Óscar Izquierdo
Presidente de FEPECO - Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife
La Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, en el Parlamento, hizo dos aseveraciones que demuestran una vez más, que los políticos viven en un mundo de ciencia ficción, alejados de la materialidad cotidiana, desconociendo los intríngulis por los que tenemos que pasar los empresarios y ciudadanos todos los días, con sus dificultades manifiestas, pero aumentadas por una Administración Pública que no sirve y sorda al clamor de todos, que pedimos un cambio radical, para que ejercite de verdad su función primaria, a saber, que de una vez por todos y con garantías sea un servicio público.
La primera afirmación fue su confirmación de que nadie quiere invertir en construir viviendas de protección oficial, no sabía si era por falta de suelo o que no tiene rendimiento a pesar de los beneficios fiscales. Aunque sin saberlo en sus dudas están precisamente las respuestas. Los promotores llevamos décadas pidiendo subir el precio del módulo, totalmente desfasado de la más mínima objetividad económica y aunque el Ejecutivo autonómico ha hecho un tímido esfuerzo, todavía es insuficiente de forma que anime un entusiasmo de manera ejecutable. Si llega a ponerse a precio de mercado, no habría problema alguno, al contrario, sería un impulso definitivo ya que históricamente, ha sido la iniciativa privada la que ha llevado el peso de la construcción de este tipo de viviendas, incorporando gestión, construyendo y financiando las mismas.
En su momento, debido a cuestiones de un verdadero e inexplicable desinterés de los responsables públicos, se eliminaron los incentivos que las hacían apetecibles desde un punto de visto no sólo económico, sino constructivo, por lo que el empresario inmobiliario se enfrentaba a la hora de promover este producto en que tenía más restricciones que ventajas. En los últimos años hay que sumar el factor que supone de nuevo una barrera al desarrollo de vivienda protegida y es la subida de los costes de construcción y los materiales que se han disparado significativamente. A la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias le vamos a dar una idea, que se la regalamos gratuitamente, consistente en que la actualización de los módulos tuviese un grado de vinculación a ciertos parámetros como la subida de costes de materiales o al IPC, de esta forma dejaría de ser una decisión política, con lo que eso conlleva, pasando a ser un planteamiento técnico en función de un análisis de mercado.
En cuanto a la disponibilidad de suelo, mejor es no entrar a contar la problemática que lo rodea, que vuelve a tener vinculación intima, como un matrimonio bien avenido, con esa burocracia enmarañada que sufrimos en Canarias. En resumen, la solución al problema del escaso atractivo que tiene la construcción de VPO la tiene precisamente en sus manos la propia Consejería que dirige, póngase manos a la obra, en una colaboración pública-privada y verá resultados halagüeños.
La segunda manifestación realizada, se refiere a que en las Islas la economía sumergida y el fraude fiscal están por encima de la media estatal. Parece que se cayó del limbo al descubrir tamaña realidad, evidentemente palpable y conocida por todos, aunque por lo que da entender no se entera de lo que ocurre. A lo mejor salir del despacho y coger aire refresca memoria y abre horizontes que están enfrente de la misma cara. La solución no está en seguir gastando, todos los años, millones de euros en campañas y acciones que se han demostrado inútiles. Le damos una solución, que las obras de rehabilitación y reforma fueran deducibles fiscalmente, se acabaría de inmediato con esta lacra.
Oscar Izquierdo
