Pepa Luzardo
Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Hace algo más de un año, el 30 de abril de 2021, tuve la oportunidad de defender en el pleno municipal una moción para estudiar y poner en marcha como medida para incentivar el consumo en nuestra capital una herramienta que denominamos ‘Bono LPA’, un bono-consumo que contribuyera desde el ayuntamiento a paliar las consecuencias económicas que produjeron las restricciones por el COVID 19 en la economía.
Fue una moción aprobada por unanimidad en dicho pleno, pero que esta izquierda que nos gobierna nunca tuvo intención de implementar, ni siquiera la intención de ponerla en marcha, sino que nos ha tenido un año entretenidos con un supuesto estudio que nunca existió, con la excusa de hacer un documento para analizar las fortalezas y debilidades de este bono. Así han pasado los doce meses desde la aprobación de esta primera moción.
En este tiempo, en reiteradas ocasiones, hemos preguntado en sucesivos plenos y comisiones cómo iba el estudio para establecer este bono. La respuesta siempre ha sido la misma: que tenemos un estudio que no aconseja ponerlo en marcha y sería discriminatorio para las personas que no tienen recursos económicos porque acuden a servicios sociales y no pueden disponer de renta para el consumo.
Es decir, lo que ha funcionado en ciudades como Bilbao, León, Burgos o Santa Cruz de Tenerife, incluso lo ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias para ayudar a mitigar las consecuencias de la erupción del volcán en La Palma; lo que ha sido un éxito en muchas capitales españolas, aquí resulta que es discriminatorio, porque la pobreza estructural de esta tierra no permitirá que pueda solicitarlo toda la población.
Con esta medida se trata de dotar de recursos públicos a la economía local para que los comercios, mercados municipales, tienditas de proximidad, restaurantes o establecimientos de ocio, entre otros, puedan en un corto periodo de tiempo multiplicar por dos sus ingresos y evitar que cierren más locales en las zonas comerciales abiertas.
El colmo es que Santa Cruz de Tenerife ya está en la segunda edición de estos bono-consumo, incluso haciendo promoción en Las Palmas de Gran Canaria para captar clientes en nuestra ciudad. Lo que califica como de fórmula exitosa, pues se unieron a la primera edición unas 330 empresas
adheridas al programa de todos los distritos para sostener así a los pequeños comercios y proporcionarles una ayuda económica a los ciudadanos, con el objetivo de fortalecer el tejido comercial evitando la destrucción de empleo. Santa Cruz de Tenerife lo ha tenido claro y lo ha hecho a través de la Sociedad de Desarrollo de ese ayuntamiento y la organización FACUA. La capital vecina ya está impulsando para este mes la segunda edición de los bonos-consumo que inyectarán un total de 1,2 millones de euros mientras Las Palmas de Gran canaria no está apoyando este tipo de medidas.
Es importante que nuestros vecinos sepan que este gobierno, liderado por el PSOE, no ha aprobado ninguna medida directa para inyectar fondos económicos a los sectores que están sufriendo las consecuencias del COVID-19, mientras dispone de más de 320 millones de euros en las cuentas bancarias y acumula hasta 72 millones de euros de facturas en los cajones sin ni siquiera tramitarlas. No es de extrañar que ya haya empresas que se niegan a trabajar con esta casa y dejan de ser proveedores porque tardan años en cobrar facturas y no pueden esperar por la falta de gestión del Gobierno que preside el Alcalde Augusto Hidalgo, ya en huida hacia el Cabildo.
La conclusión a la que hemos llegado con la presentación de esta nueva moción es que el PSOE nunca tuvo intención de poner en marcha el bono consumo en esta capital, e inyectar como mínimo un millón de euros que podría haberse duplicado con los fondos de los consumidores que al comprar esos bonos consumo asumían el 50% de los importes total de estos bonos. Lo peor es que creo que la justificación no puede ser que las personas que acuden a Servicios Sociales no puedan comprar estos bonos, sino que no son capaces de trabajar y establecer una encomienda de gestión, por ejemplo, a la Cámara de Comercio de Gran Canaria para ponerlo en funcionamiento.
Este gobierno municipal está agotado, no gestiona, ni siquiera paga las horas extras a los efectivos de la Policía Local o Bomberos, no mantiene limpia la ciudad porque tampoco abona las horas a los empleados del Servicio Municipal de Limpieza. Es decir, que no trabaja. Así es imposible mantener los niveles de gestión que otros partidos como el Partido Popular acreditamos cuando tenemos tareas de gobierno, dado que no hay otra fórmula que no sea trabajar muchas horas al día y ocuparse de los
problemas de nuestros vecinos, también, de los que regentan un comercio, un restaurante o una tienda. Nuestra única intención es evitar más cierres de negocios y destrucción de empleo, sobre todo en sectores como el textil, después de la subida de los carburantes, la luz y ahora la inflación y los tipos de interés que ya asoman.
