Qué son las tasas Google y Tobin aprobadas por el Gobierno de España

El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el proyecto de ley de la tasa Google y la tasa Tobin, que a partir de ahora deberá tramitarse en el Parlamento. El Gobierno de coalición, presidido por el socialista Pedro Sánchez, espera que la Cámara lo apruebe cuanto antes, aunque el temor a la reacción de la Administración Trump retrasará su implementación hasta diciembre.

Hace más de un año que Sánchez trata de sacar estas medidas adelante, y ahora, cuando la coalición de Gobierno entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP) están tratando de aprobar unos ambiciosos presupuestos que supondrán un considerable aumento del gasto, las tasas Google y Tobin deberán ayudar a equilibrar las cuentas proporcionando ingresos extras. Con ello cuenta Bruselas, que la semana pasada aprobó la senda de déficit público para España y que deberá ser del 1,8 % este 2020.

Tasa Google o impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD)

Se trata de un impuesto sobre determinados servicios digitales, que ha tomado el nombre de una de las más importantes y conocidas compañías del sector. La finalidad de este gravamen es generar una fiscalidad más justa, puesto que en la actualidad las grandes compañías del sector apenas pagan tributos en España. Se busca que estas multinacionales paguen impuestos allí donde operan.

Según ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa, se pretende "avanzar en un sistema fiscal más justo y más redistributivo y que se adapte a la nueva realidad económica". "No podemos tener un estado del bienestar moderno si nuestro modelo tributario es caduco", ha dicho, porque "sin justicia fiscal no puede haber justicia social". Además, ha resaltado que este impuesto, al igual que el que grabará las transacciones financieras, no afectará a las pequeñas y medianas empresas.

Según los cálculos del Gobierno, está previsto que recaude alrededor de 968 millones de euros, por medio de un tipo impositivo del 3 % a empresas de la economía digital con una facturación total superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos en España superen los 3 millones. Gravaría tres hechos:

• La publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (por ejemplo la publicidad de Google).
• Servicios de intermediación de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros para comerciar con ellos (por ejemplo, Amazon).
• La venta de datos recopilados de los usuarios de una web, plataforma o aplicación (por ejemplo, Facebook).

El proyecto de ley contempla sanciones de hasta el 0,5 % del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior para las compañías que no paguen o que traten de ocultar la ubicación real del usuario de esos servicios.

La amenaza de Donald Trump

España no sería el primer país en aprobar un impuesto de estas características. En Europa Alemania, Francia, Hungría e Italia tienen alguna regulación en este sentido. En el caso de Francia, la norma fue aprobada en julio de 2019 y afectaba a unas 30 empresas, aunque finalmente su aplicación ha sido pospuesta hasta finales de este año por temor a las represalias de la Administración Trump, que considera que la medida es discriminatoria para las empresas estadounidenses.

El mes pasado, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, tuvo que defenderse de las acusaciones de discriminación alegando que "las empresas europeas y chinas también están sujetas a este impuesto", y haciendo un llamamiento para que EE.UU "deje de amenazar con sanciones comerciales y sigan trabajando para lograr un acuerdo".

El retraso de la entrada en vigor de esta norma en el caso de España, según la ministra de Hacienda, responde a esperar a que se logre alcanzar un marco internacional, aunque subyace también la tensión después de que EE.UU. haya amenazado con la creación de nuevos aranceles si los países de la Unión Europea adoptan de manera unilateral la implementación de la tasa Google, en lugar de esperarse al resultado de las negociaciones que a este respecto se mantienen en el seno de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) para crear un tributo a nivel internacional.

El organismo internacional, que espera alcanzar un acuerdo el próximo junio, estima que una tasa Google a nivel mundial podría recaudar unos 100.000 millones de dólares anuales.

Del mismo modo, también en el seno de la Unión Europea hay en marcha un proyecto de estas características, pero no ha podido avanzar en la medida en que cuenta con la oposición frontal de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia, también influidos por advertencia de Trump de que podría responder con aranceles de hasta el 25 % para los productos europeos.

Tasta Tobin o impuesto sobre las transacciones financieras (ITF)

Según las estimaciones del Gobierno español, aportará 850 millones de euros a las arcas públicas, que servirán para financiar las pensiones y las prestaciones de la seguridad social.

Hasta ahora las transacciones financieras no estaban sujetas a ningún impuesto. Con la nueva legislación se gravará con un tipo del 0,20 % la compraventa de acciones españolas con un valor bursátil superior a 1.000 millones de euros. Estarán exentos de este tributo la deuda pública, la deuda privada y los derivados financieros.

Además de proporcionar ingresos a las arcas públicas, la tasa Tobin –denominada así en honor del prestigioso economista, James Tobin, quien fue el primero en plantearla en 1971– pretende poner freno a los movimientos especulativos en el sector financiero al afectar especialmente a los movimientos a corto.

Ingresos sobrevalorados

Sin embargo, las estimaciones del Gobierno de España con respecto a los ingresos que se conseguirán con la tasa Tobin, que cuenta con la oposición del sector financiero al ver mermadas sus ganancias, no tienen el visto bueno ni del Banco de España ni de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El proyecto que se aprueba ahora ya fue aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2019, pero decayó cuando no se lograron aprobar las cuentas públicas y Sánchez se vio abocado a convocar elecciones de manera anticipada.

Ya entonces la Airef, dirigida entonces por José Luis Escrivá, actual ministro de Seguridad Social, rebajó la estimación de la recaudación a una horquilla de entre 420 y 850 millones de euros.