Jiménez: “Es una lástima que Canarias lidere la generación de dinero negro en España”

El presidente de Femete apoya la creación de un observatorio especial para luchar contra la economía sumergida: “La unión entre AAPP, organizaciones empresariales y sindicales con la ciudadanía es la mejor arma de combate”

“Es una lástima que Canarias lidere la generación de dinero negro en España y ocupe siempre los primeros puestos en esa bochornosa clasificación de regiones con mayor economía sumergida”. Son declaraciones del presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, alertando de los datos que ofrece un informe elaborado por la Universidad de Murcia, publicado recientemente, donde se indica que la economía sumergida en nuestra comunidad autónoma haya alcanzado los 8.500 millones de euros en el año 2022, el 17,9% del Producto Interior Bruto de la región. “La mejor arma de combate contra tan dañina lacra para el progreso de nuestra sociedad es la unión entre Administraciones Públicas, organizaciones empresariales y sindicales con la ciudadanía. Por esa razón, aplaudimos y apoyamos la propuesta que se presentó ayer en el Parlamento de Canarias de crear un observatorio especial para luchar contra la economía sumergida en el que participaran las Administraciones Públicas, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas como Femete y Femepa”, resalta Juan Antonio Jiménez.

Un ejemplo y una responsabilidad

“Un ejemplo de unión de medios para combatir con eficacia y eficiencia los graves perjuicios que provocan esas empresas fantasmas que incumplen las normativas fiscales y laborales es el proyecto ‘Apuesta por la Industria Legal’, que promovemos desde Femete y Femepa con la subvención de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, que cuenta igualmente con el apoyo de cabildos insulares y ayuntamientos. Una iniciativa que mantiene la plataforma YoSoyLegal.es como punto de encuentro para localizar empresas y profesionales industriales que sí cumplan con la legalidad, aportando calidad, garantía y seguridad en sus servicios. Además, este proyecto pone en valor a las empresas y profesiones industriales como claves para el desarrollo económico y sostenible de Canarias. Al mismo tiempo, conciencia a la ciudadanía, en especial a la juventud, de la necesidad de formar personal cualificado en oficios industriales dada su alta demanda laboral”, explica Juan Antonio Jiménez.

“Solo a través de una estrecha colaboración entre el sector público y privado podemos lograr avances reales en la erradicación de una economía sumergida que causa daños directos tan peligrosos como el incremento de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso, las organizaciones empresariales como Femete, junto a las Administraciones Públicas y la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de impulsar políticas y programas que promueven la formalización y legalización de la actividad empresarial y laboral. La unión de esfuerzos es vital para establecer un entorno de legalidad, transparencia y competitividad que beneficie a toda la sociedad canaria”, afirma.

El presidente de Femete llama la atención sobre “el desmedido y desproporcionado nivel de actividad económica ilegal no solo representa una grave competencia desleal para las empresas y personas trabajadoras que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, sino que también supone una importante merma para las arcas públicas, afectando a la financiación de servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras. La generación de dinero negro afecta negativamente a la economía formal y debilita la capacidad del Estado para redistribuir los recursos públicos, como denuncia nuestra federación desde sus orígenes, hace ya 45 años, en los que ha hecho de la lucha contra la economía sumergida una de sus principales prioridades. Ha sido y será una batalla constante para Femete”.

Con iniciativas como “Apuesta por la Industria Legal“, Femete reafirma su compromiso con la creación de un entorno empresarial transparente y formal, que garantiza la competitividad justa, el desarrollo económico sostenible y la protección de los derechos laborales en Canarias. “Nuestro objetivo sigue siendo claro: construir una industria que contribuya al progreso y crecimiento sostenible de Canarias, donde todas las empresas y personas trabajadoras compitan en igualdad de condiciones y puedan desarrollarse dentro del marco de la legalidad”, concluyó Jiménez.