea es que se aplique a diputados, senadores y miembros del Gobierno y que sólo puedan seguir aforados ante casos que tengan que ver con el ejercicio de su actividad.

Sin embargo, el aforamiento se eliminaría para cuestiones que no tengan nada que ver con su función como cargo público.

Las fuentes del Gobierno han informado de que a lo largo de la jornada prevén precisar esta propuesta y que la intención es que pueda llevarse a la mesa del Consejo de Ministros el próximo viernes para un primer análisis.

Después se remitiría al Consejo de Estado y a los partidos con representación parlamentaria para que volviera después al Gobierno.

Además, el Ejecutivo no descarta aprovechar esta reforma para abordar también una modificación del artículo 49 de la Constitución, que versa sobre la política de los poderes públicos respecto a los "disminuidos" físicos, sensoriales y psíquicos para eliminar ese término.

El Gobierno asegura que no hay la más mínima relación entre esta propuesta del presidente y la situación del líder del PP, Pablo Casado, por la polémica en torno a su máster y que está en manos del Tribunal Supremo.

Sí consideran en todo caso que podría afectarle y, por tanto, eliminar su aforamiento, si hubiera una disposición adicional que precisara que se aplicaría esta medida para los casos que estuvieran en curso en el momento de la aprobación de la reforma y siempre que el Tribunal Supremo no se hubiera pronunciado aún en ese momento sobre el caso de Casado.

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