Hacienda reafirma su voluntad de que el IBI social alcance al mayor número de personas de Santa Cruz de Tenerife

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, reafirmó hoy ante la comisión municipal de control al gobierno la voluntad inequívoca de que la ayuda fiscal de carácter social en el abono anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) alcance progresivamente a un mayor número de beneficiarios, que reúnen los requisitos establecidos a este efecto.

Juan José Martínez, que ofreció con absoluta transparencia los datos del IBI social relativos a la última campaña fiscal, restó importancia a la moderada incorporación de beneficiarios a esta ayuda, dado que requiere de gestiones administrativas previas por parte del interesado, pero se mostró convencido de que ese volumen de personas se incrementará año tras año.

Al respecto, el concejal de Hacienda informó de que todos los municipios que se han ido sumando al programa del IBI social han experimentado una fase inicial de escasa demanda debido a la falta de información o hábito de los nuevos perceptores de estas ayudas fiscales de reciente creación.

Por el contrario, Santa Cruz de Tenerife -señaló el edil- ha ido intensificando en los dos últimos años la campaña de información y divulgación del IBI social y la expectativa es que el volumen de beneficiarios crezca y se consolide en cada nuevo ejercicio fiscal.

En el afán de promover el IBI social, Martínez aprovechó la comisión de control para recordar que cualquier ciudadano de Santa Cruz que esté obligado a liquidar este impuesto como propietario de una única vivienda y que a su vez, por sus condiciones económicas, sea beneficiario de una prestación social, está en condiciones de acogerse a esta medida.

Siempre y cuando, advirtió Martínez, carezca de recursos propios y que el valor catastral total no sea superior a 40.000 euros.

El concejal reiteró que “muchas personas, potencialmente beneficiarias, no conocen aún esta ayuda y no cumplimentan por tanto las gestiones administrativas para acreditar su situación social y patrimonial, pero no vamos a tirar la toalla por ello. Seguiremos informando y cada vez serán más los beneficiarios”.

De hecho, cuando en 2017 se puso en marcha el IBI social, sólo se presentaron 60 solicitudes, mientras que en 2018, esa cifra ascendió a 144, un 240% más que el año anterior.