El Tribunal Supremo dicta una sentencia en la que niega el derecho a la nacionalidad española de origen a los saharauis nacidos antes de 1975
El Gobierno de Canarias va a tratar de impulsar modificaciones legislativas para procurar que no se consolide la doctrina judicial dictada por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que niega el derecho a la nacionalidad española de origen a los saharauis nacidos antes de 1975.
El consejero de Administraciones Públicas canario, Julio Pérez (PSOE), ha hecho este anuncio durante una comparecencia en comisión parlamentaria, después de que el diputado regional de Sí Podemos Francisco Déniz vinculara la sentencia del Supremo con "el ascenso del populismo conservador en la Justicia".
Pérez no ha entrado en consideraciones sobre el contenido de la sentencia, aunque sí ha mostrado su "sorpresa" y ha confiado en que el Estado adoptará alguna solución para que "esto se corrija".
El Gobierno de Canarias tratará de impulsar cambios legislativos para que no se consolide esa doctrina, ha apuntado.
Francisco Déniz ha sido más contundente contra la sentencia, que, bajo su punto de vista, "se sustenta en mentiras" y en "tergiversar la historia", como sostener que antes de 1975 el Sahara no formaba parte de España, cuando el Estado español consideraba ese territorio como una provincia más.
El representante de Sí Podemos ha dicho que esa doctrina es "muy sorprendente", puesto que España reconoce el derecho a la nacionalidad incluso a los descendientes de los judíos sefardíes, que fueron expulsados de la península en 1492.
Déniz ha pedido al Gobierno de Canarias -del que Podemos forma parte- que actúe para impulsar que se garantice el derecho a la nacionalidad española a los nacidos en el Sahara antes de 1975.
