El Comité de Empresa de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, denuncia al Gobierno de Canarias por la desprotección de los niños y los adolescentes en Canarias
El Comité de Empresa de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, denuncia al Gobierno de Canarias por la desprotección de los niños y los adolescentes en Canarias y lo hace con este durísimo comunicado que nos ha hecho llegar:
"Desde los dos Comité de Empresa de la provincia de Las Palmas y de la provincia de Tenerife, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, queremos denunciar a los medios de comunicación y a toda la opinión publica el caos y la falta de interés de las personas vulnerables de Canarias tanto a nivel organizativo como de gestión, que se está produciendo en esta Consejería.Tras la entrada hace ya más de dos años y medio al gobierno de la Comunidad, en calidad de Presidente de D. Angel Victor Torres, la Consejera Dña Noemi Santana Perera, la Viceconsejera Dña Genma Martínez Soliño y la Secretaria General Técnica Dña Marlene Santana Rodríguez y Directora General de Protección a la Infancia y Familia Dña Yolanda Iratxe Serrano Avila, deciden paralizar aún más la gestión. Se da la paradoja que el número de ONG de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud con este gobierno ha aumentado, alimentadas todas con dinero público, pero los trabajadores de la administración cada vez son menos y con peores recursos para la atención a la población.La Consejería de Derechos Sociales, a pesar de contener departamentos pertenecientes al sector prioritario o esencial de la Administración, no atiende a la población necesitada de Canarias no dota presupuestariamente plazas necesarios para el correcto entendimiento de la población, no cubre las plazas vacantes por jubilaciones y no ha estado realizando todas las sustituciones por bajas médicas y licencias, produciendo con ello un aumento de listas de espera de usuarios, un retraso considerable en las tareas importantes a realizar y un aumento de estrés en los trabajadores por las cargas de trabajo inasumibles.SERVICIO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORESEl número de menores detectados con necesidades graves de protección que la Dirección General en la actualidad tiene a su cargo en la provincia de Las Palmas son unos 1850 (unos 800 menores se encuentran acogidos en familia extensa, unos 200 están acogidos en familia ajena y unos 650 menores se encuentran en Hogares de Protección) y este número de menores tienen asignados tan sólo a 20 técnicos de la D.G. para tomar decisiones sobre su protección, educación y seguimiento.A lo largo del año se han abierto unos 600 casos nuevos a investigar e instruir por tan solo 3 trabajadoras (unos 120 requirieron declaración de desamparo y el resto continuar con declaración de riesgo o con acciones socioeducativas puntuales).Existe un retraso en la declaración firme de situaciones de desamparo y en la revisión de contratos con las familias acogentes, como mandata la nueva Ley de modificación del sistema de protección, de más de 1.600 expedientes/menores por falta de técnicos, de juristas (sólo hay dos y si se pone de baja no se sustituye) y de administrativos (unos 170 expedientes/menores están pendientes de emitir la resolución de declaración de situación de desamparo del menor y a continuación realizar el contrato con la familia acogente y unos 500 expedientes/menores se han acumulado desde 2011 donde los menores que están en Centro o en Acogimiento tienen un desamparo provisional que todavía no se ha confirmado y muchos expedientes se cierran porque los menores cumplen la mayoría de edad; desde el 2015 hay unos 1000 expedientes que están pendientes de ser revisados porque la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección requiere hacer contratos, actualizar contratos, etc ; contratos que redundan en la posibilidad de atender sanitaria y educativamente al menor por parte del acogente).Al ser las ratios de los técnicos tan altas, de hasta de 150 menores por técnico, no se puede supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las entidades colaboradoras dependientes del Cabildo, que son las que tienen que proponer la revocación del desamparo para que la familia de origen recupere la tutela o, si no es así, proponer la suspensión del permiso especial para que el menor regrese al Hogar de Protección (ya que antes de la reunificación familiar de menores que residen en Hogares de Protección, se les concede un permiso especial con la familia de origen pero, sucede, que muchos llegan hasta la mayoría de edad sin haberle revocado el desamparo, por lo que el Hogar, sin el menor, ha podido estar cobrando hasta tres años su manutención y la familia no ha recibido ninguna ayuda económica).ESCUELAS INFANTILESEl abandono en la que se encuentran los niños/as de 0 a 3 años de las escuelas infantiles dependientes de esta Consejería del Gobierno de Canarias, poniendo de manifiesto la dejadez para dar soluciones a los problemas que existen en dichas escuelas.Seguimos arrastrando la mala gestión y previsión de contratación del personal que no es sustituido en tiempo y forma, provocando que los niños/as de estos centros educativos se vean afectados, teniendo que ser enviados a sus domicilios, porque sus educadores no han sido sustituidos. Esta consejería se sigue aprovechando de los trabajadores dejando que asuman funciones no implícitas a su categoría profesional, implicándose en muchos casos el personal de limpieza que tampoco es sustituido, provocando agotamiento y estrés, por lo que genera un aumento de bajas por diversas patologías y entre ellas musculoesqueléticas.Contando con un servicio de comedor profesional y adaptado a las necesidades de los niños/as, se recurre a empresas externas, por falta de sustitución o contratación que en la actualidad llevan meses sin sustituir.Otra consecuencia de la falta de personal es el incumplimiento del protocolo COVID. El personal que se está de apoyo recogido en dicho protocolo, muchas veces tiene que cubrir ,las plazas vacantes hasta que éstas son sustituidas.Los trabajadores de dichas escuelas siguen perdiendo sus derechos por conciliación familiar y laboral aunque estos estén solicitados con tiempo suficiente para el buen funcionamiento de los centros escolares.Llevamos tiempo reclamando que se realicen nuevas convocatorias para la ampliación de listas de reserva, pero se sigue parcheando con contrataciones de oferta genérica de empleo, que ralentiza aun más dichas contrataciones. También seguimos sin respuesta por parte de la Secretaria General Técnica de la cobertura de aquellas plazas por movilidad de trabajadores de las escuelas a otros servicios de esta consejería y que no han sido cubiertas, provocando un desmantelamiento en cubierto de dichas escuelas.EQUIPO DE VALORACIÓN DE DESAMPAROSSe constata una situación de crisis/colapso en el funcionamiento de esta área del Servicio, dada la incapacidad para dar respuesta al volumen de demandas existente. A continuación SE EXPONEN las principales dificultades que se han detectado ejemplificando lo que conllevan:
- Entrada continua de propuestas de desamparo (aprox 6-8 semana), asignación semanal y consecuente incremento desproporcionado en el volumen de las mismas. ( Múltiples recursos que pueden elevar las propuestas de desamparo a la DG)
- Incremento progresivo en la realización de tareas administrativas ( Mandar a los técnicos a repartir la minuta)
- Significativo desajuste entre el número de profesionales, sobre todo de trabajadores sociales asignados al equipo y el volumen de expedientes que son asumidos ( no se corresponde el número de técnicos con los expedientes)
- Carencias continuas en la sustitución de personal ante diversas circunstancias
- Dificultades significativas, en ocasiones, a la hora de ejecutar las Resoluciones de desamparo
- Exposición, de las profesionales y menores, a posibles situaciones de riesgo y peligrosidad durante la comunicación de resoluciones de desamparo y ejecución de medidas de protección
- Incapacidad de hacer frente a las actuaciones legislativas
- El volumen de propuestas de desamparo asciende a unos doscientos expedientes con diferentes medidas de protección a implementar
- Dificultades para contar con los espacios adecuados para la atención a los usuarios y las coordinaciones con los diferentes entes e instituciones
- Dificultad y casi imposibilidad de realizar formación
EQUIPO DE FAMILIA EXTENSANúmero de menores a los que se les hace seguimiento en la provincia de Las Palmas es de 500 con dos trabajadores sociales y cuatro educadores, lo que no permite hacer un seguimiento adecuado ni a los menores , ni a la familiaEL SERVICIO DE JUSTICIA JUVENILAl inicio de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores 5/2000 el servicio tenia 11 técnicos, 5 administrativos para atender a 100 menores, en la actualidad se han suprimidos dos técnicos y tres administrativos para atender a unos 700 menores con 9 técnicos, y dos administrativos teniendo el doble de casos que la provincia de Tenerife, esto esta dando lugar , dado la escasez de técnicos , a una mala atención a los menores con medidas judiciales, a una sobre carga en el trabajo, con el consiguiente perjuicio para la salud de los profesionales, lo cual repercute en una mala intervención a los menores , es decir "el pez que se muerde la cola" y esto sólo se puede solucionar con más personalEn relación con la Secretaria General Técnica manifestamos que siendo un órgano decisivo para poder dar solución a los problemas de personal, es totalmente inoperante siendo incapaces de sacar unas listas de sustituciones , teniendo en la actualidad las del 2007, algunas categorías están agotadas y son incapaces de poner en marcha el proceso de las mismas desde hace años. Nos llama la atención como esta SGT se apresuro hacer una modificación parcial de la RPT, cargándose 40 plazas de personal laboral y creando 5 plazas para funcionarios de libre designación muy bien retribuidas y también personal de confianza .No contento con cargarse las plazas de los laborales, son incapaces de cubrir las vacantes que se producen ( jubilaciones , bajas por ILT....).Todas estas circunstancias, generan estrés y sobre carga de trabajo sobre el resto de trabajadores.La carencia de personal administrativo conduce a que los técnicos desarrolles las tareas de esa categoría restando tiempo para la realización de las funciones propias. Existe acumulación de tareas que se están desarrollando por personal de otras categoría.Se considera que no existe una planificación ni efectiva ni coherente del trabajo a realizar ni de los Servicios en su conjunto, lo que en estos momento se traduce en un aumento de las condiciones de Desprotección y de la perdida de los derechos del menor y al familias en Canarias.La disposición y distribución de los espacios de trabajo se estima perjudicial tanto para la atención a los usuarios como a su privacidad y confidencialidadLa Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia no requiere de planes de choque, que son parches, sino un adecuado dimensionamiento de su plantilla, y Gran Canaria no puede ser tratada como una oficina de tránsito con una disminución de jefaturas, de personal y de medios materiales respecto a Tenerife, teniendo sin embargo la provincia de Las Palmas, desgraciadamente, casi el doble de menores que atender respecto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.El Comité de Empresa ha denunciado reiteradamente a sus directivos esta precariedad que soporta cada uno de los Servicios de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia en la provincia de Las Palmas, precariedad que enferma a sus trabajadores que continuamente sufren enfermedades derivadas de la sobrecarga de trabajo, presiones, etc.. Encontrándose los trabajadores continuamente desvalorados, desmotivados, y con diversas enfermedades derivadas de estas situaciones. y maltrata a la Infancia vulnerable, pero el Gobierno de Canarias mira para otro lado, probablemente porque los menores no pueden votar.Este Gobierno vende el incremento de presupuesto para la Prestación Canaria de Inserción, Dependencia, Menores, etc..que luego no gasta y hay que devolver el dinero, como este año que se devolvió millones de euros
Entendiéndose por este Comité que a la Sra. Consejera y a este Gobierno de Canarias, ha tomado medidas unilaterales no importándole las personas que lo pasan mal en Canarias. Simplemente se acuerdan a la hora que tienen que depositar el voto con promesas que luego no se cumplen ni para la sociedad canaria ni para sus trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicitamos con carácter inmediato, el compromiso del Sr. Victor Angel Torres de un calendario corto de fechas para dar solución a todo lo expuesto. O en su defecto la dimisión de la Consejera, la Viceconsejera, la Secretaria General Técnica y la jefa de Servicio de Personal, todos responsables de la administración y organización del la Consejería (del caos en que se encuentra esta Consejería)".
