Las fuerzas sindicales respaldan por unanimidad la reclamación del Gobierno de Canarias para el cobro íntegro de los sexenios

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, el viceconsejero del área, David Pérez-Dionis y el director general de Personal de la Consejería, Juan Rafael Bailón, explicaron esta mañana a la representación de los sindicatos del sector educativo la estrategia que plantea llevar el Gobierno de Canarias a la Comisión bilateral de negociación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, para evitar que el Gobierno central anule el cobro de los sexenios y los nuevos complementos retributivos, tal y como están recogidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.

 El importe de los sexenios y la incorporación de los otros complementos están recogidos con todo detalle en el convenio que todas las fuerzas sindicales suscribieron con el Gobierno de Canarias el 1 de septiembre de 2017. Sin embargo, el Gobierno del Estado publicó un Real Decreto-Ley el 21 de diciembre pasado, que restringe el incremento de los complementos retributivos en toda la función pública y que consideran que impediría aplicar el importe de los sexenios correspondiente a 2019.

 Como ejemplo, el acuerdo de 2017 recogió en una tabla que el primer sexenio en la carrera docente se pagaría a 32,5 euros el primer año y que, en el segundo, se abonarían 55 euros por ese concepto, tal y como se recogió en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. La Consejería entiende que no se trata de un incremento, sino de cifras ya establecidas desde el año 2017 y que, fueron furto de una intensa negociación y de un acuerdo para la implantación de los sexenios en cinco años, hasta 2022, y no en un solo ejercicio, lo que sí habría supuesto una merma para las arcas canarias.

 Todas las fuerzas sindicales entendieron y respaldaron los argumentos del Gobierno de Canarias y coincidieron en destacar que Canarias era la única Comunidad Autónoma que no tenía implantado el modelo de sexenios, por lo que parar ahora su implantación supondría perpetuar la desigualdad entre el profesorado canario y el del resto del Estado, por lo que mostraron su clara oposición a las intenciones del Estado de permitir un incremento en el importe de poco más del 2%, en aras de la contención del gasto. A este respecto, la representación de la Consejería también señaló la capacidad de las islas para abordar estos pagos sin sufrir problemas presupuestarios.