Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
Esta semana hemos homenajeado a las personas que siendo trabajadores y trabajadoras del cabildo, fueron represaliadas por la dictadura franquista por manifestarse leales al gobierno legítimo de la República. Era una deuda mantenida durante décadas que afortunadamente hemos podido saldar. Nos vimos arropados fundamentalmente por sus familias. Las ausencias pueden señalar un síntoma de la involución que estamos viviendo.
Desde la institución hemos querido restaurar con este acto la dignidad que pretendieron arrebatar a quienes formaron parte de su personal y fueron víctimas de la injusta e inhumana represión que se impuso desde el comienzo de la Guerra Civil española. Asesinatos, encarcelamientos, despidos o exilios, formaron parte de la extensión del terror que se implantó por parte de los sublevados y la posterior dictadura impuesta con la fuerza de las armas. Sin duda, se trata de la página más execrable de la historia del Cabildo de Gran Canaria, recordada desde ahora con una placa blanca, inmaculada, con los nombres de 22 hombres y mujeres a quienes se aplicó la Ley 1939-02-10, en la que se fijaba normas “para la depuración de funcionarios públicos”.
Los pasillos de la sede del cabildo cuentan la historia del último siglo de la isla a través de los retratos expuestos en sus paredes. Son los rostros de quienes han liderado los retos y los logros de la institución desde su creación. El cabildo ha sido y es el gobierno de la isla y durante sus 112 años de historia ha servido para consolidar un modelo en los servicios, infraestructuras y equipamientos, en la sociedad y en la identidad isleña.
El impulso que el cabildo ha aportado al progreso de Gran Canaria es indisociable de la labor ingente y rigurosa de los miles de mujeres y hombres que han trabajado para esta institución durante más de un siglo. Ha sido compartido por las distintas corporaciones democráticas que han ostentado la representación ciudadana. En esta historia faltaba el recuerdo y la memoria de quienes injustamente fueron despojados de sus derechos sin más razón que pensar distinto de quienes se hicieron con el poder a través de un golpe de estado antidemocrático.
Esta corporación, por fin, ha cumplido con el acuerdo aprobado en el mandato anterior de reconocer y recordar la injusticia cometida. Hemos realizado un acto de justicia, de reparación y de compromiso democrático. Estamos corrigiendo un hecho del pasado, pero con una enorme trascendencia en el presente y para el futuro.
Desgraciadamente aquellos fantasmas y aquellos poderes no han desaparecido como sería deseable. Y este acto debe ser al mismo tiempo una llamada de atención para que todas y todos los demócratas estemos alerta y unidos en la defensa de los valores de la libertad, la igualdad, la tolerancia y el pluralismo.
Hace 89 años, se desató una de las etapas más dolorosas de nuestra historia. En febrero de 1936, tras las elecciones democráticas ganadas por el Frente Popular, se inicia la preparación de la sublevación contra el gobierno constituido. El papel de Gran Canaria fue singular, ya que aquí estuvo el general Franco, uno de los artífices de la sublevación militar contra el Gobierno, quien aprovechó el fallecimiento en extrañas circunstancias del general Balmes (militar leal a la República) para desplazarse al continente africano e iniciar el golpe de estado.
Gran Canaria fue la hora cero de la sublevación. Y eso supuso que desde el primer momento sufriera las persecuciones, la represión y las represalias contra quienes no aceptaban un levantamiento militar contra las instituciones democráticas. Las primeras víctimas fueron los militares y cargos públicos leales al Gobierno de España, así como los militantes de partidos o sindicatos, republicanos o de izquierdas. Pero no quedó ahí el proceso de persecución y represión sobre aquellos que no aceptaban las imposiciones políticas, religiosas y militares que dejaron la huella de una dictadura que se prolongó durante casi 40 años.
También se perseguiría de forma sistemática y despiadada al colectivo docente, siendo “depuradas” ilustres figuras de nuestra cultura y nuestra ciencia para acabar con un un modelo de enseñanza progresista y avanzada.
El cabildo, creado tan solo 23 años antes, sería una de las instituciones que más sufrió los procesos de depuración y represión. Una parte significada de su personal se vio abocada al exilio, a procesos de depuración y de terror o arrojadas a la Marfea o a la sima de Jinámar.
Esta página dramática de nuestra historia ha podido ser conocida gracias al estudio iniciado tras el acuerdo plenario de la corporación insular del 28 de mayo de 2021, por el que se encargó la creación de una comisión para recabar la información sobre las posibles represalias contra empleados y empleadas del cabildo por parte de los sublevados.
Agradezco el trabajo valioso que realizó la comisión bajo la coordinación de la exconsejera Sara Ramírez con la participación de las también consejeras Inés Miranda y Olaia Morán. Contaron con la colaboración insustituible de Pino Sánchez Bogatell y de Míchel Jorge Millares. Desgraciadamente Pino falleció prematuramente cuando casi se habían finalizado los trabajos. Igualmente agradezco el trabajo del personal de archivos del cabildo que se implicó para facilitar una exhaustiva documentación de los procedimientos abiertos al personal castigado. También contamos con la colaboración del experto en historia contemporánea Sergio Millares Cantero, quien cotejó los datos del listado elaborado con los trabajos sobre asesinados, huidos y perseguidos en la isla.
La colocación de una placa en la entrada principal de la sede del Gobierno de la isla nos permitirá recordar permanentemente aquellos oscuros años de persecución y represión. Y al mismo tiempo será señal de nuestro compromiso con los valores democráticos, algo que se hace absolutamente necesario en estos momentos de totalitarismos y antidemocracia.
En nuestra voluntad está crear un apartado especial en el archivo documental del cabildo donde pueda reunirse la documentación propia y las donaciones de los familiares de trabajadores y trabajadoras del cabildo afectados por la represión franquista, lo que nos permitirá -también- preparar una exposición en la que podamos poner cara, documentos y vivencias de aquellos hombres y mujeres que trabajaban para nuestra institución y fueron amenazados, expedientados, despedidos o asesinados por sus ideas.
La muerte en unos casos y el dolor padecido por estas personas y por sus familias, fue atroz, injustificado e inhumano. Pero no fue inútil. En su sacrificio están los cimientos del sistema democrático que pudimos recuperar y que hoy defendemos con determinación y convicción.
El mejor homenaje que podemos brindar a las personas represaliadas es nuestro compromiso público de ser militantes de los valores de libertad y democracia por los que ellos sacrificaron nada menos que su vida y su proyección profesional y familiar. Toda nuestra solidaridad con las víctimas y nuestro reconocimiento a sus familiares.
Cincuenta años después de la muerte del dictador, seguimos cerrando las heridas de las injusticias que se produjeron, se silenciaron y -ahora- se pretenden negar o tergiversar. Las investigaciones del Cabildo de Gran Canaria han podido localizar a muchas de las personas que fueron sacadas de sus casa durante la madrugada para terminar en el fondo de los pozos de Arucas o en la Sima de Jinámar. Vamos a seguir trabajando en esa línea.
Quiero terminar subrayando que las actuaciones en materia de memoria histórica persiguen la verdad, la justicia, la reparación y, sobre todo, las garantías de no repetición. Sí, la verdad a base de un trabajo exhaustivo y sistemático de recuperación de evidencias que proyectan claridad sobre unos hechos que fueron una evidente violación de los derechos humanos.
Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de Gran Canaria
